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Contenido

Presentación

1. Característica Generales del Plan

1.1. Antecedentes: El aislamiento y el abandono facilitaron la ocupación del territorio por diversas actividades ilegales

1.2. Objetivos: garantías a la vida y los derechos básicos en un contexto democrático

1.3. Marco de la Estrategia: Consolidación Integral

1.4. Pilares del Plan de Acción

2. Primer Pilar: Lograr condiciones de seguridad y justicia

2.1. Seguridad (Protección Militar y Policial)

2.2. Protección Judicial

3. Segundo pilar: Recuperar el control del gobierno, el territorio, la producción y el desarrollo infantil

3.1. Recuperar los Gobiernos locales

3.2. Fortalecer la Participación ciudadana

3.3. Recuperar el ordenamiento y control del territorio

3.4. Recuperar la sostenibilidad ambiental

3.5. Recuperar el Desarrollo Productivo

7.1. Recuperar el Desarrollo de los niños, niñas y adolescentes

4. Tercer pilar: Romper el aislamiento

4.1. Vías, Energía y Telecomunicaciones

5. Consolidado general de costos estimados

Presentación

Los municipios más afectados por grupos armados y actividades económicas ilegales en el departamento de Nariño, y por tanto seleccionados como territorios de consolidación, son Cumbitara, El Rosario, Leiva y Policarpa en la región Cordillera‐Norte, Ricaurte y Samaniego en la región Cordillera‐ Centro y Barbacoas, el Charco, Olaya Herrera (cuya capital es Bocas de Satinga), Santa Bárbara (capital Iscuandé) y Tumaco en la región del Pacífico. En conjunto tienen una población de 400 mil habitantes. Estos municipios se caracterizan por la fuerte presencia de comunidades afro (regiones Pacífica y Cordillera‐Norte), comunidades indígenas (regiones Pacífica y Cordillera‐Centro) y comunidades de campesinos minifundistas (las tres regiones).

El diagnóstico sobre el cual se basa este Plan establece que los municipios mencionados fueron afectados por la violencia armada de grupos ilegales (guerrilla y bandas criminales), por la ocupación abusiva del territorio (con el consiguiente despojo de tierras) y por diversas actividades ilícitas o ilegales (como el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal del oro, la tala ilegal de bosques, el contrabando y la extorsión). Todas estas amenazas tuvieron especial impacto en los municipios enumerados debido a su aislamiento relativo, a las precarias condiciones de vida de los habitantes y a la débil capacidad de las estructuras del gobierno. El resultado ha sido un grave deterioro del bienestar y las dinámicas económicas y sociales preexistentes: la economía de subsistencia fue desbordada, las autoridades tradicionales perdieron capacidad de organización de las actividades económicas y de promoción y control del pacto social, y las comunidades perdieron seguridad, cohesión y bienestar.

Esta situación constituye una violación masiva de los derechos civiles y políticos (derecho a la vida, al ejercicio democrático y a las libertades de opinión, organización, participación y movilización, entre otras) y también de los derechos económicos, sociales y culturales (derecho a preservar la identidad étnica y cultural, a la educación, la salud, la nutrición, la subsistencia y a un medio ambiente sano).

Esta violación masiva de derechos tiende a perpetuarse en un círculo vicioso: la violencia genera ilegalidad y ésta a su vez contribuye a incrementar la violencia; ambos factores generan condiciones de ingobernabilidad y pérdida del pacto social que refuerzan la violencia y la ilegalidad.

El presente Plan está concebido para romper ese círculo vicioso y recuperar la viabilidad social, económica y etno‐cultural de las comunidades afectadas.

Tiene como objetivo crear dinámicas de garantía de la vida, plantea los mecanismos para neutralizar las acciones violentas e ilegales y propone mecanismos para restablecer la gestión pública y la integración territorial y social.

Este Plan tiene como punto de partida la formulación y avances del Plan de Acción del CCR‐N que opera desde 2010, con esfuerzos y acciones del Gobierno Nacional, la Gobernación de Nariño, los municipios seleccionados y la cooperación internacional. Este segundo Plan de Acción se basa en la experiencia del primero y busca reforzar las actividades prioritarias. Para el efecto propone tres pilares requeridos lograr los cambios estructurales que constituyen la consolidación. En cada pilar determina los resultados y actividades claves requeridos e incluye una estimación de los recursos presupuestales necesarios

Además de basarse en el Plan de Acción existente, las propuestas acá incluidas son el resultado de un amplio proceso de consulta en el que han participado autoridades de los municipios involucrados y del departamento de Nariño, funcionarios expertos de diversos sectores y niveles de la administración, mandos de las Fuerzas Militares y la Policía, agentes de la cooperación internacional y representantes de organizaciones comunitarias.

Los componentes del Plan tienen una secuencia lógica e interrelacionada prevista para romper el círculo vicioso mencionado y garantizar el éxito y la sostenibilidad de las acciones emprendidas. Se concentran en efectos desencadenantes que pueden transformar las dinámicas imperantes y, por tanto, inducir cambios estructurales. En la medida en que estos cambios operen, aparecerán naturalmente otros aspectos no considerados y que corresponden a una senda normal de desarrollo local.

Las acciones propuestas se fundamentan en una estrategia de Núcleos de Consolidación. Éstos son áreas socio‐geográficas en las que se garantiza el requisito inicial de garantía de protección de la vida, la integridad y la libertad de las personas y pueden, por tanto, emprenderse las demás acciones previstas. La estrategia prevé una expansión rápida de los Núcleos de Protección para llegar en corto plazo a cubrir todo el territorio y toda la población de los municipios seleccionados.

