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Zona de Consolidación del Sur de Córdoba

–Estrategia y Perfiles de Proyectos–

Confidencial – No Circular

Documento Borrador No Oficial – Sujeto a Revisión

Versión 2

5 de abril de 2011 i

Contenido

Presentación

1. Características Generales del Plan

1.1. Antecedentes

1.2. Objetivos

1.3. Marco de la Estrategia

1.4. Pilares del Plan de Acción

2. Primer pilar: Recuperación del Poder Político

2.1. Control y vigilancia del proceso electoral

2.2. Control y vigilancia de la gestión pública

3. Segundo pilar: Recuperación del Poder Social

3.1. Cohesión Social

3.2. Promoción y Fortalecimiento de Organizaciones Juveniles

3.3. Protección Especial de Niños, Niñas y Adolescentes

4. Tercer pilar: Recuperación del Poder Económico

4.1. Protección y formalización de la propiedad de la tierra

4.2. Regulación y control sobre la explotación de recursos naturales

4.3. Alternativas Económicas

4.4. Vías, Energía y Saneamiento Básico

4.5. Comunicaciones

5. Cuarto Pilar: Seguridad y Justicia

5.1. Protección Militar y Policial

5.2. Protección Judicial

6. Costos consolidados y detalle por resultados

Anexo: Detalle de Actividades y Costos por Resultados Pilar 1: Recuperación del Poder Político Pilar 2: Recuperación del Poder Social Pilar 3: Recuperación del Poder Económico Pilar 4: Seguridad y Justicia

Presentación

Los municipios del Sur de Córdoba tienen una larga tradición de violencia inicialmente desatada por la expansión de las grandes extensiones ganaderas a costa de la desposesión de los colonos. Las guerrillas de diferentes denominaciones se asentaron con la consigna inicial de defender a las familias campesinas y, a la vez, con el propósito de controlar corredores estratégicos de movilidad de hombres y armas entre el centro del país y la Costa Caribe.

Precisamente por su valor estratégico y su conformación latifundista que facilitaba el control del territorio, esta zona fue en los años 90 el epicentro de la formación de los grupos paramilitares que sucedieron a los capos de los carteles en el control del narcotráfico y desataron una despiadada violencia para lograr el control del territorio. Las guerrillas preexistentes, ingresaron también al negocio de las drogas ilícitas para fortalecer su capacidad de fuerza e incrementaron así la dinámica de violencia e ilegalidad. También allí se desmovilizaron las bandas paramilitares iniciales y se gestaron las nuevas bandas post-paramilitares que han combinado el control del narcotráfico con diferentes formas de extorsión y control social. En la última década se ha desatado paralelamente un boom minero signado por la violencia, en gran medida controlado por las bandas mencionadas, que obtienen de él un financiamiento que parece ser equivalente y en todo caso más fácil que el que les provee el tráfico de estupefacientes. Se trata, por tanto, de uno de los focos más intensos de violencia e ilegalidad en Colombia, cuya recuperación integral requiere una estrategia especial.

El análisis detallado de la situación del Sur de Córdoba (municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia) está contenido en un documento que es soporte consustancial de este Plan.

Este documento es una propuesta de estrategia y plan de acción para lograr que los ciudadanos de los municipios mencionados recuperen el control de su territorio y puedan reemprender una senda de bienestar, desarrollo y paz. El plan propuesto se basa en la estrategia de consolidación integral que gradualmente se ha ido desarrollando en Colombia para lograr la recuperación de las regiones capturadas por la violencia y la ilegalidad.

1. Características Generales del Plan

1.1. Antecedentes

1.1.1. La captura plena del poder en el Sur de Córdoba

Como se analiza con profundidad en el diagnóstico, el Sur de Córdoba se caracteriza por una situación de amplia captura del poder por diversas organizaciones armadas ilegales que actúan de consuno con actividades económicas ilegales.

Existe una condición de captura del poder político, pues mediante diversas formas de imposición y coacción se ha dado un extenso control abusivo y no democrático del gobierno y del gasto público, y un desmantelamiento de las instituciones locales de justicia y de control. Existe también una captura del poder económico porque esas pocas personas y organizaciones que actúan en la ilegalidad o muy cerca de ella controlan plenamente la subsistencia de toda la población, imponen maneras de producción que afectan profundamente la vida de las personas y su entorno, desatienden sus obligaciones legales y fiscales, y cortan de tajo las libertades económicas. Existe captura del poder social porque tales organizaciones tienen un extenso control sobre las personas, sobre sus comportamientos y su cultura, sobre sus posibilidades de expresión, movilización y organización, y sobre las organizaciones étnicas, a la vez que imponen pautas de comportamiento y relación que están destruyendo masivamente a la generación que comienza.

Esta captura multipolar del poder se expresa en múltiples formas de violencia que han dado lugar a un imperio de fuerza, coacción, miedo y violaciones de derechos. Se expresa también en un masivo despojo de las tierras y los activos productivos que estaban en poder de la población campesina. Y tiene como corolario la pérdida del pacto social y el amplio deterioro de las reglas sociales, en un contexto donde se actúa por móviles a una ética pública de comportamiento ciudadano.

1.1.2. Inviabilidad de una estrategia ordinaria de desarrollo para la región

Bajo las condiciones expuestas, las intervenciones usuales del Estado para propiciar el desarrollo de una región y el bienestar de sus habitantes resultan contrarias a los objetivos buscados.

