ATTACHMENT 16 - CORDOBA DIAGNOSTICO.pdf

Zona d de Cons

D solidac

Diag ción de nóst

D el Sur d tico

Documento de Córd

Confidencia no oficial su

M doba al – No Circu ujeto a revisi

Versión

Marzo de 20 lar ón n 1 i

Contenido

Presentación

1. Contexto: Los municipios de consolidación del Sur de Córdoba

1.1. Importancia ambiental

1.2. Importancia geoestratégica

2. Antecedentes históricos

3. Diagnóstico Estratégico

3.1. Eje del problema: poder capturado

3.1.1. Captura del poder político

3.1.2. Captura del poder económico

3.1.3. Captura del poder social

3.1.4. Consecuencias

4. El Plan de Acción del CCR de Córdoba

5. Situación de la Seguridad Pública

5.1. Invisibilidad

5.2. Crímenes y violaciones

5.2.1. Homicidios

5.2.2. Otros delitos

5.2.3. Desplazamientos

5.2.4. Otras violaciones

5.2.5. Grupos armados

5.2.6. Minas Antipersona y Municiones Usadas Sin Explotar

5.2.7. Cultivos de Coca

5.3. Presencia de la Fuerza Pública

5.3.1. Presencia Militar

5.3.2. Presencia policial

6. Situación de la Seguridad Judicial

6.1. Una justicia históricamente capturada

6.2. Cobertura y acceso a la justicia

6.2.3. Cobertura general

6.2.4. Cobertura en Justicia Penal

6.2.5. Acceso a la Justicia y garantías para la población sin medios económicos

6.2.6. Servicios de Justicia Administrativa

6.3. Limitaciones en la prestación de los servicios

6.3.3. La vulnerabilidad de los operadores de justicia

6.3.4. Limitación de recursos

6.4. Justicia Alternativa

6.4.3. Justicia Propia

6.4.4. Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos

ii

7. Situación de la Democracia

7.1. Captura del poder Político

7.1.3. La cooptación del Estado en el Sur de Córdoba

7.1.4. La participación electoral se ha caracterizado por la ausencia de libertad y transparencia

7.1.5. Las finanzas públicas locales son débviles y vulnerables a la captura

7.1.6. Los controles social e institucional son débiles

7.2. Captura del Poder Social

7.2.3. Colonización y debilidad de las reglas sociales

7.2.4. La imposición del miedo

7.2.5. La imposición de la cultura

7.2.6. El debilitamiento de las organizaciones ciudadanas

7.2.7. La destrucción de los grupos étnicos

7.2.8. Dinámicas de recuperación del poder social

8. Situación del acceso a la tierra

8.1. Los grandes cambios en la propiedad rural en Córdoba

1.1.1. La guerrilla Hood Robin y el desmonte de la gran hacienda tradicional

1.1.2. La gran propiedad “agroempresarial” y narcotraficantes‐paramilitares

1.1.3. Bandas emergentes: la tierra también es un activo para la economía criminal

8.2. Concentración de la propiedad de la tierra en el Sur de Córdoba

8.3. Procesos de titulación y adjudicación de predios

8.3.1. Reforma agraria

8.3.2. Titulación de baldíos

8.3.3. Los baldíos de la zona de reserva del Pacífico

9. Situación Social

9.1. Protección de niños, niñas y jóvenes

9.1.1. Reclutamiento invisible: una posible respuesta

9.1.2. Sub‐registro y metodologías educativas no pertinentes: dificultades de monitoreo

9.2. Educación

9.2.1. Recursos abundantes e intereses perversos

9.2.2. Información poco confiable: dificultades para el monitoreo y control

9.2.3. Situación educativa de la población Embera‐Katío

9.3. Salud

9.3.1. Captura de recursos de salud

9.3.2. Deficiencia en la gestión de los hospitales y en las dotaciones

9.3.3. Afiliación al régimen subsidiado

9.3.4. Vacunación

9.3.5. Principales causas de mortalidad y morbilidad

9.4. Agua potable y Saneamiento básico

iii

10. Situación Ambiental y Ordenamiento del Territorio

10.1. Bases del ordenamiento del territorio

10.2. Geomorfología

10.3. Usos del Suelo y capacidad de uso

10.4. Zonificación de Tierras

10.5. Conflictos de Uso

10.6. Áreas Protegidas

10.7. Contaminación

11. Situación Económica

11.1. El aporte de Córdoba al PIB es inferior a sus potencialidades

11.1.1. Las cifras del PIB

11.1.2. Las causas de la baja participación económica de Córdoba

11.2. Ganadería y producción pecuaria

11.2.3. Volumen productivo

11.2.4. Modo de explotación

11.2.5. Proyectos productivos pecuarios

11.3. Agricultura

11.3.3. Volumen productivo

11.3.4. Principales productos

11.3.5. Cultivos de coca

11.3.6. Potencialidades

11.3.7. Proyectos productivos agrícolas

11.4. Pesca

11.4.3. La crisis piscícola

11.4.4. Proyectos productivos piscícolas

11.5. Actividad Forestal

11.5.3. Volumen maderero y deforestación

11.5.4. Proyectos forestales

11.6. Minería

11.7. Generación de empleo

12. Situación de la Integración y las Comunicaciones

12.1. Infraestructura Vial

12.1.1. Vías Primarias

12.1.2. Vías Secundarias

12.1.3. Vías Terciarias

12.2. Electrificación

12.3. Telecomunicaciones

12.3.1. Radio y televisión

12.3.2. Telefonía

12.3.3. Conectividad

12.4. Conclusión

iv

13. Bibliografía Citada

Anexo 1: Evolución del uso y apropiación de la tierra en el Sur de Córdoba

Anexo 2: Cronología de la Captura del Estado Local

Anexo 3: Políticos de Córdoba procesados por parapolítica

Anexo 4: Situación de los Embera‐Katío

Anexo 5: Cronología de los eventos destructivos de la comunidad Embera‐Katío

Anexo 6: Organización de las comunidades Afro‐colombianas del Sur de Córdoba

Anexo 7: Vías terciarias por municipios

Anexo 8: Proyectos viales

Anexo 9: Obras de emergencia por la ola invernal 2009‐2010

Anexo 10: Proyectos de Inversión de Plan Departamental de Aguas

Presentación

El Sur de Córdoba es actualmente una de las regiones de Colombia con presencia de organizaciones al margen de la ley. Estas ejercen un férreo control del territorio y tienen un papel determinante en la vida política, económica y social de sus comunidades.