Las responsabilidades de ejecución corresponden a la Nación, al Departamento de Nariño y a las 11 municipalidades. Su eje de encuentro e integración es el Centro de Coordinación Regional de Nariño (CCR‐N). La responsabilidad principal del CCR‐N es precisamente ofrecer caminos para la recuperación integral de la Zona y facilitar el diálogo y la interacción de los distintos actores comprometidos.

El éxito de las acciones previstas dependerá en gran medida del liderazgo eficaz de las autoridades municipales y de la movilización de los ciudadanos convocados por sus organizaciones propias, de las acciones de un gran número de entidades públicas y de la fortaleza que logre la coordinación para integrar los esfuerzos y la movilización requeridos.

1. Característica Generales del Plan

1.1. Antecedentes: El aislamiento y el abandono facilitaron la ocupación del territorio por diversas actividades ilegales

El departamento de Nariño tiene una gran importancia estratégica para diversas organizaciones que se dedican a actividades ilícitas o ilegales relacionadas con la promoción de cultivos ilícitos y el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el contrabando y la explotación ilegal de variados recursos naturales. Paradójicamente –como muestra el diagnóstico–, Nariño no ha tenido la misma importancia para la sociedad y las instituciones colombianas.

El desarrollo de Colombia se ha hecho de espaldas a Nariño. La marginación que por años alejó al departamento de las prioridades de política pública y lo desconectó de las dinámicas económicas y sociales del país, sumada a la debilidad de los gobiernos locales y de las instituciones públicas, crearon en Nariño un escenario que fue incapaz de contener la presión armada, la presión económica y la presión cultural de los agentes que ocuparon el territorio para realizar sus actividades ilegales. Las organizaciones comunitarias y étnicas tradicionales, a pesar de su autoridad y capacidad de cohesión social, no tuvieron respaldo institucional de Estado y fueron desbordadas por el poder de invasores y sus estructuras corruptoras.

1.2. Objetivos: garantías a la vida y los derechos básicos en un contexto democrático

Este plan tiene un objetivo básico: garantizar a los habitantes de los municipios seleccionados las condiciones necesarias para que su integridad esté protegida y puedan ejercer su derecho a una vida digna, sin miedo, sin privaciones esenciales, con oportunidades de progreso y de acuerdo a su cultura tradicional.

Este objetivo básico incluye cuatro aspectos complementarios:

1. Garantizar a los habitantes de Nariño el derecho a la vida, la integridad y la libertad mediante condiciones de seguridad y justicia que enfrenten la violencia y la ilegalidad imperantes.

2. Garantizar a las comunidades de Nariño la recuperación del control de sus gobiernos locales y comunitarios, del territorio y de la producción.

3. Brindar a los niños y jóvenes –que son las principales víctimas de la situación actual– condiciones para que puedan recuperar sus valores ancestrales, aspirar a mejores condiciones de vida y aportar a la construcción de una sociedad justa y satisfactoria.

4. Lograr la integración de los municipios afectados, entre sí, con las regiones vecinas y con el resto del país, para lograr la recuperación y sostenibilidad de las dinámicas de progreso social, económico y político.

1.3. Marco de la Estrategia: Consolidación Integral

Para lograr los objetivos descritos, este Plan de Acción se fundamenta en una estrategia de Consolidación Integral.

1.3.1. Fundamentos

La Estrategia de Consolidación Integral está concebida para las áreas socio‐geográficas que: i) han tenido una débil presencia del Estado, ii) han sufrido los efectos de la violencia y la ilegalidad organizadas, y iii) están entrampadas en un círculo vicioso que refuerza la violación de derechos y la pérdida de bienestar. En este círculo vicioso, la violencia y la ilegalidad generan ingobernabilidad, pérdida del pacto social e inviabilidad de las actividades económicas legales, pero a su vez la debilidad de estos tres últimos factores retroalimenta a la ilegalidad y la ingobernabilidad.

La Estrategia de Consolidación Integral prevé un conjunto de acciones destinadas a romper ese círculo vicioso para lograr que las comunidades recuperen el control de su territorio y puedan retomar la construcción de su propio destino en una senda de desarrollo y bienestar. La Estrategia de Consolidación Integral es un proceso sistemático y progresivo para garantizar la protección integral de las personas, la garantía de sus derechos, la creación de una democracia de base local y el abordaje de dinámicas perdurables de bienestar social y desarrollo económico.

Consolidación Integral es la articulación de dos conceptos:

Consolidación alude a un proceso acumulativo que se adelanta en una secuencia predeterminada para asegurar la ruptura del círculo vicioso descrito y lograr condiciones de bienestar y desarrollo que permitan a las zonas más atrasadas por las razones anotadas alcanzar dinámicas autónomas de progreso.

Integralidad implica que las acciones emprendidas atienden a los distintos aspectos indispensables para romper la inercia de la desprotección y el atraso. La consolidación no es posible con acciones parciales o aisladas de organización ciudadana, inversión en infraestructura, provisión de servicios sociales o erradicación de actividades económicas ilegales. La integralidad exige atender las garantías a la vida y la integridad, a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos y sociales.

La consolidación integral es un pacto del Estado con la población. Mediante él, el Estado retoma el monopolio de la fuerza y tanto el Estado como las comunidades construyen un nuevo pacto social para el bienestar colectivo basado en el imperio de la ley y un conjunto básico de derechos efectivos.