Las inversiones en vías valorizan tierras usurpadas y hacen más vulnerables los predios de los campesinos que hasta el momento han resistido a la presión del despojo. El incremento del gasto social es aprovechado por los monopolizadores del poder para enriquecerse y financiar sus fechorías, pero la racionalización de ese mismo gasto genera disminuciones en la cobertura de los servicios debido a la inflexibilidad de las estructuras cooptadas. La restitución de tierras es en ocasiones una sentencia de muerte para sus beneficiarios y en el mejor de los casos, el comienzo de un tortuoso camino de amenazas y maltratos. Los intentos de regulación de las actividades económicas ilegales y destructoras de la vida son vehementemente rechazados por la propia población que siente amenazada su precaria subsistencia. La promoción de la participación ciudadana es mirada con recelo porque coloca a la población civil en conflicto con los actores armados.

No en balde en la región los esfuerzos del Centro de Coordinación Regional han dado especial énfasis a crear condiciones de subsistencia y alimentación para los más afectados y vulnerables. Sin duda es una labor de máxima prioridad humanitaria pero por si misma no recupera el territorio ni consolida a la región.

1.2. Objetivos

Este plan tiene por objetivo crear las condiciones y garantías necesarias para que los habitantes del Sur de Córdoba puedan ejercer sus derechos fundamentales y con ello encuentren el soporte para una vida digna, sin miedo, sin privaciones esenciales y con oportunidades de progreso.

Este objetivo se materializa en la recuperación del poder político para los ciudadanos, de modo que opere en sus municipios una verdadera democracia local, basada en gobiernos municipales eficaces y transparentes, y en una sólida participación ciudadana pluralista y crítica. Se basa también en una recuperación del poder económico para los ciudadanos, para que puedan aprovechar colectiva y equitativamente las riquezas de su territorio mediante explotaciones reguladas, amigables con la vida humana y el ambiente, y promotoras de bienestar general. Y se basa finalmente en la recuperación del poder social, de modo que los ciudadanos puedan ejercer de nuevo sus libertades de organización, movilización, representación, participación y opinión, y por esta vía establezcan un nuevo pacto social y unas nuevas reglas sociales que den soporte a la dignidad y bienestar de todos.

1.3. Marco de la Estrategia

Dadas las condiciones expuestas, la región del Sur de Córdoba requiere un proceso de consolidación en dos fases. La primera es la recuperación del poder político, económico y social para los ciudadanos y crear las bases para una nueva cohesión social; la segunda es crear dinámicas de desarrollo con bienestar.

1.3.1. Primera fase: recuperación del poder para los ciudadanos y creación de bases de cohesión social

La recuperación de poder para los ciudadanos es un proceso gradual. Se iniciará esta fase en tres dimensiones básicas:

• Recuperación del poder político mediante una vigilancia permanente y directa del proceso electoral del departamento y de la región del Sur de

Córdoba, un control especial del gasto público por los entes institucionalmente responsables y por los ciudadanos, y una alta protección a los mandatarios locales.

• Recuperación del poder económico mediante el establecimiento de regulaciones a las actividades económicas que dominan la generación de ingresos en la región, la profundización de los controles en el marco de la ley y la titulación de tierras a sus usufructuarios legítimos junto con un programa de protección para enfrentar amenazas de desposesión.

• Recuperación del poder social mediante estrategias especiales para la protección de los niños y niñas y del pueblo indígena Embera-Katío, promoción y apoyo a las organizaciones de base y un programa especial para la protección de los jóvenes y su incorporación en los ámbitos laboral, social y familiar.

Estas tres dimensiones están estrechamente interrelacionadas entre sí para lograr un proceso integral de cambio y tienen como soporte una nueva estrategia de seguridad y justicia y una estrategia de reconstrucción cultural y recreación del pacto social.

Los componentes de esta primera fase de consolidación se sintetizan en la Gráfica No. 1 y se describen a continuación.

Recuperación del poder político. La consolidación del Sur de Córdoba requiere, en primera instancia, crear las condiciones necesarias para romper la captura del gobierno y del gasto público y la implantación de una gestión local democrática, eficiente, transparente y pluralista. Para ello son necesarias dos condiciones: garantía de elecciones democráticas y control ciudadano. En consecuencia, las actividades propuestas para el efecto en la primera fase son:

• Promoción y vigilancia especial del proceso electoral para el nombramiento de los mandatarios municipales y del gobernador departamental en

2011. La vigilancia deberá ser realizada por la Misión de Observación Electoral (MOE) y por organismos internacionales independientes como las

Naciones Unidas y la Fundación Carter. Incluirá supervisión de la transparencia y equidad de las campañas, control sobre prácticas clientelistas y vigilancia estricta del evento electoral y del conteo de votos. La promoción a los ciudadanos será amplia y masiva de modo que la población sepa que existe un mecanismo de vigilancia y sanción que les garantiza plena libertad de elección y les protege contra presiones o sobornos. Estas acciones garantizarán que la población tenga consciencia de que su mandatario fue elegido y no impuesto por la fuerza o por el clientelismo.

Gráfica No. 1

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba

Propuesta de Consolidación – Primera Fase

Recuperación del Poder Cooptado

• Acompañamiento permanente a los nuevos alcaldes. Este acompañamiento tiene dos componentes: por una parte garantía permanente de seguridad para que puedan desplazarse por todo el territorio y estar en contacto constante con la comunidad; por otra parte, asesoría especializada para la formulación y ejecución del plan de desarrollo, en la gestión de recursos y la visibilización de cada acto de la administración para afianzar la transparencia.

• Control especial sobre el uso de recursos en riesgo. Este control incluirá las regalías, el Sistema General de Participaciones, el Plan Departamental de

Aguas y la gestión del presupuesto en cada municipio. Tendrá dos modalidades: una es el control institucional especial realizado por comisiones permanentes integradas por delegados de la Contraloría General, la Procuraduría General, la Contaduría General y el DNP; la otra modalidad es el control ciudadano, mediante mecanismos permanentes de difusión de planes, gastos y resultados para una estricta rendición de cuentas.