Las actividades ilícitas que se realizan en el Sur de Córdoba afectan la vida de todos los habitantes de

Colombia porque tienen un efecto arrasador de la democracia, de la economía y del pacto social.

Además tienen repercusiones mundiales porque están ligadas a la producción y distribución internacional de drogas ilícitas.

Este documento, elaborado por solicitud del Gobierno Nacional, es una contribución a la comprensión de la historia, las manifestaciones y las consecuencias de la actual situación del Sur de Córdoba. Su propósito es doble: contribuir a crear conciencia sobre lo que está sucediendo en la región, sus orígenes y consecuencias, y ser soporte para un plan de acción que movilice el esfuerzo conjunto de la comunidad y las autoridades colombianas y de la cooperación internacional.

1. Con

La Región

Libertado consolida poblacion

Libertado principalm la poblaci

1 El mun

2007, s Interior informa ntexto: Lo n del Sur de r, Tierralta, ción)1. La po nal se encuen r (42 mil) y V mente en la z ón).

nicipio de San J segregándolo d r ante el Tribu ación falsa.

os munic el Departam

Valencia y S oblación de ntra en Tierr

Valencia (39 m zona urbana, José de Uré fu del municipio nal Administra ipios de c ento de Cór

San José de la Región es ralta (91 mil mil). A excep en los demás

M

Departam

Municipios ue creado por de Montelíban ativo de Córdo consolida rdoba incluye

Uré (este úl s de casi 250 personas) y ción de Mon s municipios

Mapa No. 1 mento de Cór s de Consoli ordenanza de

no. El acto de oba por no cum ación del e los munic ltimo no inc

0 mil habita

Montelíbano ntelíbano, don el predomini rdoba idación e la Asamblea creación fue mplir los requi

Sur de C ipios de Mo luido entre ntes. La may o (74 mil) se nde la poblac o es rural (en

Departamenta demandado p sitos legales y órdoba ontelíbano, P los municipio yor concentr eguidas de P ción está ase ntre 53% y 64 al en noviemb por el Minister haberse basa

Puerto os de ración

Puerto ntada

4% de bre de io del do en

Tabla No. 1

Municipios de Consolidación del Sur de Córdoba

Superficie y Población

Municipio Área Oficial

Km2

Población

Cabecera Resto % Cabecera Población Total

Montelíbano 1.282 57.934 16.350 78 74.284

Puerto Libertador 2.062 16.859 25.065 40 41.924

Tierralta 4.728 39.181 51.557 43 90.738

Valencia 968 14.215 25.043 36 39.258

Total Zona Consolidación 9.040 128.189 118.015 52 246.204

Total Departamento 23.980 839.486 767.977 52 1.607.463

% Consolidación/Depto. 38% 15% 15% ‐ 15%

Fuente: Departamento Nacional de Estadística ‐ DANE. SIGOT ‐ IGAC, 2011

Como se observa en Tabla No.1, los 4 municipios de consolidación tienen casi el 40% del área del departamento de Córdoba y apenas el 15% de la población. Esto se debe a que su colonización ha sido tardía, a que en ellos quedan las áreas muy agrestes del Nudo de Paramillo y a la existencia de grandes fundos de ganadería extensiva.

Tabla No. 2

Participación porcentual de población indígena y afro

Municipio % indígena % afro

Montelíbano 3 19

Puerto Libertador 12 2

Tierralta 5 26

Valencia 0 7

Total Zona Consolidación 5 17

Total Departamento 10 13 Fuente: DANE, Censo de 2005

Como muestra la Tabla No. 2, los municipios de consolidación del Sur de Córdoba tienen en promedio más población afrocolombiana que el departamento en su conjunto. Es afro en una cuarta parte de la población de Tierralta y una quinta parte de la población de Montelíbano. Puerto Libertador es el municipio con menor porcentaje de población afro y a la vez el de mayor porcentaje de indígenas en su composición étnica. En el Sur de Córdoba tienen asiento tres etnias indígenas: Zenú, Embera y Embera

Katío. Como se examina más adelante, están sometidas a condiciones de especial maltrato y en riesgo de desaparición.

1.1. Importancia ambiental

El Sur de Córdoba es el lugar de confluencia de la llanura del Caribe con las estribaciones de la Cordillera de los Andes, y tiene también influencia del ecosistema del Pacífico. Este encuentro de macro‐ ecosistemas da lugar a una riqueza ambiental extraordinaria e irrepetible.

Al llegar al norte de Antioquia y el sur de Córdoba, la cordillera occidental conforma el Nudo de

Paramillo que se abre en tres ramales: la serranía del Abibe al occidente (límite occidental con el departamento de Antioquia en la región de Urabá), la serranía de San Jerónimo al centro (separa la hoya del Sinú y la del San Jorge) y la serranía de Ayapel al oriente (separa la hoya del río San Jorge de la del

Cauca y sirve como límite oriental con Antioquia).

El Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo alberga una de las mayores concentraciones de fauna y flora nativa del norte de Suramérica. Tiene 460 mil hectáreas, de las cuales 330 mil están en el departamento de Córdoba, y especialmente en el municipio de Tierralta.

En medio de las tres serranías del Nudo de Paramillo nacen los ríos Sinú y San Jorge. Estos ríos nutren con generosos depósitos aluviales las tierras de los valles que tienen el mismo nombre, que se caracterizan por tener una de las mejores dotaciones naturales para la producción agrícola tropical en el mundo. En conjunto estos valles ocupen 19 mil km2, que representan casi el 80% de la extensión del departamento de Córdoba. Ambos ríos son, por tanto, determinantes de la vida en Córdoba y de la subsistencia de la mayor parte de la población cordobesa. La deforestación de la región amenaza seriamente la sostenibilidad de una gran parte de la vida en el nor‐occidente colombiano.