La consolidación integral es un proceso de garantía de seguridad en todas sus dimensiones (integridad física, judicial, económica y social). De este modo se estructura la Presencia Integral del Estado que es la base de una democracia segura y con plenas garantías.

1.3.2. Núcleos de Consolidación

El punto de partida de la estrategia de Consolidación Integral es formar Núcleos de Consolidación que brindan a los habitantes las garantías básicas de cuidado de la vida y la integridad, democracia participativa, bienestar y recuperación del crecimiento económico, y que se expanden gradualmente hasta cubrir todo el territorio de intervención.

Esta estrategia de progresividad de los Núcleos de Consolidación tiene un fundamento ético. La primera responsabilidad del Estado es proteger la vida, la integridad y la libertad de las personas y esta protección es prerrequisito de las demás acciones. En la medida en que se garantiza la seguridad permanente a la comunidad en un territorio –porque se la protege para que no sea atacada y se favorece la rápida reducción de la violencia cotidiana en su interior–se acomete la garantía a los demás derechos ciudadanos hasta lograr que se afiancen (“se consoliden”) las condiciones básicas de la vida democrática, el bienestar social y el crecimiento económico. No es éticamente aceptable que el Estado comprometa con garantías o servicios a comunidades que están bajo amenaza de actores armados y pueden ser objeto de retaliaciones por el hecho de recibir tales beneficios. Su responsabilidad primaria es proteger la vida de tal modo que tales retaliaciones sean inviables y las amenazas no puedan cumplirse. Tiene también un fundamento político: el acercamiento del Estado a la comunidad es exitoso y sostenible en la medida en que genere un sentimiento de protección y confianza, es decir, la certeza de que proviene de un aparato que está en plena capacidad de proteger la vida y proveer condiciones de bienestar.

En consecuencia: las intervenciones de la Estrategia de Consolidación Integral no son aceptables si sus destinatarios pueden resultar perjudicados porque el Estado aún no está en capacidad de garantizarles seguridad plena y continua. El retorno a la normalidad no puede basarse en el heroísmo comunitario y el desafío colectivo a la violencia sino en la provisión institucional de garantías ciertas.

1.4. Pilares del Plan de Acción

Este plan de acción se sustenta en tres pilares:

1. Lograr condiciones de seguridad y justicia.

2. Recuperar el control de los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, del territorio, del desarrollo productivo y la economía local y del desarrollo de las nuevas generaciones.

3. Romper el aislamiento.

El primer pilar se orienta a lograr la protección plena de la vida, la integridad y la libertad. Implica dos aspectos básicos:

Protección militar y policial.

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1.4.2. Secuencia

La siguiente gráfica muestra la secuencia de las acciones previstas. Las condiciones de seguridad y justicia son requisito de todas las demás.

Posteriormente deben comenzar las acciones para fortalecer la democracia local en la institución gubernamental y las organizaciones comunitarias. Le siguen las actividades de recuperación del territorio, ordenamiento y entrega de derechos de propiedad, así como la protección especial de niños y jóvenes. Con estos elementos están dadas las condiciones para abordar con propuestas estructurales la recuperación de la producción local. Todos los componentes continúan afianzándose indefinidamente. El componente de comunicaciones se desarrolla desde el comienzo y es paralelo a todos los demás.

Componente Momento de iniciación Continuidad 1 2 3 4

Seguridad y justicia

Gobierno local y organizaciones comunitarias

Ordenamiento del territorio y derechos de propiedad

Recuperación de la producción local

Protección especial de niños y jóvenes

Vías y telecomunicaciones

1.4.3. Alcance de los componentes

El alcance de cada uno de los componentes es el siguiente:

1. Lograr condiciones de seguridad y justicia. Consiste en lograr que las comunidades no estén sometidas o amenazadas por fuerzas violentas, de modo que se garantice la vida e integridad de las personas y se cree u marco de libertades básicas. Es la base de todos los otros componentes.

Incluye tres procesos concomitantes:

a. Protección militar. La intervención militar se orienta a asegurar un área y controlar permanentemente su perímetro, dando lugar a un territorio protegido de eventuales incursiones o ataques de actores armados ilegales. Este perímetro se expande gradualmente, aumentando así el área territorial y la cantidad de comunidades protegidas.

b. Protección policial. Al desplazarse la fuerza militar hacia el control del perímetro, cobra importancia decisiva la presencia de la policía dentro del territorio, para consolidar la protección a la población frente las diversas modalidades de violencia y violación de la ley que sucedan dentro del área protegida.

c. Protección judicial. Conjuntamente con la protección policial deben instaurarse dentro del área de protección todos los servicios judiciales, para garantizar las seguridades legales, el debido proceso, la sanción de quienes violan la ley, la reparación de las víctimas y el abordaje pacífico de los conflictos. La protección judicial implica la operación de todos los servicios judiciales ordinarios y de mecanismos de justicia no convencional (resolución alternativa de conflictos).