Recuperación del poder económico. La captura del poder económico se basa en la ilegalidad, porque se trata de actividades ilícitas (como el cultivo y tráfico de estupefacientes) o de actividades que no cumplen con las normas legales relacionadas con las obligaciones laborales, ambientales, fiscales, comerciales, catastrales y de propiedad, como la minería, la tala no autorizada y en muchos casos la ganadería. La recuperación de este poder se logra mediante la definición de regulaciones y el sometimiento a la ley de tales actividades económicas. Las prioridades son las siguientes:

• Regulaciones y controles. Algunas actividades, como la minería, están débilmente reguladas y además los procedimientos para el cumplimiento de las pocas regulaciones existentes son inoperantes o engorrosos. Otras actividades, como la tala de bosques, están ampliamente reguladas pero no existen mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas correspondientes. Será prioritario definir –cuando no las hay– regulaciones claras y razonables para las actividades económicas predominantes de la región y, sobre todo, crear capacidad para hacer cumplir las regulaciones establecidas. En particular será necesario replantear y fortalecer la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos y definir normas regulatorias sobre la minería, así como crear una enorme capacidad de control y sanción que hoy no está disponible en ninguna parte del país.

• Proyectos económicos alternativos. Muchas familias derivan su subsistencia, por lo general precaria, de actividades económicas ilegales. Cuando estas actividades son sometidas al imperio de la ley, es necesario garantizar a tales familias alternativas de subsistencia. Algunas estrategias iniciadas en la región han sido exitosas, pero no tienen potencial para garantizar la subsistencia legal de las masas de población que hoy viven de las actividades ilegales. Por eso será indispensable convocar al país y la cooperación internacional para facilitar a la región propuestas económicas alternativas y cadenas productivas que puedan redefinir gradualmente las fuentes de subsistencia de la población local.

• Catastro e impuestos a la propiedad. El Sur de Córdoba tiene tierras extraordinariamente ricas cuyos propietarios o poseedores se favorecen con su valorización, que en gran medida es y será generada por las acciones gubernamentales. Algunos propietarios de tierras se han visto perjudicados por la invasión minera, pero con la regulación y control de esa actividad, recuperarán sus predios invadidos. En todos los casos es de elemental equidad que tributen para compensar en parte los beneficios que reciben del esfuerzo público, permitiendo de ese modo al Estado obtener recursos que puedan ser utilizados para el bienestar colectivo. Por esta razón, en la medida en que avanzan las actividades anteriormente descritas, es necesario realizar en la región un catastro de predios e implantar un sistema de impuestos a la propiedad. El catastro deberá servir, además, para hacer visible y transparente el control de la propiedad en la región.

• Titulación de tierras y protección. La recuperación de poder económico para los ciudadanos exige que puedan tener control sobre la tierra. La estrategia de consolidación en la primera fase incluye también titulación de tierras baldías a campesinos que las ocupan y aprovechan para su subsistencia, restitución de predios a quienes fueron despojados de ellos y, en ambos casos, un poderoso sistema de protección para que no sean sometidos a las presiones abusivas de quienes acaparan tierras o desafían su restitución. La estrategia de protección debe tener componentes comunitarios (como la organización en reservas campesinas), legales y policiales.

• Seguridad alimentaria. La captura del poder económico ha sido nefasta para la seguridad alimentaria en la región. Por eso se han previsto acciones para recuperar la pesca, los cultivos de pancoger y la producción de alimentos, mediante estrategias de corto y mediano plazo.

Recuperación del poder social. La captura del poder social en el Sur de Córdoba se ha basado en la imposición del miedo y el recorte de las libertades básicas de la vida cotidiana, la imposición de una cultura (entendida como visión del mundo y modo de comportarse) basada en el éxito del más fuerte y el todo vale, el debilitamiento de las organizaciones ciudadanas y la destrucción de los grupos étnicos. La recuperación del poder social comenzará por la protección directa por parte del Estado y de la comunidad nacional a quienes han sido más intensamente afectados por la captura del poder social.

Serán inicialmente cinco ámbitos de protección y fomento:

• Protección especial para los niños y niñas. Los niños y niñas son los más afectados por la captura del poder social porque ésta les entrega un sistema perverso de valores y recorta sus posibilidades de bienestar. La recuperación de poder social comienza por crear las condiciones para que la nueva generación tenga un conjunto de garantías del Estado en materia de protección y desarrollo, que la libere de las ataduras y la imposición y la sustraiga de la violencia y el miedo. Esta es la base más poderosa para lograr que la región se recupere plenamente en el lapso de una generación.

Será necesario por tanto garantizar protección y servicios de educación, salud y nutrición a todos los niños en edad escolar.

• Fomento y protección de las organizaciones de base. A diferencia de muchas otras zonas del país, la región del Sur de Córdoba carece casi por completo de organizaciones de base porque han sido sistemáticamente eliminadas. La recuperación de la democracia y del control social exige que los ciudadanos tengan capacidad de organizarse, expresarse, agenciar sus intereses y participar activamente en la vida local y la gestión política. La consolidación demanda, por tanto, un conjunto de políticas y acciones destinadas a fomentar y proteger la existencia de organizaciones de la comunidad que sean autónomas y autodeterminadas, independientemente de su orientación ideológica.

• Fomento y protección de las organizaciones juveniles. Gran parte de los jóvenes del Sur de Córdoba son reos de las Bandas Criminales. En ellas ven su única posibilidad de expresión, realización personal y movilidad social. La experiencia internacional disponible muestra que en circunstancias análogas el mecanismo más exitoso para contrarrestar la ilusión de gueto delincuencial son las organizaciones juveniles que permitan expresarse autónomamente frente a una sociedad que les escucha y protege. Por tanto, la consolidación en el Sur de Córdoba deberá prestar especial atención y respaldo a la instauración de organizaciones juveniles autónomas y a la provisión de facilidades para que sus asociados tengan opciones de vida satisfactorias y socialmente deseables. Los jóvenes recibirán apoyo de entidades especializadas que faciliten su plena incorporación en la sociedad en los ámbitos familiar (desarrollo de relaciones psico-afectivas, salud sexual y formación de familia), social (desarrollo de ciudadanía participativa y crítica) y laboral (incorporación en el mundo del trabajo mediante estrategias de capacitación y apoyos al primer empleo o al abordaje de emprendimientos).