1.2. Importancia geoestratégica

El Sur de Córoba tiene una importancia geoestratégica excepcional porque es el corazón de diversas rutas relevantes, tanto para las actividades lícitas como las ilegales:

En sentido Sur‐Norte, es el tope del corredor que comunica la región occidental del país –donde están las ciudades de Cali, Armenia, Pereira, Manizales y Medellín– con la costa Atlántica.

En sentido Sureste‐Noroeste, es el paso que comunica la región del Magdalena Medio con la parte occidental de la costa caribe y con la región de Urabá.

En sentido Este‐Oeste, es la ruta que comunica a Venezuela y los departamentos del Oriente y la costa Atlántica de Colombia con la fronter con Panamá y el Océano Pacífico.

2. Antecedentes históricos

La historia de Córdoba, y en particular de su región del sur, está signada por el saqueo, la explotación y la apropiación violenta de tierras. Esta dura tradición, sumada a la debilidad institucional y la cooptación del poder en un territorio de máxima importancia geoestratégica, explica la pobreza generalizada actual, el gradual enraizamiento de la violencia y la falta de opciones económicas lícitas para la población.

Saqueo y extracción desde el descubrimiento

El territorio que hoy es Córdoba fue ocupado hace 6.000 años por los indígenas Zenúes, provenientes de

Norteamérica. Al momento de la llegada de los españoles en 1501, los Zenúes eran una cultura próspera y pacífica. Tras el descubrimiento y por muchos años, los conquistadores realizaron en la región frecuentes expediciones de saqueo, denominadas “cabalgatas”. Desde finales del siglo 16 comenzaron la fundación de ciudades y la imposición económica y cultural basada en el control de la tierra.

Desde entonces, el control del territorio ha sido el determinante de la vida en el Sur de Córdoba. El anexo No. 1 contiene una descripción de la evolución de la propiedad y del control de tierras en la

Región.

En la zona de Montelíbano y San José de Uré se crearon desde del siglo 16 asentamientos dedicados a la explotación de los yacimientos auríferos, tanto de veta como de aluvión en el alto San Jorge. También se explotaba el cobre. Salvo el enclave minero, el proceso de colonización de Córdoba se realizó de norte a sur y de la planicie caribeña a la zona montañosa. Las encomiendas de indios comenzaron a generalizarse. El maltrato y las epidemias generaron una rápida disminución de la población indígena y para sustituirla se creó un intenso tráfico de indios traídos venidos de otras regiones y de esclavos africanos.

Mientras operaban las minas, los colonos, campesinos e indígenas desmontaban tierras para adecuarlas a la ganadería de los señores y transitoriamente se reservaban pequeñas parcelas de pancoger. Se inauguró así una cultura de explotación y desarraigo, en el marco de una economía más extractiva que productiva y de control concentrado y excluyente de la propiedad de la tierra. Desde el siglo 17 hay relatos de rebeliones de esclavos por la sobreexplotación a la que eran sometidos y de rebeliones de colonos por causa de la desposesión de tierras infringida por los señores.

La ocupación foránea de Valencia y Tierralta se intensificó a comienzos del siglo 20, mediante avanzadas de colonos madereros seguidos por las ganaderías de los terratenientes.

Intensa violencia y concentración de la propiedad

En el siglo 20, durante las décadas de los 40 y 50, la Región se caracterizaba por ser una de los territorios donde tuvo mayor impacto la violencia partidista, con hegemonía conservadora, alimentada por el conflicto por la apropiación de la tierra. El despojo de las tierras de los liberales por los conservadores, con el apoyo de la policía, dio origen a las guerrillas campesinas liberales en el Alto Sinú y el Alto San

Jorge. Entre ellas se destacó una de los grupos guerrilleros mejor organizados en la Región, con sede en

Puerto Libertador, que estaba bajo el liderazgo de Julio Guerra.

Posteriormente, durante el Frente Nacional se hizo una “amnistía” con dichos grupos guerrilleros liberales, pero los compromisos fueron incumplidos y los líderes asesinados en Bogotá a donde habían sido invitados a negociar. Nunca se realizó la prometida devolución de tierras en Tierralta y Alto San

Jorge ni tampoco se cumplieron las promesas de construcción de vías a las zonas de concentración campesina.

Durante la primera década de los 60 fue notable la expansión terrateniente. Su eje fue la apropiación de los predios baldíos que el Ministerio de Agricultura, con base en la “ley de tierras”, había adjudicado en

1944 a un número significativo de pequeños propietarios. La apropiación por los terratenientes fue violenta, mediante el recurso a diversas medidas de fuerza, como la expulsión de campesinos e indígenas, homicidios, modificaciones limítrofes y estafas con artilugios crediticios que permitieran quedarse con los predios. Las comunidades indígenas fueron las primeras expulsadas hacia las zonas montañosas.

En los años 60 y 70, la política de reforma agraria que se iniciaba en el país encontró fuerte oposición de los terratenientes y de los líderes conservadores, que disponían de fuertes organizaciones y grupos de presión política para bloquear la aplicación de la reforma y amenazaban con impedir el logro de sus metas. La oposición en Córdoba, Sucre y Bolívar, que tenían las mayores concentraciones de propiedad, fue especialmente sólida y cerrada. El Gobierno, para impulsar el proceso de reforma desde las bases, otorgó fuerza a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC– y tituló predios para los campesinos durante los últimos años de la década del 60 y comienzos de los 70. La reforma no su duradera porque desde mediados de los 70 los terratenientes acudieron de nuevo a medios violentos para conservar sus tierras y recuperar los predios entregados a los campesinos.

El capítulo 8 comienza con un análisis de la evolución del control sobre la tierra y la transformación de la función económica de las grandes propiedades en Córdoba.

Debilidad institucional y llegada de grupos guerrilleros

Desde su creación en 1951, el departamento de Córdoba se caracterizó por una fuerte debilidad institucional de entidades del ejecutivo y de la rama judicial y, por consiguiente, por grandes vacíos de democracia. El poder político fue cooptado por los dueños de la tierra.

En esta situación de debilidad institucional y democrática, y aprovechando las raíces de las guerrillas liberales traicionadas y la tradición de lucha por la tierra de los colonos y campesinos, se asienta en la

Región a partir de 1967 el Ejército Popular de Liberación –EPL–. Gran parte de sus miembros era antiguos militantes de las guerrillas liberales y su área de acción fueron las tierras planas y de piedemonte, con consignas de recuperación de tierras para colonos y campesinos.