2. Recuperar el gobierno local y comunitario. La protección básica de la vida, la integridad y la libertad mediante las tres condiciones anteriores abre espacio para permitir que la comunidad retome el control de su destino. Esto implica la recuperación de la participación comunitaria organizada junto con la recuperación de los gobiernos locales como representantes eficaces de la voluntad política del colectivo y controlados por todos. De este modo gradualmente se construirá una institucionalidad pública local (pacto social, reglas de juego) democrática y pluralista. La democracia local en Nariño es indispensable porque, como plantea el diagnóstico, una causa fundamental de la crisis es la falta de Estado y este tiene necesariamente base local. Se requiere instaurar dos procesos interrelacionados:

a. Gobierno local legítimo, transparente y eficaz. El desarrollo en un contexto democrático tiene como base un gobierno local legítimo, que sea efectivamente representante de la voluntad de los ciudadanos para contrarrestar las prácticas precedentes que fueron de imposición. Ha de ser un gobierno local transparente, con sus procesos administrativos y presupuestales a la vista y una permanente rendición de cuentas. En la perspectiva de la recuperación de la democracia, el gobierno local debe ser además el coordinador de las acciones que se realicen por su comunidad desde el ámbito nacional o departamental.

b. Participación ciudadana. Las organizaciones ancestrales y de base son una fortaleza especial de Nariño que ha servido decisivamente para reducir el impacto de las acciones de la ilegalidad y la fuerza. Junto con el fortalecimiento del gobierno local, es indispensable el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y de su capacidad de constituirse en expresión legítima de la voluntad ciudadana. En esencia es indispensable promover la recuperación de la capacidad de liderazgo y organización de los Resguardos Indígenas, el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios Afro y el desarrollo e integración de las organizaciones comunitarias, como expresiones históricas legítimas de la participación ciudadana en Nariño.

c. Y como resultado la democracia local. La democracia es la interacción gobierno‐comunidad. Es necesario también crear mecanismos permanentes de diálogo e interacción entre el gobierno local y las organizaciones comunitarias, para que se creen condiciones de gobernabilidad se pueda comenzar a recuperar el pacto social y el imperio de la ley

3. Recuperar el control sobre la tierra y el ordenamiento del Territorio y crear derechos de propiedad. El poder de los actores ilegales se plasmó en el control de los recursos productivos. En sus áreas de influencia este control ha implicado apoderarse de grandes cantidades de tierras, desplazar a gran cantidad de familias y alterar los usos del suelo. Además, los sembrados de coca para la producción de cocaína, la explotación del oro, el saqueo de la riqueza forestal y en algunos casos la expansión de ciertos cultivos comerciales han tenido repercusiones ambientales extraordinariamente destructivas. Por eso es necesario recuperar el control de los recursos por parte de las comunidades que supieron explotarlos armónicamente por centurias. Esta transferencia es la condición material de recuperación de la democracia. Es además el elemento que permite tener la seguridad de la subsistencia, que es la continuación de la seguridad de la vida. Son indispensables dos conjuntos de acciones:

a. Acceso a la propiedad de la tierra. En las zonas de intervención de actores ilegales, una gran cantidad de comunidades y familias han sido desalojadas de los predios que ocupaban y protegían desde hace muchos años. Otros no fueron desalojados pero su tenencia ancestral está en condición de informalidad. Un elemento central de la estrategia es la legalización de predios –comunitaria o individual según el caso– para la consolidación de la seguridad económica y el afianzamiento de la gobernabilidad.

b. Ordenamiento territorial. La acción de los grupos armados ilegales y la explotación incontrolada de los recursos naturales rompieron la sostenibilidad ambiental. Redefinir las reglas de juego del desarrollo tiene como punto de partida necesario un reordenamiento territorial, que sea la base para la superación de los conflictos actuales y futuros por el uso de la tierra y los recursos.

4. Recuperar el control de la producción. Como se examina detenidamente en el diagnóstico, en Nariño las dinámicas económicas introducidas por los actores ilegales destruyeron la capacidad de la producción tradicional para garantizar la subsistencia de las comunidades. Es indispensable recuperar lo rescatable de la producción tradicional e introducir nuevas modalidades productivas que aseguren la seguridad alimentaria local y los ingresos requeridos para lograr niveles razonables de bienestar. La estrategia implica dos tipos de garantías:

a. Ingresos de corto plazo. Una vez provista la seguridad de la vida, la legitimidad del Estado se fundamenta en la seguridad del ingreso. Una acción urgente en los Núcleos de Consolidación es lograr que todos los habitantes tengan al menos ingresos mínimos. Ello implica fortalecer las actividades tradicionales de subsistencia y, en algunos casos, proveer subsidios transitorios mientras se garantizan condiciones de acceso a recursos productivos o trabajo estable. Las garantías de ingresos de corto plazo incluyen a las personas o familias que estuvieron vinculadas a cultivos ilícitos ya erradicados.

b. Ingresos de mediano y largo plazo. Asegurado el acceso a ingresos en el corto plazo es necesario crear condiciones que faciliten ingresos en el mediano plazo (fortalecimiento de las actividades existentes mediante el acceso a recursos productivos) y establecer dinámicas y regulaciones que fortalezcan el desarrollo productivo y la inversión de largo plazo. En este aspecto hay diversos proyectos en marcha que han mostrado resultados positivos y que deben someterse a la prueba de la masificación.

5. Recuperar el desarrollo de los niños y jóvenes. El diagnóstico muestra que los niños y jóvenes son los más afectados por la situación actual. Crear un conjunto de garantías para ellos permite tres objetivos esenciales: brindarles un presente y un futuro al margen de la ilegalidad, recuperar con ellos los valores ancestrales y comunitarios que potencian la cohesión y dinamismo de las comunidades y darles oportunidad de ser agentes de cambio para mejorar las condiciones económicas y sociales existentes. Las acciones incluyen cuatro aspectos:

a. Educación. Acceso de todos los niños y niñas a la escuela como centro de protección, aprendizaje y nueva socialización. Los demás servicios tendrán como epicentro la escuela

b. Salud. Garantía a todos los niños y niñas de servicios de salud para la prevención, curación y rehabilitación.

c. Nutrición: Refuerzo nutricional en las escuelas.

d. Organizaciones juveniles. Promoción y apoyo de organizaciones juveniles independientes y redes sociales juveniles que estimulen la socialización de los jóvenes, su desarrollo ético y estético y el fortalecimiento de su ejercicio de la ciudadanía. Ello permitirá, entre otros resultados, una mejor incorporación social y laboral, así como la creación gradual de un escenario donde el ingreso a organizaciones armadas o negocios ilegales no sea una alternativa deseable.