• Protección de las organizaciones “corporativas”. En el contexto descrito de extinción de las formas comunitarias de expresión, control social y construcción de vida local, algunas organizaciones asociadas a empresas que operan en la zona se han mantenido como baluartes de democracia, iniciativa civil y pluralismo. Estas organizaciones son modelo y germen de la recuperación de la democracia participativa en el Sur de Córdoba y son además portadoras de propuestas muy depuradas de desarrollo posible para la región. La estrategia de consolidación tiene el reto de potenciarlas para apoyarse en ellas, aprender de ellas y construir con ellas.

• Protección especial al pueblo Indígena Embera-Katío. Como se examina en el diagnóstico, el pueblo Embera-Katío ha sido arrasado por una cadena de eventos que lo han desarraigado, destruyeron el territorio que soportaba su identidad y descompusieron sus formas ancestrales de subsistencia, a tal grado que está en peligro de extinción. La protección de los Embera-Katío es un reto ético y debe convertirse en un símbolo de la recuperación del poder social y de las garantías pluralistas en el Sur de Córdoba.

Interrelación de los tres componentes de la primera fase

El éxito de la primera fase destinada a la recuperación del poder para los ciudadanos depende del avance de los tres frentes descritos pero también de su interrelación (ver Gráfica No. 2).

El control especial y el direccionamiento adecuado de los presupuestos municipales, las regalías, las participaciones en el sistema general y recursos del

Plan Departamental de Aguas (poder político) permitirán el desarrollo de proyectos económicos alternativos y la recuperación de la seguridad alimentaria (poder económico).

El control institucional y el control ciudadano (poder político) serán esenciales para el establecimiento y adecuado desempeño de las regulaciones y controles a las actividades económicas, el buen suceso de los proyectos económicos alternativos, el impulso a la tributación por la tierra, la titulación y protección de predios y la recuperación de la seguridad alimentaria (poder económico).

El control institucional y el control ciudadano (poder político) serán también el fundamento del desarrollo de las organizaciones de base, juveniles, corporativas y étnicas (poder social) y de manera inversa, el avance de estas últimas fortalecerá el control al gasto público (poder político).

Finalmente, el desarrollo de las organizaciones de base (poder social) será fundamental para ganar legitimidad a las regulaciones y controles económicos, para impulsar los proyectos económicos alternativos, la seguridad alimentaria y la titulación de tierras, y para dar vida al control y tributación sobre la propiedad de la tierra (poder económico), a la vez que ese poder social se hará más fuerte en la medida en que las estrategias previstas de recuperación de poder económico estén funcionando.

Gráfica No. 2

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba

Propuesta de Consolidación – Primera Fase

Interrelación entre los ejes de recuperación del poder

Las condiciones de factibilidad en la primera fase: una nueva estrategia de seguridad y justicia y una estrategia de reconstrucción cultural

Las condiciones de posibilidad de la primera fase dependen del establecimiento de una estrategia nueva de seguridad y justicia. En efecto, como se analizó exhaustivamente en el diagnóstico, las modalidades de delincuencia organizada del Sur de Córdoba han evolucionado aceleradamente y han mudado eficazmente sus estrategias criminales, de manera tal que desbordaron las antiguas estrategias de la fuerza pública y el sistema judicial.

Los cambios en las estructuras delincuenciales e ilegales que asolan la región del Sur de Córdoba son esencialmente tres: pasar de las estructuras regulares “encuadrilladas” a los “combos”, que son territorial y operativamente mucho más flexibles y sustancialmente menos visibles; pasar de estructuras jerárquicas de tipo militar a estructuras “blandas” que deben cumplir tareas específicas pero tienen licencia para desarrollar autónomamente diversas y cada vez más ingeniosas formas de extorsión; y desencadenar nuevas modalidades de cooptación mafiosa del poder.

Estos cambios han implicado una extraordinaria invisibilidad: el reclutamiento de menores de edad se ha extendido, pero no se ve porque no implica tener uniforme o alejarse de la familia; el despojo de tierras tiene ahora poderosos mecanismos de ocultamiento porque sus víctimas están inhibidas para acercase a los mecanismos gubernamentales de protección; la extorsión y la cooptación también están estructuradas para estar ocultas pues sus víctimas se juegan la vida si denuncian; y, finalmente, las estadísticas que antes monitoreaban el conflicto se han vuelto obsoletas porque la afirmación del control de una zona por una banda reduce sustancialmente los índices de homicidio aunque dispara eventos de control de los ciudadanos que hoy no son monitoreados.

Frente a estos cambios, las estrategias militares pierden operatividad y, en cambio, aumenta la necesidad de estrategias policiales basadas en inteligencia y confianza. Adicionalmente, dentro de la Policía se requieren altos grados de especialización para atender las necesidades de seguridad frente a la cooptación política, frente al control violento e ilegal del poder económico y frente a la usurpación violenta del poder social. Se requiere también especialización para atender el fenómeno en zonas urbanas y en zonas rurales, pues sus manifestaciones se han diferenciado sustancialmente.

Por estas razones, el eje de la protección ciudadana no es ya prevenir o estar en capacidad de repeler una toma por la fuerza de una población por parte de un grupo irregular.

El cambio en las modalidades delincuenciales exige cambios muy significativos en la investigación criminal, en los soportes del sistema acusatorio y en los procedimientos judiciales.