A comienzos de los 80 llegan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– que se localizaron en la parte montañosa de las serranías de San Jerónimo y Abibe, donde crean un corredor de movilidad por el Nudo del Paramillo hacia el Urabá Antioqueño que les permite consolidar su fuerza en este territorio.

Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional –ELN–, nacido en las zonas bajas del departamento de

Santander, llega a la región desde el Nordeste Antioqueño y crea otro corredor de movilidad entre la costa antioqueña en Urabá y su epicentro de operaciones en el Magdalena Medio (sur de Bolívar, Nordeste antioqueño y occidente de Santander).

De este modo, el Sur de Córdoba terminó convirtiéndose en un epicentro de acciones de la guerrilla y un núcleo de corredores de movilidad para el abastecimiento de armas y el desplazamiento de unidades guerrilleras entre la costa antioqueña y el centro del país. No hubo, sin embargo, unidad entre las organizaciones subversivas, y las FARC, que eran fuertes en la montaña, atacaban en las zonas plantas tanto a los terratenientes como al EPL, buscando expulsarlo para extender su control territorial.

La guerrilla puso bajo amenaza a los propietarios de tierras. Éstos, con poca confianza en los canales institucionales, optaron por armar y financiar ejércitos privados de autodefensa.

Narcotraficantes vestidos de autodefensas

Tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993, se desató entre sus lugartenientes una competencia por la supremacía, basada en la consolidación de las actividades de tráfico y de control territorial. El Sur de Córdoba y Urabá eran estratégicos y varios de ellos –y en especial los hermanos

Castaño y Salvatore Mancuso– comenzaron a adquirir grandes extensiones de tierra en estas zonas y, paralelamente, a armar grupos de autodefensa propios. Crearon campos de entrenamiento en sus propias fincas para crear un gran poder de fuerza que les permitiera afianzar su apropiación de tierras y la ulterior defensa de lo apropiado. Lo llamaron inicialmente Autodefensas Campesinas de Córdoba y

Urabá –ACCU–.

Los grandes propietarios de tierras de la Región tuvieron actitudes diferentes frente a las nuevas autodefensas. Algunos mantuvieron la decisión de irse que la presión de la guerrilla les había determinado y vendieron a los recién llegados. Otros, que buscaban protegerse de los ataques de la guerrilla y de las presiones de los campesinos que reclamaban tierras, establecieron alianzas con las nuevas autodefensas para que las defendieran a cambio de brindarles respaldo político y financiero.

Algunos más decidieron preservar sus tierras y trataron de mantenerse al margen de las autodefensas.

El ejército de los Castaño recogió a las organizaciones armadas privadas y a las bandas delincuenciales de la región que estaban aisladas y operaban al servicio de sus patrones o de sus propios intereses.

Carlos Castaño les brindó una ideología cohesionante que reportaba grandes réditos políticos y legitimaba su presencia y sus excesos: el ideario contrainsurgente. Nacieron así las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–. La fachada contrainsurgente fue eficaz para llevar a cabo el centro de su acción: la operación del narcotráfico. Fue eficaz también para fortalecer organizaciones criminales con presencia nacional asociadas a grandes intereses políticos y económicos.

Los antiguos corredores de movilidad guerrilleros fueron convertidos por las AUC en corredores de salida de cocaína hacia los puntos de embarque en los golfos de Urabá y Morrosquillo y de entrada de armas para fortalecer aún más a las organizaciones paramilitares. Ello condujo a una inusitada violencia en el entorno regional que comenzó a mediados de los 90 y aún no termina.

La violencia en Córdoba pasó a ser iniciativa de los paramilitares, que lograron marginar a la guerrilla.

Las FARC fueron relegadas a la periferia regional y a la zona de Urabá. El ELN perdió casi totalmente su presencia en la Región. El EPL negoció su desmovilización con el Gobierno y tras ella muchos de los ex‐ militantes fueron ajusticiados por los frentes guerrilleros subsistentes, de modo que algunos se re‐ movilizaron en una nueva organización. Los paramilitares crearon el monopolio de la violencia en

Córdoba.

Desde 1995, Salvatore Mancuso fortaleció su poder en las AUC e integró explícitamente a la estrategia de control militar y territorial (esencial para las actividades de narcotráfico) una estrategia de control político y económico: injerencia directa sobre los gobiernos locales y sobre las actividades económicas principales del sur de Córdoba. Ya desde 1997, las AUC lograron el pleno control del territorio en

Montelíbano y Puerto Libertador (Bloque Córdoba comandado por Mancuso) y en Tierralta y Valencia

(con Don Berna).

Hacia finales de los 90, las autodefensas de Córdoba lograron el control militar, político y económico de

Córdoba, con excepción de algunos reductos guerrilleros en el Nudo de Paramillo. Un poder monolítico y totalmente para‐estatal. Esta consolidación obedece a varias razones: i) múltiples fuentes de financiamiento: ganaderos, comerciantes y el mismo narcotráfico; ii) vínculos fuertes con las élites económicas y políticas; iii) entrenamiento y disciplina eficaces; iv) absorción de guerrilleros desmovilizados del EPL a mediados de los 90 (bajo la línea Urabá más que Córdoba), y, v) recuperación del estatus de legalidad entre el 94 y el 97 con las llamadas Convivir (tras haberlo perdido en 1986).

El éxito de la estrategia en Córdoba da pie para pensar en un control de la gestión política en todo el país, que se aborda con decisión a partir de 1998. Una muestra de su concepción y alcance es el Pacto de Ralito de 20012.

2 El “Pacto de Ralito” fue firmado en 2001 entre los jefes paramilitares, los gobernadores de Córdoba y Sucre, y cercad de 50 políticos de diferentes regiones con la pretensión de “refundar el país”.