6. Romper el aislamiento. Un factor crucial para la recuperación de las zonas víctimas del abandono estatal y la acción ilegal organizada es romper su aislamiento mediante capacidades de desplazamiento y comunicación. Estas, además de facilitar la prevención de las acciones ilegales, fortalecen el tejido social y las oportunidades de desarrollo económico y social. Incluyen tres tipos de acciones:

a. Vías. La provisión de una red vial básica que opere todo el año es una garantía esencial para la consolidación integral. Incluye el acceso ágil a las cabeceras municipales y centros poblados, la recuperación de las demás vías existentes y la construcción de nuevas vías esenciales para el desarrollo regional. En la zona del Pacífico implica organizar un sistema de transporte fluvial regulado para beneficio de los habitantes.

b. Energía eléctrica. El acceso a energía eléctrica es decisivo para romper el aislamiento económico, social y político y poder participar de los beneficios del desarrollo. Gran parte de los municipios de Nariño incluidos en el Plan de Consolidación necesita una estrategia especial para el abastecimiento eléctrico pues por el momento no se ha previsto que sean cubiertos por el sistema interconectado.

c. Telefonía, radio y televisión e Internet. La implantación o fortalecimiento de los sistemas primarios de telecomunicación es la garantía de que la población puede informar y ser informada, y resulta esencial para su protección integral y su bienestar.

1.4.4. El Centro de Coordinación Regional del Proceso de Consolidación Integral de Nariño

El Centro de Coordinación Regional del Proceso de Consolidación Integral de Nariño es el responsable por la promoción, orientación y facilitación de la estrategia de consolidación en los municipios seleccionados del Departamento. Su actividad involucra a todas las entidades concernidas del orden nacional, departamental y municipal, tanto civiles como militares, así como a la cooperación internacional y los agentes privados que decidan involucrarse.

El Centro de Coordinación Regional ha venido haciendo su tarea guiado por un plan de acción elaborado en 2009. Este segundo plan de acción se basa en la experiencia del primero y busca reforzar las actividades prioritarias.

Además de sus actividades de orientación y facilitación, el Centro de Coordinación Regional es responsable por la rendición general de cuentas de todas las acciones previstas, sin perjuicio de las responsabilidades que competen a las entidades ejecutoras. Para ejercer esta tarea, está operando un sistema de monitoreo con Indicadores Clave de Desempeño, que en breve deberá ser de dominio público permanente.

2. Primer Pilar para p r: Lograr c proteger la v condicion vida, la libe es de seg rtad y la int guridad y tegridad justicia

La primera necesidad de las comunidades de Nariño incluidas en este plan es que se proteja su vida, su integridad y sus libertades, superando el contexto de múltiples violencias y de amplia ilegalidad que las acosa.

La seguridad de la vida, de la integridad y de la libertad es la condición fundamental para que los ciudadanos puedan construir sociedad. La violencia, además de destruir la vida, es el factor más poderoso de disociación social, pues debilita los lazos sociales y rompe la solidaridad. La ilegalidad tiene efectos similares pues la evasión de las regulaciones rompe el pacto social e implanta el imperio del más fuerte, dando lugar a fuerzas individualizadoras que impiden construir proyectos de vida en sociedad.

Por estas razones, los demás componentes de este plan dependen de la obtención de condiciones básicas de seguridady la certeza de la comunidad en que tales condiciones son sólidas y permanentes.

Para ello, este plan prevé que, a la luz de la Estrategia de Consolidación Integral, sea seleccionado un Núcleo de Consolidación en cada municipio (preferiblemente incluyendo las cabeceras municipales), que en él se garantice una eficaz protección de la vida, la integridad y la libertad de las personas, y que se expanda gradualmente hasta cubrir todo el territorio y las comunidades del respectivo municipio.

Para lograr las condiciones requeridas de seguridad y justicia se requieren tres modalidades interrelacionadas de intervención:

protección militar, para garantizar la vida de los ciudadanos frente a las amenazas de los actores armados organizados;

protección policial, para salvaguardar la seguridad ciudadana y proteger los derechos y los bienes de los pobladores; y protección judicial, para dar fundamento al imperio de la ley, la protección jurídica y la resolución pacífica de los conflictos.

2.1. Seguridad (Protección Militar y Policial)

2.1.1. Justificación

El departamento de Nariño tiene condiciones especialmente agudas de inseguridad que afectan gravemente a sus habitantes. Estas tienen origen en el valor estratégico de su territorio como fuente prioritaria de financiación de las estructuras ilegales que operan en todo el país. Para contrarrestar esta situación parece necesario completar el dispositivo de la Brigada 29, fortalecer las capacidades de comunicación y mejorar sustancialmente la movilidad de las Fuerzas Militares en las zonas seleccionadas. Se requiere también avanzar hacia esquemas preventivos eficaces, como los desarrollados por el Ministerio de Defensa Nacional. Es urgente además un despliegue más efectivo del Batallón del Selva y del Batallón de Ingenieros, para bloquear las acciones ilegales en triángulo Barbacoas – Magüi– Roberto Payán, eje fundamental de la dinámica de violencia derivada del narcotráfico.