El fracaso estatal en la Región del Sur de Córdoba ha generado desconfianza en los ciudadanos. La recuperación de la confianza tiene como soportes fundamentales una fuerza pública y un sistema judicial: eficaces, inteligentes, protectores y modernos, claramente puestos del lado del ciudadano y en ningún caso, sospechosos de connivencia o arreglos con los actores violentos o ilegales.

Junto con la nueva estrategia de seguridad se hace necesario emprender un conjunto de acciones deliberadas para restablecer el pacto social, adoptar colectivamente reglas sociales de beneficio común y, en general, fortalecer la cohesión social. Para ello, la estrategia de consolidación promoverá la gestión de diversas organizaciones públicas, no gubernamentales y de cooperación internacional que bajo propósitos comunes se hagan cargo de este objetivo.

El punto de partida será la protección integral de los niños y niñas y el fomento de organizaciones juveniles. Con los niños y niñas el objetivo es proveerles un conjunto de garantías en materia de salud, educación, nutrición, protección e interacción social que los sustraigan del contexto violento, garanticen una socialización pacífica, solidaria y respetuosa de las reglas sociales y creen las bases de una ciudadanía activa y creativa. Con las organizaciones juveniles se buscará volcar sus capacidades hacia la reconstrucción social y el gerenciamiento de estrategias que provean a los jóvenes de condiciones adecuadas para su inserción en la vida política, social, económica y familiar.

1.3.2. Segunda fase: creación de dinámicas de desarrollo y bienestar

En la medida en que la recuperación del poder político, económico y social de la manera propuesta en la primera fase, avancen, se pasará a una segunda fase de consolidación y afianzamiento de los avances logrados para dinamizar la democracia, el crecimiento económico y el bienestar colectivo.

Esta segunda fase no es una etapa cronológicamente identificable, sino un proceso de profundización de las acciones clave abordadas en la primera fase, que se irá dando en la medida en que los ciudadanos retomen el control de sus vidas, su gobierno y su economía.

En el proceso de recuperación de poder político se abordará la articulación del desarrollo local con las acciones provistas por el Plan Nacional de

Consolidación Territorial, se establecerán mecanismos permanentes para garantizar una gestión pública transparente y eficaz y se crearán bases sostenibles para la rendición de cuentas y la veeduría ciudadana.

El proceso de recuperación del poder económico será reforzado por inversiones en infraestructura vial, comunicacional y eléctrica, la llegada de inversionistas que refresquen las estructuras productivas de la Región y la ampliación de la titulación y restitución de tierras.

La recuperación del poder social deberá hacerse sostenible mediante mecanismos de gestión comunitaria que garanticen la continuidad y expansión de los mecanismos y servicios de protección a los niños y niñas, el desarrollo de las organizaciones juveniles, el afianzamiento y expansión de las organizaciones corporativas, la operación en la región de laboratorios de paz y el enraizamiento definitivo de la comunidad Embera-Katío en su territorio.

1.4. Pilares del Plan de Acción

En consecuencia con la estrategia descrita, el Plan de Acción cuyos detalles se presentan a continuación tiene tres pilares que corresponden a la recuperación del poder político, el poder económico y el poder social y uno final sobre los fundamentos en seguridad y justica. En cada uno de estos cuatro pilares se presentan las acciones de la primera fase, que corresponden al 2011 y las acciones para los años posteriores.

2. Primer pilar: Recuperación del Poder Político

La recuperación del poder político es una condición para poder afrontar procesos de consolidación en la Región del Sur de Córdoba. Se trata de recuperar las bases de la democracia y de un gobierno legítimo que se sustente en la protección y el respeto por el interés común, que actúe en el marco de la legalidad y que fomente una sociedad activa tanto en procesos de concertación como de control de la gestión pública.

La recuperación del poder político se basará en la vigilancia y control del proceso electoral y en el control y vigilancia de la gestión pública, con énfasis en el uso adecuado y eficaz de las regalías, los fondos del Sistema General de Participaciones y los recursos del Plan Departamental de Aguas. El control deberá ser tanto institucional como ciudadano.

Con el desmonte del dominio ilegal sobre el poder político será posible avanzar hacia la reconstrucción del pacto social y, por tanto, hacia una plena consolidación de la región.

2.1. Control y vigilancia del proceso electoral

2.1.1. Justificación

Por efecto de la existencia de un bipartidismo asentado históricamente en el poder regional y local y caracterizado por fuertes cacicazgos dominantes, la ciudadanía no ha desarrollado una cultura política crítica que sustente sus decisiones en quien puede representar los intereses de la mayoría. Este fenómeno sumado a la cooptación de partidos políticos, entidades y gobernantes, por fuerzas irregulares desde el 2000, se expresa, hoy en día, en una fuerte presencia de partidos y candidatos electos a alcaldías y corporaciones públicas, vinculados de una u otra forma con estas fuerzas que han entrado a la región a combatir por el control del narcotráfico. De hecho, los candidatos electos por la ciudadanía cordobesa, al Congreso, a la Asamblea y a varias alcaldías y concejos municipales de Córdoba están implicados en investigaciones por sus nexos con el paramilitarismo.

Un primer aspecto en la recuperación del poder político en estos municipios exige garantizar en las próximas elecciones de mandatarios locales (alcaldes y concejales 2011), que los candidatos y la ciudadanía cuenten, en primer lugar, con condiciones ciertas de seguridad para contrarrestar los riesgos electorales presentados en comicios anteriores. Esto es, proteger la vida y asegurar la libre expresión de los candidatos y la movilidad hacia las urnas. En segundo lugar, que tengan garantías efectivas para denunciar y actuar institucionalmente frente a la coerción de la libertad para votar, la presión de grupos ilegales para votar por uno u otro candidato, los bloqueos a mesas de votación, etc.