“Las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC‐, con actos de sicariato, comenzaron uno de los períodos más funestos de que se tenga conocimiento en la zona (del sur de Córdoba) por el número de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, amenazas y desplazamientos; la influencia y control que ejercieron los grupos paramilitares en los territorios, poblaciones e instituciones públicas y privadas y sociales del departamento fue el producto del trabajo que llevaron a cabo durante más de 15 años. Esta influencia y control se expresaba en una base social amplia, tanto urbana como rural, numerosos jóvenes y adolescentes los consideraban héroes o modelos de vida a seguir, contaban con numerosos grupos de apoyo logístico en las comunidades, centros de estudio, administraciones públicas, medios de comunicación, gremios económicos, movimientos políticos, administraciones públicas, transporte público y organizaciones comunales entre otros. Adquirieron un cuantioso poder económico, social y político, establecieron normas de conducta, pautas sociales, códigos de justicia, sanciones y reconocimientos con gran número de comunidades con presencia o no de administraciones y autoridades gubernamentales3”

Un pacto fallido de desmovilización

Los líderes de las autodefensas firmaron en junio de 2003 el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito” donde expresan su disposición de iniciar un proceso de desmovilización a cambio de un conjunto importante de garantías. El pacto y las negociaciones se hicieron justamente en el Sur de Córdoba, que era el ámbito de su mayor fortaleza.

A partir del Acuerdo, el Estado fortaleció su presencia militar en la Región, inicialmente concentrada en evitar la recuperación territorial de las FARC.

Pero no bastó una estrategia de acuerdo político para eliminar un problema económico (la existencia de un negocio rentable con amplias redes para el suministro de insumos, cultivos, procesamiento, distribución y uso de utilidades), y un problema institucional (un negocio que rompió el monopolio de la fuerza y el imperio de la ley).

Por ello desde el comienzo mismo del proceso de desmovilización paramilitar, Vicente Castaño –según dicen varias fuentes– creó las primeras bandas armadas concebidas para mantener el control del negocio narco. Otros líderes paramilitares adoptaron el modelo e hicieron lo propio.

En Córdoba –como en otras partes del país– la nueva estrategia de los empresarios del narcotráfico fue facilitada por los errores y vacíos del proceso de desmovilización. La Ley de Justicia y Paz no se aplicó con decisión ni para reinsertar a los que se acogieron a ella ni para enfrentar a los que no lo hicieron. El proceso de reinserción de los paramilitares que permanecieron en la Región fue poco efectivo y careció

3 Presidencia de la República de Colombia, Centro de Coordinación y Acción Integral (2010): “Plan Estratégico de

Consolidación Regional – Sur de Córdoba”, pag. 11.

de controles4. Las acciones de la Fuerza Pública se concentraron en los reductos de las FARC, bajo el supuesto de que el paramilitarismo había terminado; por eso se iniciaron entonces acciones en el Nudo de Paramillo contra los frentes 5, 18 y 58, y contra la columna Mario Vélez, sin una estrategia para recuperar el monopolio de la fuerza en todo el departamento. No se emprendieron acciones estatales para recuperar el imperio de la ley, especialmente con una presencia efectiva del aparato judicial. No se abrieron alternativas económicas a los ciudadanos comunes que no tenían otras fuentes de ingresos y subsistencia que las actividades ilegales. No se emprendió la masificación de garantías políticas, económicas y sociales a los ciudadanos. La concentración de tierras, el negocio de la droga y la explotación maderera ilegal continuaron, a la vez que tomó auge predominante la minería ilegal en gran escala.

Bandas, pugnas, alianzas y franquicias

Varios comandantes y grupos locales de las AUC mantuvieron sus actividades. En algunos casos los líderes tradicionales siguieron al mando, en otros se hicieron cargo sus lugartenientes. Se desataron las pugnas y las alianzas: en algunos casos luchas frontales por obtener el control de una ruta o un territorio; en otros acuerdos, fusiones o compraventa de “franquicias” de rutas, contactos y hombres.

Las estructuras, jerarquías y lealtades cambiaron al tenor de las variaciones de la correlación de fuerzas suscitadas por el proceso de entrega de varios de los principales líderes y su posterior extradición.

Gradualmente las bandas de Córdoba fueron concentradas por los “Urabeños” que llegaron de la vecina zona de Urabá y absorbieron a las “Águilas Negras”, y por los “Paisas” nacidos de la estructura de “Don

Berna” con base en Medellín y operaciones en Bajo Cauca y el Sur de Córdoba. Llegaron luego los

“Rastrojos”, nacidos de las organizaciones paramilitares y mafiosas del Cartel del Valle, que hicieron alianza con los “Paisas” para enfrentar a los “Urabeños‐Águilas Negras”, con el propósito de lograr un control territorial permanente que permitiese conectar el Sur de Córdoba y Urabá con las zonas de

Nariño, Cauca, Valle y Sur del Chocó (sur de Colombia) controladas por los “Rastrojos” y la zona de

Catatumbo (oriente) que había sido fortín de Mancuso, buscando de este modo consolidar sus redes de producción y tráfico de narcóticos.

“Desde finales del año 2005, la población de este departamento (Córdoba) ha sido víctima de la presencia y accionar de estas agrupaciones (bandas criminales), las cuales han ido cambiando de acuerdo al ritmo de la confrontación –enfrentamiento entre estas y cooptación de integrantes– así como del homicidio o captura de sus comandantes y mandos medios5”.

4 En abril de 2007 habían sido aceptados por el aparato estatal 3.608 desmovilizados en Córdoba, de los cuales

3.376 permanecían en los municipios del sur del departamento y en algunos de la parte norte. Ver Negrete, Víctor (2008): “Situación de Conflicto y Pobreza en el Departamento de Córdoba y Perspectivas de Paz”. Luis Angel Asociados y Cía. Citado por Presidencia de la República de Colombia, op.cit.

5 Presidencia de la República de Colombia – Acción Social – Área de Prevención, Emergencias y Retornos (2010).

Cambios de estrategia

El móvil de las bandas se puso en plena evidencia: obtención de lucro económico. Este lucro deriva principalmente de actividades ilícitas o ilegales (especialmente narcotráfico y minería de oro en gran escala), pero incluye también extorsión de entes públicos y agentes privados. Para ello el control del territorio resulta decisivo. No utilizan ya el discurso antiguerrillero que sus antecesores emplearon en el pasado para justificar sus acciones y lograr alianzas con distintos sectores sociales, pero mantienen gran parte de la terminología y el modus operandi inicial.