Es urgente una estrategia más efectiva de inteligencia e interdicción para el bloqueo de la producción de cocaína, que incluya el control de precursores e insumos.

Es importante no perder de vista que la zona de intervención se caracteriza por tener el conflicto en pleno desarrollo. En tal contexto son comunes las versiones distorsionadas sobre la actuación de los otros. A pesar de ello, el gobierno nacional precisa de un esfuerzo especial por analizar las denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos en el área, con miras a ofrecer información actualizada y transparente sobre la situación regional, y adicionalmente diseñar políticas de control para las operaciones y el desempeño de las unidades militares y policiales. Las operaciones de contrainteligencia son cruciales. El éxito de la estrategia de recuperación de la seguridad está directamente relacionado con la legitimidad de las Fuerzas del Estado encargadas de brindar protección a los habitantes locales y evitar a toda costa cualquier modalidad de corrupción o abuso.

2.1.2. Objetivos

La provisión de seguridad a los habitantes de los municipios de consolidación de Nariño implica tres objetivos centrales:

Neutralización de las economías ilegales Control de territorial de la seguridad Protección efectiva de los derechos de los ciudadanos

2.1.3. Resultados esperados y acciones para lograrlos

1. Haber completado el dispositivo de seguridad en el departamento de Nariño.

2. Avanzar exitosamente en las estrategias contra el narcotráfico y las economías ilegales

3. Haber fortalecido la protección ciudadana junto con una drástica reducción de la criminalidad local

4. Controlar los eventuales abusos de las autoridades y elevar la legitimidad de la Fuerza Pública

2.1.4. Actividades y responsabilidades institucionales

Resultado 1: Haber completado el dispositivo de seguridad en el departamento de Nariño.

Para enfrentar la difícil situación de seguridad de Nariño es necesario completar el dispositivo seguridad en los términos propuestos en la justificación.

Actividades Responsables Tareas Año Finalización del proceso de definición de responsabilidades y estrategias de seguridad y coordinación entre las distintas fuerzas

Ministerio de Defensa Nacional Comando General de las FF.MM.

Policía Nacional

Analizar la estructura de fuerza y los roles de las unidades desplegadas en el área. Evaluar su funcionalidad.

Definir roles, responsabilidades y jurisdicciones de las distintas fuerzas y establecer mecanismos de coordinación

Incrementar el pie de fuerza Fortalecer las capacidades de comunicación y movilidad.

Completar las TOE y los TOP Promover dispositivos comunitarios de alerta temprana

Resultado 2: Avanzar exitosamente en las estrategias contra el narcotráfico y las economías ilegales

La estrategia contra la producción y tráfico de cocaína exige identificar las rutas y mecanismos de entrada de precursores y suministros a las cocinas y cristalizaderos y ubicar retenes permanentes y patrullas móviles que fiscalicen estos movimientos. También requiere fortalecer la presencia y movilidad de la Infantería de Marina en los tramos costeros de los ríos, para golpear el centro de costos de los narcotraficantes. Un marchitamiento de las cocinas y cristalizaderos puede tener un impacto favorable de mediano plazo en la violencia regional. Algunas estrategias de control de insumos y de acceso a zonas con estas características, que han sido implementadas en otras regiones, pueden ser tomadas como referentes. Las prioridades deben incluir el municipio de Samaniego.

Fortalecimiento de la interdicción de precursores e insumos para el procesamiento de cocaína

Ministerio de Defensa Nacional

Identificar las rutas de entrada y mecanismos de distribución de precursores e insumos

Colocar retenes permanentes y patrullas móviles en áreas estratégicas

Aumentar la capacidad de interdicción en rutas fluviales Establecer una estrategia para la incautación de dinero ilegal en efectivo a

2015 Fortalecimiento de la interdicción de cocaína

Combate a las actividades económicas ilegales

Promover y apoyar la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos (ver capítulo sobre desarrollo productivo)

Erradicar los cultivos ilícitos en las áreas donde la comunidad no adopte estrategias voluntarias

Erradicar la minería ilegal mediante actividades de inteligencia y control directo.

Promover la judicialización de los responsables de las actividades económicas ilegales a

Resultado 3: Haber fortalecido la protección ciudadana junto con una drástica reducción de la criminalidad local

Es necesario avanzar en el cambio de la estrategia de persecución y confrontación por la estrategia de control territorial, de modo que se garantice la protección permanente de los ciudadanos. Esta protección implica neutralizar la acción de las organizaciones armadas ilegales y también un fortalecimiento de las capacidades de la Policía para enfrentar el crimen local y mejorar la calidad de la protección a los ciudadanos. La ampliación del control territorial y de la protección policial implica la selección de núcleos de consolidación que tengan un proceso de expansión rápida hasta que pueda cubrirse todo el territorio de cada municipio.

Control territorial en las áreas recuperadas a los actores armados y las organizaciones ilegales y expansión de la red de seguridad en las áreas rurales

Ministerio de Defensa Nacional

Fortalecer la red de vigilancia que articula los cascos urbanos con poblaciones rurales recuperadas.