Impactar la dinámica electoral en 2011 representa una oportunidad para avanzar en la transformación de las reglas del juego político, abrir nuevos escenarios de reflexión y debate en torno al futuro de la región y crear oportunidades para la libre expresión ciudadana y el libre surgimiento de alternativas políticas.

2.1.2. Objetivo a 2015

En los 4 municipios del Sur de Córdoba se habrá contribuido a sentar bases para la recuperación del poder político, mediante:

o el establecimiento de garantías para la libre expresión ciudadana en las elecciones que se avecinan bajo condiciones de protección, información y formación que aporten elementos para la toma de decisiones, incluyendo una veeduría internacional al proceso de campaña y elección;

o la articulación de los nuevos planes de desarrollo y presupuestos municipales con el PNC.

2.1.3. Resultados esperados a 2013

1. Se han generado mecanismos de protección al proceso electoral 2011 para lograr un voto libre e informado.

2. El Plan Nacional de Consolidación –PNC– forma parte de la nueva agenda local y departamental.

2.1.4. Actividades y responsabilidades institucionales para lograr los resultados

Resultado 1. Se han generado mecanismos de protección al proceso electoral 2011 para lograr un voto libre e informado

El establecimiento de mecanismos de protección al proceso electoral del 2011 es un propósito estratégico para el proceso de consolidación regional.

Con él se busca: controlar la incidencia de actores ilegales en la composición del poder político, proteger el escenario por excelencia de democracia directa y crear condiciones para hacer posible un voto ciudadano informado, libre y responsable. Para tal fin, es preciso emprender actividades antes, durante y después del día de las elecciones, en función de 3 dimensiones: i) el voto programático mediante formación e información amplia y suficiente a la ciudadanía y apoyo a candidatos para generar dinámicas de discusión sobre propuestas políticas de desarrollo local, ii) el sistema de alertas tempranas mediante el fortalecimiento de las entidades responsables de administrar alertas y denuncias, la capacitación de los actores electorales

(jurados de votación y testigos electorales) para prevenir y controlar riesgos electorales, y la creación de confianza ciudadana para plantear alertas y denuncias frente a irregularidades conocidas, iii) el seguimiento y control del proceso con la participación de las entidades nacionales competentes, de observadores externos nacionales e internacionales y de la ciudadanía frente al proceso electoral en su conjunto.

Actividades Responsables Tareas Año

Apoyo a la ciudadanía y candidatos para el pleno ejercicio del voto programático

CCR – CCAI y Gobernación Convocar aliados potenciales1 para el diseño y ejecución de la estrategia de formación ciudadana para las elecciones 2011 (Ver Resultado 3: Poder Social).

Aliados elecciones transparentes

Realizar un proceso sistemático de formación ciudadana en torno al voto programático y el ejercicio libre del voto.

Acompañar la actualización y elaboración del Sistema de Planeación Zonal -

SIPLAN2 en los 4 municipios.

Apoyar a los candidatos en la formulación de sus programas de gobierno. 2011

Motivar y apoyar encuentros ciudadanos con candidatos para discutir programas de gobierno sobre la base de los resultados del SIPLAN.

Defensoría, Personerías, Registraduría, órganos de control, demás entidades de la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral -URIEL-, Fundación San Isidro y Pastoral Social, entre otras organizaciones corporativas

Herramienta utilizada por la Fundación San Isidro para orientar la producción social de información estadística, cartográfica y socio-económica y la planeación zonal.

Diseño y ejecución de un sistema de alertas tempranas

Gobernación - CCR

Aliados elecciones transparentes

Diseñar el sistema de alertas tempranas que cobije las 3 fases del proceso electoral: previa (campaña), durante (votación) y posterior (escrutinio).

Desarrollar con la ciudadanía, campañas de información sobre los riesgos electorales y de sensibilización para estimular la formulación de alertas tempranas y la denuncia de irregularidades durante todo el proceso electoral.

Fortalecer la capacidad de las comisiones escrutadoras auxiliares, municipales y departamental para recibir y atender alertas o denuncias en el proceso.

Concertar con la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral que las jornadas de capacitación de jurados de votación involucren el conocimiento de riesgos electorales y el sistema de alertas tempranas.

Concertar con los partidos y movimientos políticos el desarrollo de jornadas de capacitación de testigos electorales incluyendo riesgos electorales y sistema de alertas tempranas.

Seguimiento al proceso electoral Aliados elecciones transparentes

Convocar a la Misión de Observación Electoral y a una entidad internacional3 para garantizar observación de todo el proceso electoral en estos municipios.

Vigilar y atender alertas o denuncias generadas por conductas de funcionarios públicos, demás ciudadanos y grupos armados ilegales, en el proceso electoral

Formar representantes de organizaciones sociales para realizar el control social del proceso electoral tanto en zona urbana como rural.

Realizar reuniones periódicas con líderes sociales para identificar riesgos electorales y definir medidas de control.

Hacer públicos los hallazgos. 2011

Resultado 2. El Plan Nacional de Consolidación –PNC– forma parte de la nueva agenda local y departamental

La consolidación regional compromete el liderazgo activo de los mandatarios locales. Es por ello que se requiere actuar en 3 frentes: i) apoyar el proceso de empalme entre alcaldes salientes y entrantes para garantizar la inclusión del Plan en el plan de desarrollo y el presupuesto municipales, ii) poner en operación una instancia regional y una en cada municipio, responsables de la financiación, coordinación de actores, monitoreo y rendición de cuentas, y

iii) promover rendición de cuentas.

Del perfil de la Fundación Carter

Empalme con mandatarios entrantes

CCR - CCAI Convocar potenciales aliados4 para apoyar el desarrollo de acciones con mandatarios entrantes (Ver Resultado 3: Poder Social). 2011

Promover empalme del PNC con Gobernador, alcaldes y concejales entrantes.