Su estructura en función del objetivo cambió en varios aspectos. Un primer cambio es que –sin la necesidad de justificar su existencia como frente antiguerrillero– la mayoría de sus efectivos ya no están

“encuadrillados” (en escuadrones uniformados) sino en “combos” (grupos operativos no uniformados).

Los “encuadrillados” permanecen básicamente en zonas donde pugnan con la guerrilla por el control territorial; los combos operan en cualquier parte. De este cambio se deriva otro relevante relativo a las modalidades de reclutamiento, que ahora son tres: uno visible para los que deben dejar su hogar para irse a las cuadrillas, y dos invisibles, para los que permanecen como miembros de sus comunidades pero se encargan de diversas operaciones por las que reciben dotación y salario, y los que tienen tareas de vigilancia y control.

Paralelamente hay otro cambio sustancial: las estructuras jerárquicas son “blandas”, lo cual quiere decir que mientras los “combos” cumplan con la tarea encomendada, pueden hacer los que les plazca. Esto quiere decir que el comando superior de una banda encomienda a los “combos” tareas específicas – como la operación de un corredor de narcotráfico–, pero los dejan en libertad de desarrollar por iniciativa propia otras actividades, pues les tienen sin cuidado lo que hagan si cumplen con la tarea básica. Por esta razón se han disparado la micro‐extorsión y el sicariato, la distribución local de estupefacientes, el control de todo tipo de negocios legales e ilegales y la venta de servicios de seguridad privada. Así como las estructuras principales de las bandas extorsionan a las grandes empresas de producción, comercio o transporte, los combos extorsionan a los pequeños negocios y a los ciudadanos comunes, bien sean mototaxistas, vendedores de verduras, dispensadores de llamadas telefónicas, odontólogos o maestros. Esta forma operacional ha propiciado también que se expanda la delincuencia de individuos que sin pertenecer a las bandas actúan en nombre de ellas para generar miedo y mantener sus tropelías en la impunidad.

El objetivo implica exige tener cercanía y control del poder político. Pero ya no se alimenta o se refuerza por simpatías ideológicas, como en el pasado, sino que se compra o se garantiza por la vía de la amenaza y el chantaje. La cooptación del poder local se ha incrementado.

Cambio en los indicadores

Los cambios de estrategia y la imposición del silencio hicieron obsoletas y equívocas las viejas medidas estadísticas sobre el estado de situación.

Antes se consideraba, por ejemplo, que la medida de la existencia de bandas criminales es la tasa de homicidios. Estos sin duda se han incrementado, pues en 2010 se registraron en Córdoba 575 homicidios, que son una cifra récord. Pero los homicidios no son una medida unívoca de la presencia e intensidad del control de las bandas. En los cinco municipios del Sur de Córdoba la tasa de homicidios fue muy alta mientras “Sebastián” y “Valenciano” estaban enfrentados por el control del territorio y el liderazgo de los “Paisas”. Una vez se impuso “Sebastián” con apoyo de los “Rastrojos” y creó una férrea hegemonía territorial, el número de homicidios se redujo sustancialmente, pero se incrementó en otros municipios cercanos como Lorica, Planeta Rica y San Bernardo del Viento, donde aún hay luchas entre los “Urabeños” y los “Paisas” por el control local.

Muchos afirman que los desplazamientos se han incrementado sensiblemente, pero ahora ocurren predominantemente “gota a gota” y que no son visibles debido a la imposición de silencio a sus víctimas.

Conclusión

Esta mezcla del viejo paramilitarismo con grupos emergentes tiene varias características que las hacen tanto o más sanguinarias y poderosas que las bandas preexistentes: i) están inmersas en la vida cotidiana de la población; ii) cuentan con el respaldo cooptado o voluntarios de muchos ciudadanos; iii) por lo general no conforman ejércitos propiamente dichos sino que son estructuras armadas mimetizadas; iv) tienen gran capacidad de adaptación y cambio de estrategias delincuenciales; v) cuentan con poderosas fuentes de financiamiento.

Este marco histórico arroja una lección evidente: la consolidación del Sur de Córdoba implica enfrentar simultáneamente el control territorial, los problemas de distribución de la tierra y oferta de garantías de ingreso digno y suficiente a la población, propiciar la creación de un nuevo pacto y tejido social con un conjunto de reglas sociales que no sean impuestas por los señores de la tierra o de las armas, y enfrentar las actividades armadas y la economía ilegal para crear el imperio de la ley y el monopolio estatal de la fuerza.

3. Diagnóstico Estratégico

El marco histórico precedente pone en evidencia los antecedentes de la situación actual en el Sur de

Córdoba: extraordinarias riquezas naturales y una posición estratégica que permitiría aprovecharlas en beneficio de toda la sociedad, paralelamente con una excepcional debilidad institucional al amparo de poderosos intereses de acumulación de tierras y monopolización las actividades extractivas.

Este fue un contexto privilegiado para la aparición de las bandas criminales que auspiciadas o toleradas por el poder tradicional, hicieron la Región un epicentro de sus actividades ilícitas. Se pasó así de la colonización violenta al crimen organizado, la economía ilegal, la intensificación del conflicto por la tierra y la captura del Estado.

3.1. Eje del problema: poder capturado

El elemento determinante de la situación del Sur de Córdoba es la captura del poder.

Esta captura fue iniciada por los señores de la tierra, que se hicieron al control de las principales fuentes de ingreso y de las estructuras departamentales y municipales de gobierno, e impusieron reglas económicas y políticas para su propio beneficio. Fue ampliada luego por las organizaciones armadas ilegales (inicialmente guerrillas y ejércitos particulares y luego paramilitares aliados del poder preexistente) y por las actividades económicas ilegales, la mayoría de las cuales ellos mismos controlan.

Hoy las bandas criminales, junto con sus mentores y aliados, controlan el poder político, el poder económico y el poder social.