Atender las necesidades de personal, comunicaciones y recursos logísticos para la expansión de los Núcleos de Consolidación.

a

Reducción del crimen local Policía Nacional Gobierno departamental Comandantes policiales en los Núcleos de Consolidación

Desarrollar capacidades de investigación criminal Diseñar estrategias enfocadas en las particularidades del crimen local Coordinar con el dispositivo judicial local

Fortalecimiento de la protección a los ciudadanos en los Núcleos de consolidación

Fortalecer las actividades y los cuerpos especializados de atención y protección a los ciudadanos

Plan de control para cada Núcleo Definición de responsabilidades y metas específicas Criterios de monitoreo del desempeño y los avances logrados Implantación de criterios de monitoreo de desempeño

Mejorar la calidad de la protección policial en cada Núcleo

Gobierno Departamental – Alcaldes municipales – Coordinador Policial del CCR‐ Comandantes de cada uno de los Núcleos

Mejoramiento de la eficacia de la gestión Mejoramiento de las relaciones con los ciudadanos Análisis de las dinámicas socio‐económicas del desorden público para orientas acciones Programas de prevención de la violencia ciudadana a

Promoción de la cultura de la legalidad Estrategia integral de la cultura de la legalidad Integración con diversas organizaciones empresariales y ciudadanas Monitoreo y evaluación de avances

Desminado e información a los ciudadanos sobre MAP

Vicepresidencia de la República Comando General de las FF.MM.

Levantar un mapa actualizado de la incidencia de campos minados en la zona intervenida.

Desarrollar jornadas de demarcación de rutas riesgosas y bloqueadas por MAP.

Definir y ejecutar un cronograma de desminado.

Resultado 4: Controlar los eventuales abusos de las autoridades y elevar la legitimidad de la Fuerza Pública

Para garantizar plenamente los derechos humanos en las áreas de intervención y recuperar la confianza ciudadana en el Estado, es necesario un estricto control de los eventuales abusos o eventos de corrupción por parte de agentes de la Fuerza Pública.

Garantía de transparencia de información

Ministerio de Defensa Nacional

Brindar información objetiva sobre la situación de seguridad y las acciones de la fuerza pública

Visibilizar las acciones desarrolladas para velar por la transparencia y la legalidad de las actuaciones de la Fuerza Pública.

a

Control de abusos de las autoridades

Activar jornadas de inspección de DD.HH en las unidades operativas desplegadas en la zona.

Aumentar las capacidades de contrainteligencia y control disciplinario para el dispositivo en general.

Rotar unidades sospechosas de incurrir en violaciones de DD.HH. y en operaciones de narcotráfico.

Fortalecer las capacidades de control del mando regional desde la planeación operacional hasta la ejecución.

Estimular la denuncia ciudadana sobre abusos.

2.1.5. Financiamiento

Presupuesto General de la Nación ‐ Fuerzas Militares y Policía Nacional.

Presupuesto del Departamento de Nariño Presupuestos municipales

2.1.6. Indicadores de monitoreo de procesos

Protección general: # de acciones de grupos armados ilegales dentro del Núcleo de Protección Protección a la vida 1: # asesinatos atribuibles a grupos armados ilegales en la zona intervenida

Protección a la vida 2:# asesinatos dentro en la zona intervenida

Protección a la integridad 1: # de personas con lesiones infringidas por grupos armados ilegales en la zona intervenida

Protección a la integridad 2: # casos de lesiones personales en la zona intervenida

Protección a la vida: # asesinatos atribuibles a grupos armados ilegales dentro del Núcleo de Protección Protección a la integridad: #de personas con lesiones infringidas por grupos armados ilegales dentro del Núcleo de Protección Protección a la libertad: # de horas en que la población puede circular sin riesgo en el Núcleo de Protección Desminado: # de puntos en los cuales existen minas sin señalización para proteger a los habitantes.

Expansión del Núcleo de Consolidación: % del territorio del municipio cubierto por el Núcleo de Protección.

Legitimidad: % de intervenciones de control de corrupción y violaciones de derechos humanos.

2.1.7. Metas cuantitativas

2011 2012 2013 2014 2015 Dispositivo de seguridad completo

Vigilancia terrestre y fluvial fortalecida

Cobertura de más del 50% del territorio con Núcleos de Consolidación

Expansión total de los Núcleos de Consolidación (control territorial en todo el Departamento)

Sostenimiento de la estrategia general de consolidación de la seguridad

Activación 2 EDA Activación 1 EDA Nueva estrategia contra economías ilícitas en marcha

Generalización del control de precursores

Finalización del programa de erradicación forzosa

Erradicación total de la producción de cocaína y la explotación ilegal del oro

2011 2012 2013 2014 2015 El crimen local se reduce 20%

El crimen local se ha reducido en 50%

Mínimos casos de crimen local

Reelaboración del plan de información ciudadana y desminado

Finalización del plan de señalización de campos minados

50% de desminado realizado

Aumento del control en DDHH y corrupción

Sostenimiento de la estrategia de control interno

2.1.8. Indicadores de Impacto

Disminución de hectáreas cultivadas con coca erradicadas voluntariamente Aumento en las incautaciones de insumos para el procesamiento de coca, coca procesada y vehículos de transporte Reducción den el número de delitos contra la vida y la integridad Reducción en el número de violaciones de la ley y de infracciones Reducción de las víctimas de MAP Aumento de la cobertura de la FFPP sobre el terreno Aumento del número de tierras restituidas y sostenibilidad de la propiedad.

2.2. Protección Judicial

2.2.1. Justificación

La administración de justicia en los municipios de estudio se caracteriza por dos aspectos: la importancia de las denominadas “justicias propias” (afrocolombiana e indígena) y la baja cobertura de la justicia formal, además de sus problemas de funcionamiento. Teniendo en cuenta que la justicia es uno de los elementos esenciales en la construcción de un pacto social, se requiere estructurar un modelo de administración de justicia formal que se integre con los mecanismos de justicia comunitaria, como elementos básicos para promover el respeto por la legalidad y la reconstrucción de la confianza en el Estado.