Articulación de planes de desarrollo y presupuestos con el

PNC

Aliados gestión local Asesorar a los alcaldes entrantes para formular el nuevo plan de desarrollo articulando el PNC.

Alcaldes Garantizar la inclusión en el presupuesto municipal de recursos para el logro de las metas y actividades anuales del PNC.

Creación de la Mesa de

Coordinación Regional del PNC

Gobernador Convocar a los alcaldes, representantes de actores estratégicos (agencias de cooperación, organizaciones corporativas5) y al CCAI para conformar la Mesa de Coordinación (Ver Resultado 3: Poder Social).

Mesa de Coordinación del

PNC

Concertar el PNC con potenciales aliados financiadores para acordar su participación en la financiación del PNC (Ver Resultado 3: Poder Social).

Liderar y coordinar la acción de las diversas entidades en los municipios. 2013

Monitorear los avances y tomar medidas para superar obstáculos hallados. 2013

Operación de Comités locales de concertación y seguimiento al

PNC

Alcaldes Convocar a las autoridades de los cabildos indígenas y de los consejos comunitarios y a los representantes de otras organizaciones sociales para conformar el Comité local de concertación y seguimiento al PNC.

Comités locales de concertación y seguimiento al PNC

Garantizar coherencia de las acciones municipales para la consolidación. 2013

Hacer seguimiento al PNC en el municipio.

Promoción de la rendición de cuentas a nivel regional y local

(municipal)

Aliados gestión local Asesorar a los alcaldes en: i) informar a los ciudadanos sobre las metas e indicadores anuales del PNC y ii) rendir cuentas sobre sus avances.

Mesa de Coordinación Rendir cuentas sobre el desarrollo del PNC y sobre el desarrollo de sus funciones ante la ciudadanía y la Contraloría Especial.

Comités locales de concertación y seguimiento al PNC

Rendir cuentas sobre sus logros y dificultades ante la ciudadanía (estrategias de comunicación masiva y presencial) y la Contraloría Especial (informes y escenarios de encuentro).

Fundación San Isidro, Pastoral Social, entre otros.

Se entiende por organizaciones corporativas aquellas fundaciones empresariales (Fundación San Isidro), organizaciones no gubernamentales (Fundación Trópico) y organizaciones de la iglesia (Pastoral Social, Minutos de Dios, Visión Mundial, Corporación para el Desarrollo Comunitario –CORSOC-ASVIDAS, Benposta), por mencionar algunas.

2.1.5. Mecanismos de coordinación, seguimiento y control del Componente

El Componente será coordinado, en el nivel departamental, por el Centro de Coordinación Regional (CCR) del CCAI con apoyo de la Gobernación; en el nivel regional por la Mesa de Coordinación del PNC (Gobernador, Alcaldes, representantes de los actores estratégicos y el CCR-CCAI); y en el nivel municipal por los Comités locales de concertación y seguimiento.

Para coordinar su ejecución, el CCR y la Gobernación promoverán acuerdos con los actores estratégicos para desarrollar, de forma articulada, las actividades de este Plan:

• Potenciales aliados financiadores: En la Región operan varias empresas, tales como, Cerromatoso, Cementos Argos, Promigas, Transelca, Oleoductos de Colombia con quienes se podrían apalancar recursos para la ejecución de este Plan. Contar con aliados como éstos es una estrategia para movilizar diversos actores que contribuyan a la consolidación de la Región en el marco de su responsabilidad social empresarial. Además se encuentran agencias de cooperación que es necesario involucrar.

• Potenciales aliados elecciones transparentes: Defensoría, Personerías, Registraduría, Misión de Observación Electoral -MOE-, órganos de control y demás entidades de la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral -URIEL- (Aliados Elecciones transparentes y Voto libre e informado); e incluso una entidad de reconocimiento internacional con experiencia en seguimiento a procesos electorales.

Esta labor de coordinación será complementada con funciones de seguimiento y control ejercidas por entidades nacionales; y en el nivel municipal por los Comités locales de concertación y seguimiento al PNC conformados por los alcaldes, autoridades de los cabildos indígenas y de los consejos comunitarios y representantes de organizaciones campesinas.

2.1.6. Costos Estimados

El cálculo de costos del Componente se muestra en la tabla siguiente. El detalle por resultados se encuentra en el Anexo 1.

Costos del Componente Control y Vigilancia del Proceso Electoral

(Cifras en Pesos de Marzo de 2011)

RESULTADOS 2011 2012 2013 TOTAL

1. Se han generado mecanismos de protección al proceso electoral 2011 para lograr un voto libre e informado.

210.110.000 - - 210.110.000

2. El Plan Nacional de Consolidación –PNC– forma parte de la nueva agenda local y departamental

37.220.000 38.640.000 17.200.000 93.060.000

TOTAL COMPONENTE 247.330.000 38.640.000 17.200.000 303.170.000

2.1.7. Posibles Fuentes de Recursos

a. Formación ciudadana y operación del sistema de alertas tempranas

• Entidades de la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral –URIEL: recursos ordinarios

• Partidos y movimientos políticos

• Cooperación internacional

• Empresas privadas

b. Empalme y articulación local con el PNC

• Gobernación y Alcaldías: recursos ordinarios

2.1.8. Indicadores de monitoreo de procesos

• # de municipios con mecanismos de protección electoral funcionando / # total de municipios

• # de municipios con PNC incorporado en plan de desarrollo / total de municipios

• # de municipios con PNC incorporado en presupuestos hasta 2015 / total de municipios

• Mesa regional de coordinación del PNC operando

• # de municipios con Comité local de concertación y seguimiento al PNC operando / total de municipios