3.1.1. Captura del poder político

Los agentes privados dueños de las armas y la economía regional controlan el gobierno, como afirman reiteradamente los habitantes locales y demuestran los procesos judiciales y diversos documentos públicos6. Por ende controlan el gasto público y lo desvían en favor de sus aliados, como muestran abundantes denuncias e investigaciones. La mayoría de los senadores y representantes de Córdoba han sido vinculados a procesos de parapolítica y varios gobernadores y mandatarios locales han sido involucrados en procesos por desvío de fondos públicos en favor de las organizaciones paramilitares y

6 Una muestra de esta captura es el “Pacto de Granada” del 2000, denominado así por haber sido hecho en la vereda del mismo nombre del municipio de Tierralta, en el cual a instancias de Salvatore Mancuso se definió la “línea de sucesión” de los alcaldes en los municipios del Sur de Córdoba para los tres siguientes períodos municipales (2000, 2003 y 2007). Quienes actuaron por fuera del pacto fueron asesinados o políticamente destruidos.

las bandas criminales. El último es el alcalde de San José de Uré, acualmente prófugo después de ser llamado a indagatoria por entregar dineros públicos a las bandas criminales. Sobre la creación misma del municipio, hoy cuestionada por el Ministerio del Interior, hay en la Región una percepción generalizada de que se hizo para atender intereses de bandas criminales.

Han capturado también porciones del aparato de seguridad. La población expresa reiteradamente su desconfianza de la Fuerza Pública –especialmente de la Policía– porque colabora con las bandas y los empresarios ilegales. Los casos abundan: en 2007 un mayor del ejército que era jefe del Gaula en

Montería fue capturado y luego condenado por trabajar para los “Paisas”. En 2010, “Mincho”, líder militar de los “Paisas”, fue capturado cuando era protegido por un policía en su propia casa. Consciente de la penetración de sus filas, el alto mando de la Policía ha debido hacer frecuentes cambios en las estructuras de servicio en Córdoba, un número elevado de policías han sido o son investigados por nexos con las bandas y se ha creado recientemente un plan de contrainteligencia para ejercer mejor control sobre las prácticas favorecedoras de actores ilegales. “En la comisión de esta violencia, estos grupos cuentan en ocasiones con la aquiescencia, tolerancia e incluso connivencia, ya sea por corrupción o amenazas, de algunos miembros de la fuerza pública, incluida la Policía Nacional, como demuestran casos observados en Antioquia, Córdoba y Meta. Al mismo tiempo se destacan algunos éxitos policiales contra los líderes de estos grupos7”.

Han capturado la justicia por coacción o soborno. Abundan las investigaciones y fallos judiciales contra jueces y fiscales por favorecimiento a los integrantes de las bandas y parcialidad en favor de ciertos agentes con poder regional. A principios de 2011 en un Consejo de Seguridad celebrado en Montería se examinaron estadísticas que mostraban que apenas la mitad de los capturados por pertenecer a bandas llegan a juicios, una quinta parte llega a condenas y sólo en 1 de cada 100 casos esta condena está relacionada con vinculación a las bandas, pues la mayoría lo son por delitos menores muchas veces excarcelables.

3.1.2. Captura del poder económico

Córdoba ha sido por excelencia el lugar de Colombia donde el poder ha estado ligado a la propiedad de la tierra y al control del territorio. Los terratenientes tradicionales crearon un monopolio de la tierra en muy pocas y poderosas manos, con el apoyo de ejércitos privados, tanto para la protección de sus dominios como para la expansión de sus linderos a costa del desalojo de campesinos e indígenas. El control sobre la tierra les otorgó el poder de obtener trabajo barato: los grandes propietarios conceden a los campesinos el usufructo de pequeños predios para vivienda y cultivos de subsistencia, a cambio de trabajo impagado en cuidado de sus fincas.

7 Asamblea General de las Naciones Unidas (2011): “Informe Informe de la Alta Comisionada de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, pág. 8.

Las autodefensas cambiaron el sentido del control territorial. Su objetivo no es la propiedad sino la posibilidad de aprovechar el dominio del territorio para posibilitar otras actividades económicas al margen de la ley, la primera de las cuales fue la producción y tráfico de cocaína.

En algunas áreas del Sur de Córdoba, especialmente en la serranía de Abibe, se crearon enclaves de minería del oro, opuestos al cumplimiento de las más mínimas normas de responsabilidad laboral y ambiental. El ascenso de las bandas criminales coincidió con el boom de precios posterior a 2006. Las bandas, además del narcotráfico, diversificaron sus fuentes de ingreso. Esta diversificación fue un efecto de la presión estatal sobre la producción y tráfico de drogas ilícitas sin descomponer las estructuras que los controlan. Es también el resultado del descontrol estatal sobre la minería del oro, que tiene una extraordinaria rentabilidad.

La otra actividad económica relevante de la región es la explotación ilegal de la riqueza maderera del

Nudo de Paramillo, realizada por colonos pero promovida y apropiada por empresas comercializadoras poco observantes de las normas ambientales y fiscales.

Ganadería extensiva, narcotráfico, minería ilegal y tala de bosques interactúan entre sí en varias actividades, y especialmente el control de corredores y el lavado de activos8.

Por efecto de las actividades mencionadas, la producción agrícola y de la violencia que las acompaña, la producción agrícola no ha sido una opción importante en la Región. El desplazamiento ha devastado la economía rural y no hay condiciones de seguridad y de garantía de acceso a recursos productivos para el retorno de las víctimas. El potencial para cultivos de palma, caña, soya, yuca, maíz y materias primas para la producción de biocombustibles, no ha sido explotado por los problemas de violencia y por dificultades de tenencia y costo de las tierras. Predomina una agricultura campesina de autoabastecimiento que se desarrolla en pequeñas extensiones de tierra, con excepción de algunos plantíos marginales de algodón y maíz tecnificado.

El monopolio de las tierras, el control de áreas de producción y tráfico de cocaína, la ocupación minera y la invasión forestal constituyen una verdadera apropiación del territorio que coarta el desarrollo de otras actividades económicas y excluye del acceso a ingresos mínimos a una gran parte de la población.

La apropiación y captura de las fuentes de subsistencia ha creado una situación de generalizada de pobreza y desesperanza. Es por eso que las bandas se han convertido en la mejor opción de ingresos y poder de muchos jóvenes que en medio de su pobreza y su desesperanza no ven futuro ni oportunidad de adoptar un proyecto de vida. Acosados por la falta de opciones, es tal la demanda de los jóvenes por pertenecer a las bandas criminales, que éstas han optado por incorporar sólo al mayor de los hermanos y recibir al siguiente sólo cuando el primero ha sido capturado o dado de baja9.