La administración de justicia es un servicio esencial del Estado, que sirve como base para la formalización del pacto social, la prevención y control legítimo de la violencia y la garantía de los derechos ciudadanos. Cuando cumple con estos propósitos, es un elemento fundamental para consolidar la confianza de los ciudadanos entre sí y con el Estado.

2.2.2. Objetivo para el 2015

Los ciudadanos de los municipios de consolidación del Departamento de Nariño tienen acceso a servicios de justicia formal pronta y cumplida, complementados por servicios de justicia alternativa y comunitaria acordes con las tradiciones culturales. La presencia integral del sistema judicial y de los mecanismos de justicia alternativa y comunitaria se coordinan para proteger las libertades, los derechos y las garantías ciudadanas.

2.2.3. Resultados Esperados:

1. Los ciudadanos cuentan con servicios de justicia formal oportunos y efectivos

2. El Estado provee operadores de justicia competentes y los protege frente a las acciones coercitivas de los actores ilegales.

3. La Justicia Comunitaria (Indígena, Afrocolombiana y Campesina) se consolida, articulada con la justicia formal.

2.2.4. Actividades y responsabilidades institucionales para lograr los resultados

Resultado 1: Los ciudadanos cuentan con servicios de justicia formal oportunos y efectivos

La operación del sistema de justicia formal debe garantizar los requerimientos mínimos en términos de cobertura, prontitud y efectividad. Dado que los actuales servicios son débiles, se requiere un programa de mejoramiento de la Administración de Justicia que identifique las necesidades existentes y defina la estrategia para garantizar los servicios “mínimos” de justicia (aquellos cuya presencia es obligatoria de acuerdo con la Ley Estatutaria de la

Administración de Justicia y la Ley de Infancia y Adolescencia), incluyendo unidades de fiscalía y CTI como parte primordial del funcionamiento de la justicia penal y el Sistema Penal Acusatorio.

La creación de confianza en la justicia deberá incluir acciones promocionales y comunicacionales, sondeos de percepción y confianza, y un sólido sistema de rendición de cuentas, tanto por las acciones judiciales como por el mejoramiento de las condiciones de justicia y seguridad.

Conformación de la Comisión Interinstitucional de Justicia de Nariño

Ministerio del Interior y de Justicia Consejo Superior de la Judicatura (Sala Administrativa) Consejo Seccional de la Judicatura Fiscalía General de la Nación Defensoría Regional del Pueblo Gobernación de Nariño Alcaldías

Creación de la Comisión Interinstitucional de Justicia de Nariño integrada por las entidades responsables, con la función de promover coordinar las acciones de las distintas entidades involucradas en el mejoramiento de los servicios de justicia formal en los municipios de consolidación.

Todas las demás actividades previstas abajo rendirán cuentas a la Comisión

Establecer una Secretaría Técnica de la Comisión que será también Secretaría Técnica del Plan de Mejoramiento de la Administración de Justicia que se describe adelante.

Diagnóstico base de las principales necesidades de la administración de justicia en los municipios de consolidación

Ministerio del Interior y de Justicia (Dirección de Justicia Formal y del Derecho, Dirección de Acceso a la Justicia) Alcaldías

Realizar un diagnóstico sobre la tipología de conflictos y la demanda de servicios de Justicia para dimensionar los recursos requeridos en cada uno de los municipios.

Identificar las instituciones del nivel municipal que sean requeridas

Plan de Mejoramiento de la Administración de Justicia en los Municipios de Consolidación de Nariño

Comisión Interinstitucional de Justicia de Nariño

Diseñar un Plan de Mejoramiento de la Administración de Justicia en los municipios de consolidación, concertado con las entidades pertinentes, incluyendo acciones, responsables e indicadores de monitoreo

Coordinar y movilizar todas las entidades interesadas para la ejecución del Plan de Mejoramiento de la Administración de Justicia a nivel nacional y local.

Gestionar los recursos necesarios para ejecutar las estrategias

Implementar un sistema de rendición de cuentas y acciones comunicacionales que generen confianza en la ciudadanía

Secretaria Técnica de la Comisión Interinstitucional de Justicia de Nariño

Hacer seguimiento institucional por medio del establecimiento de indicadores de gestión.

Crear y hacer seguimiento a un conjunto de indicadores clave de desempeño sobre la accesibilidad, calidad y oportunidad de los servicios.

Publicar las metas de mejoramiento previstas y rendir cuentas por los resultados a las instituciones y a la ciudadanía.

Desarrollo de una intervención inicial de emergencia en la Administración de Justicia de los municipios de consolidación

Dirección Seccional de Fiscalías Consejo Secc. de la Judicatura Alcaldías

Conformar Grupos Móviles en el tema de justicia, los cuales faciliten el acceso y generen confianza en la ciudadanía.

Alcaldías Grupos Móviles Casa de Justicia

Realizar brigadas de justicia para atender requerimientos de la población rural

Gobernación de Nariño Alcaldías Personerías Municipales Juntas de Acción Comunal

Realizar programas de capacitación a la comunidad, sobre cómo acceder al sistema de justicia:

Cómo y dónde denunciar Cuáles son las entidades Cómo funcionan Cómo los protegen El papel de los grupos móviles y las brigadas de emergencia

Gobernación de Nariño Alcaldías

Fortalecer las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Defensorías para atender…