• # de municipios que rinden cuentas trimestralmente / total de municipios

2.1.9. Metas cuantitativas

2011 2012 2013

Mecanismos de protección electoral operando

4 alcaldes han realizado empalme con sus sucesores

4 planes de desarrollo municipal incorporan metas y actividades del PNC

4 presupuestos municipales incorporan actividades del PNC

4 presupuestos municipales incorporan actividades del PNC

4 presupuestos municipales incorporan actividades del PNC

4 municipios han concertado recursos para la ejecución del PNC

4 municipios han concertado recursos para la ejecución del PNC

4 municipios han concertado recursos para la ejecución del PNC

Mesa de Coordinación del PNC conformada y en operación

Mesa de Coordinación del PNC conformada y en operación

Mesa de Coordinación del PNC conformada y en operación

4 Comités locales de concertación y seguimiento al PNC conformados y en operación

4 Comités locales de concertación y seguimiento al PNC en operación

4 Comités locales de concertación y seguimiento al PNC en operación

4 municipios hacen rendición pública de cuentas

4 municipios hacen rendición pública de cuentas 4 municipios hacen rendición pública de cuentas

2.1.10. Indicadores de Impacto

• Tasa de participación electoral: Relaciona el número de votos válidos sobre el total del potencial electoral

• Disminución en los riesgos electorales 2011 vs 2007 y 2010.

• Tasa de confianza en instituciones con base en resultados de la encuesta del CNC sobre confianza ciudadana en el Estado

2.2. Control y vigilancia de la gestión pública

2.2.1. Justificación

El poder político ha estado sometido a la injerencia de actores armados ilegales que operan en la Región. Esta situación ha llevado a una ruptura de reglas sociales en un contexto de gran riqueza natural (la denominada “maldición de los recursos” en la literatura económica y política), debido a que las estructuras democráticas locales han sido débiles y el control de la gestión pública local ha sido limitado. Es por ello, que los intereses que movilizan las decisiones y la gestión requieren ser transformados desde sus bases para poder avanzar en la reconstrucción de la gobernabilidad.

2.2.2. Objetivo a 2015

En los 4 municipios del Sur de Córdoba se habrá contribuido a sentar bases para la reconstrucción del pacto social, mediante:

o el control institucional a la gestión pública local para profundizar en transparencia, combatir la corrupción e impulsar procesos más ágiles y efectivos de investigación y sanción; y o la visibilidad y el control social a la gestión pública local.

2.2.3. Resultados esperados a 2013

1. Se han implementado mecanismos efectivos de control institucional a la gestión pública local.

2. Se han promovido y fortalecido ejercicios de control social a la gestión pública local.

2.2.4. Actividades y responsabilidades institucionales para lograr los resultados

Resultado 1. Se han implementado mecanismos efectivos de control institucional a la gestión pública local

El control de la gestión pública en estos municipios representa una dimensión central en la reconstrucción del pacto social y, por ende, de la confianza ciudadana, y una estrategia para desmontar la captura del Estado. Para ello se requiere implementar tres estrategias: i) designar y poner en marcha una

Contraloría Especial para la ejecución del PNC en cada municipio, alimentada con información de la Mesa de Coordinación, de los Comités Locales y del control social, ii) controlar el giro, presupuestación y uso de las regalías en cada municipio con participación del DNP, Ingeominas, la Contraloría General y el CSIR, iii) fortalecer los mecanismos de control de los recursos del sistema general de participaciones en cada municipio.

Designación y operación de una

Contraloría Especial para el PNC

Gobernador - CCR Acordar con la Contraloría General, la designación de funciones especiales de control frente a la ejecución del PNC.

Contraloría Especial Solicitar y revisar informes de la Mesa de Coordinación y de los comités locales de concertación y seguimiento así como hacer control directo a la ejecución del PNC.

Apoyarse en veedurías ciudadanas para el ejercicio de control. 2013

Control de los recursos de regalías

CCR Acordar con el DNP, Ingeominas, la Contraloría General y el CSIR los mecanismos para garantizar que las regalías sean controladas bajo un esquema de autorización previa y control posterior.

Alcaldes, DNP, CSIR, Ingeominas, Contraloría

General

Establecer, en cada municipio, un Comité de Recursos Públicos con participación del CSIR y, al menos, una de las entidades del nivel nacional. 2013

Comité de Recursos

Públicos

Tener información actualizada sobre las regalías giradas y por girar, aprobar las propuestas de inversión y los procesos de contratación con estos recursos.

Rendir cuentas ante la ciudadanía trimestralmente. 2013

Control de los recursos del sistema general de participaciones en cada municipio

CCR Acordar con el DNP y la Contraloría General los mecanismos para controlar el uso de los recursos del sistema general de participaciones.

Comité de Recursos

Públicos

Tener información actualizada sobre los recursos del SGP girados y por girar, aprobar las propuestas de uso y los procesos de contratación que hubiere lugar con estos recursos.

Rendir cuentas ante la ciudadanía trimestralmente. 2013

Resultado 2. Se han promovido y fortalecido ejercicios de control social a la gestión pública local

La captura del Estado se caracteriza, además, por altos niveles de corrupción e ineficiencia y carece de contrapesos suficientes desde las organizaciones sociales. Por tal razón, es imperativo: i) hacer visible la gestión local, ii) promover y fortalecer experiencias de control social mediante veedurías ciudadanas a presupuestos y contratación, iii) apoyar el fortalecimiento del CSIR para el control de regalías e iv) impulsar las audiencias públicas.

Información pública sobre gestión de recursos y proyectos

(página web y otros medios)

Alcaldes Designar un responsable de la producción y actualización de la información. 2012

Responsable local Diseñar los mecanismos para hacer pública la información. 2012

Hacer pública la información sobre:

• selección y…