8 Un mecanismo usual de lavado de activos ha sido declarar ventas de oro por encima de los precios de mercado e incrementar ficticiamente los precios o cantidades de ganado exportado.

9 Narración obtenida de fuentes bien informadas de Montelíbano.

3.1.3. Captura del poder social

El poder social es la opción de una sociedad para decidir cómo se relacionan sus miembros logrando un determinado nivel de bienestar y de equidad. Es por tanto el sistema de relaciones y valores sociales que opera beneficiando o perjudicando a los individuos. Puede ser producto de un pacto colectivo basado en reglas de juego convenientes para todos o puede ser capturado por unos terceros que imponen sus reglas y colocan a la sociedad al servicio de sus intereses. El poder social genera cultura ciudadana: cuando es de beneficio colectivo crea una cultura de convivencia, cohesión, solidaridad, tolerancia, respeto y transacción; cuando es capturado por una minoría crea una cultura del miedo, de la ilegalidad, del sálvese quien pueda, de la imposición y de la ley de la selva.

Cuando el poder social es capturado, los ciudadanos comunes son obligados por las circunstancias a tener comportamientos que no son los más convenientes desde el punto de vista ético, legal y social.

Comportamientos que se adoptan contra su voluntad (miedo o necesidad de sobrevivir), o por adaptación (no hay otra opción).

La concentración del poder político y económico en Córdoba trajo consigo el desarrollo del clientelismo como mecanismo para ganar adhesiones políticas y establecer control de las personas. Así comenzó la captura del poder social. Esta ha sido llevada al extremo por las bandas armadas ilegales.

Las bandas criminales de Córdoba han profundizado una estrategia que ya tenían los grupos paramilitares para garantizar tanto su operación como su impunidad: el control social basado en el miedo. La intimidación es generalizada y por eso han acudido de nuevo a las masacres, a los crímenes con motosierra, al descuartizamiento. Miedo para imponer horarios y comportamientos, y para despejar ciertas áreas. Miedo para imponer la obligación de informar sobre cualquier actividad que pueda interesar a las bandas, so pena de ser castigado por no hacerlo. Y miedo para imponer el silencio.

Quien habla de las acciones de las bandas, quien identifica a alguno de los actores, quien denuncia o simplemente manifiesta descontento, corre peligro de muerte. Los objetivos son dos: hacer creer que en Córdoba “no pasa nada”, ocultar al país la grave situación del departamento, y, por supuesto, evitar inculpaciones, acusaciones y pruebas en los eventuales procesos de investigación.

La imposición del silencio ha llegado a extremos tales que a quienes son víctimas del asesinato de un familiar les imponen mantenerlo en silencio so pena de asesinar a otro, y a quienes son desplazados de sus predios les advierten que si al llegar a su destino acuden a alguna instancia gubernamental para mostrar su situación y pedir los apoyos a los que tienen derecho, habrá retaliaciones mortales. Por esta razón las estadísticas distan de reflejar la realidad de los atropellos.

3.1.4. C

La captur las organ pérdida d viabilidad onsecuencia a del poder p izaciones arm del pacto soci

Captura d as político, del p madas ilegale ial. En suma, Gr

Sur el poder P poder económ es tiene tres una socieda ráfica No. 1 de Córdoba

Político, Eco mico y del po s consecuenc d de que exig onómico y oder social po cias básicas.

ge cambios e y Social or las activida

Violencia, de estructurales ades económ espojo de tie para recupe icas y erra y rar su

4. El Plan de Acción del CCR de Córdoba

Ante las situaciones descritas, el Gobierno Nacional –Centro de Coordinación de Acción Integral– encargó al Centro de Coordinación Regional (CCR) de Córdoba la elaboración del “Plan Estratégico de

Consolidación Regional – Sur de Córdoba”, con cobertura en 4 municipios: Montelíbano, Puerto

Libertador, Tierralta y Valencia10.

En este plan, presentado a mediados de 2010, la Estrategia de Consolidación Integral se define como

“un proceso sistemático, progresivo e irreversible, para garantizar la protección de las personas, la creación de una democracia de base local sostenible y unas dinámicas de desarrollo económico y social perdurables. Está concebida para las áreas geográficas afectadas por la baja presencia del Estado y la acción de grupos armados ilegales (pag. 38)”.

El Plan gira en torno a la disminución de los niveles de pobreza a partir de la creación de empleos en el marco de una economía legal y una institucionalidad fortalecida.

El objetivo general es “Disminuir los niveles de pobreza en la región Sur del Departamento de Córdoba con el incremento del empleo a través del desarrollo y puesta en marcha de proyectos productivos y sociales que incentiven la economía legal, el desarrollo social y comunitario y el fortalecimiento institucional (pag. 37)”.

Este objetivo general y se desglosa en siete objetivos específicos que incluyen: i) atención de familias en riesgo o víctimas de desplazamiento, ii) lograr una región libre de ilícitos, iii) fortalecimiento de la presencia institucional como mecanismo protector; iv) mejoría de la infraestructura social, v) desarrollo de proyectos productivos, vi) mejoría de la infraestructura vial terciaria y vii) clarificación de derechos de propiedad (pags. 37‐38).

Los anteriores objetivos se plasman en acciones y resultados relacionados con las 6 líneas estratégicas del Plan Nacional de Consolidación:

Atención Humanitaria de Emergencia

Seguridad y Justicia

Gobernabilidad

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Ordenamiento de la propiedad (pags. 38 a 42).

Adicionalmente, el Plan define como proyecto movilizador la “Productividad para la Paz en el Sur de

Córdoba”, que incluye erradicación de cultivos de coca, desarrollo de proyectos de seguridad

10 Presidencia de la República de Colombia, Centro de Coordinación y Acción Integral (2010): “Plan Estratégico de

Consolidación Regional – Sur de Córdoba”.

alimentaria (disponibilidad, acceso y aprovechamiento de alimentos) y emprendimiento de proyectos productivos de desarrollo alternativo (pags. 42 a 46).

El presente documento tiene como referente principal el análisis de situación incluido en dicho plan.

Profundiza y amplía los aspectos allí tocados y los complementa con otros adicionales, con el propósito de contribuir a enriquecer el diagnóstico de los municipios de consolidación del sur de Córdoba.

5…