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¿Qué podemos aprender de lo hecho hasta ahora?

La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia

Notas Estratégicas 19

Notas Estratégicas

Bogotá, Marzo 2021

La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el

Desarrollo Alternativo en Colombia

Notas Estratégicas No. 19 / Marzo 2021

La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia

¿Qué podemos aprender de lo hecho hasta ahora?

María Victoria Llorente Directora Ejecutiva de la FIP

Juan Carlos Garzón-Vergara Director del área de Dinámicas del Conflicto y Negociacion de Paz

Autor:

Juan Carlos Garzón-Vergara Elaborado para la Western Hemisphere Drug Policy Commission

Edición y corrección de estilo:

Martín Franco Vélez

Créditos fotografías de portada Colprensa Andrés Bermúdez

Diseño y diagramación Ladoamable ltda www.ladoamable.com

ISBN

978-958-5517-67-7

Fundación Ideas para la Paz Calle 100 No. 8A - 37 Torre A. Of. 701. Bogotá Tel. (57-1) 747 0273 www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org

INTRODUCCIÓN

LOS CULTIVOS ILÍCITOS Y LA PRODUCCIÓN

DE COCAÍNA EN COLOMBIA

TENDENCIAS Y RAZONES DE LOS DESCENSOS

Y EL RECIENTE ASCENSO

CARACTERÍSTICAS Y PATRONES DE LOS CULTIVOS

DE COCA EN COLOMBIA

LAS RESPUESTAS A LOS CULTIVOS DE COCA Y

EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN DE EE. UU.

EL DESARROLLO ALTERNATIVO Y LA

COOPERACIÓN DE EE. UU.

BALANCE Y RECOMENDACIONES PARA UNA

POLÍTICA DE DROGAS POSIBLE Y SOSTENIBLE

Contenido

4La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021

Presentación

La Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental fue crea-da mediante una ley bipartidaria incluida en la Ley de Autoridades del Departa-mento de Estado y aprobada en 2017 (Public Law 114-323). El mandato que se le dio fue evaluar las políticas y programas antinarcóticos de Estados Unidos en América Latina y el Caribe a través de un análisis de los esfuerzos para re-ducir la oferta de drogas ilícitas y para abordar los impactos asociados con el tráfico y abuso de drogas. La Comisión elaboró un informe que fue presentado al Congreso en diciembre de 2020, el cual incluyó recomendaciones prácticas para reforzar o reformar las políticas Antinarcóticas de los Estados Unidos.

La Comisión fue compuesta por nueve miembros: la presidenta Shannon

O’Neil, del Consejo de Relaciones Exteriores, y el vicepresidente Clifford So-bel, exembajador de los Estados Unidos en Brasil; los exrepresentantes Matt

Salmon, Sam Farr, Mary Bono y Pete Gallego; el excomandante del Comando

Sur de los Estados Unidos, el General Douglas Fraser; y los exfuncionarios de la administración Obama, Dan Restrepo y Juan González (actualmente director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Joe Biden).

Para la elaboración de este informe, la Comisión solicitó a Juan Carlos Gar-zón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, un Position Paper en el que se analizaran los avances, retrocesos y desafíos de los programas de sustitu-ción de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo en Colombia que se han imple-mentado con apoyo del gobierno de los Estados Unidos. El insumo solicitado debía incluir una descripción de la historia y evolución de las intervenciones antinarcóticos en Colombia (con especial énfasis en proyectos y programas de desarrollo alternativo), y un desglose de los desafíos que han enfrentado los programas de desarrollo alternativo financiados por Estados Unidos y las posibles soluciones a esos desafíos.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publica este reporte como un aporte al debate público. Las posiciones y recomendaciones de este documento son úni-camente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente las posiciones de la Comisión de Política de Drogas en el Hemisferio Occidental.

INTRODUCCIÓN

6La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021

1. Introducción

De acuerdo con la información del Departamento de Estado, en 2019 Colombia alcanzó el nivel más alto de hectáreas cultivadas con coca y de producción po-tencial de cocaína. Luego de tener su punto más bajo en el año 2012 en la etapa posterior al Plan Colombia, se dio un incremento sustancial en medio de las con-versaciones del Gobierno con la guerrilla de las FARC y la implementación del Acuerdo de Paz. Sin que haya una sola causa que explique este incremento, se ha re-abierto el debate sobre cuál debe ser la respuesta del

Estado colombiano y hacia dónde se debería orientar la cooperación de los Estados Unidos.

Este no es un problema nuevo para Colombia. El país ha hecho enormes esfuerzos e incurrido en im-portantes costos para contener la producción y ex-portación de drogas ilegales, especialmente de co-caína. En el plano interno, la política antinarcóticos también se ha dirigido a evitar que agrupaciones al margen de la ley tengan el control de extensas zonas del territorio, suplantando al Estado y poniendo en jaque a las instituciones. Además, miles de familias dependen de esta economía legal en zonas donde las instituciones del Estado y la oferta de bienes y servi-cio continúa siendo muy débil.

El hecho de que Colombia haya tenido este re-troceso, genera preguntas sobre la sostenibilidad de estos esfuerzos, la eficacia de las herramientas utili-zadas y la manera como han sido usados los recursos de la cooperación. Pero, lejos de considerar al país como una unidad, es relevante entender que las re-giones han tenido diferentes niveles de intervención y también comportamientos diferenciados en los cul-tivos de coca.

En zonas donde los cultivos de coca habían logra-do una baja sustancial, el número de hectáreas volvió a subir. Además, en varios municipios y veredas en donde la economía ilegal del narcotráfico no tenía un peso importante, ahora tiene un lugar central. Mien-tras tanto, son pocos los casos de “éxito” en los cua-les se puede mostrar una baja sostenible en el tiempo.

Las hectáreas de coca continúan concentrándose en determinados territorios de manera persistente.

Es justo este el contexto en el cual se escribe este

Position Paper1, elaborado como insumo para la Co-misión de Política de Drogas del Hemisferio Occiden-tal, creada por el Congreso de los Estados Unidos de

América para evaluar las políticas y programas anti-narcóticos de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe.

El objetivo de este documento es hacer un balan-ce2 de la cooperación de los Estados Unidos en el ám-bito del desarrollo alternativo, identificando las lec-ciones aprendidas y formulando recomendaciones, concentrándose en los cultivos de coca y tomando como referencia lo hecho en las dos últimas décadas.

Para orientar su lectura, es importante mencionar varios asuntos:

Primero, en el conjunto de herramientas usadas para reducir la oferta de droga, el desarrollo alter-nativo no ha tenido el papel central. Bajo la presión por mostrar resultados inmediatos, el énfasis se ha puesto en la erradicación forzada (aérea y manual).

Como se verá en este informe, si bien se encuentran programas e intervenciones que se han propuesto cambiar las condiciones socioeconómicas y generar oportunidades para el tránsito a la economía legal en las zonas afectadas por cultivos ilícitos, en términos de asignación de recursos y el desarrollo de capaci-dades, el desequilibrio ha sido evidente a favor de he-rramientas como la erradicación forzada y la asper-sión3. El enfoque del “garrote” y la “zanahoria”, lejos

1 Como se puede deducir, el Position Paper es un documento que presenta un conjunto de opiniones y posiciones informadas, basadas en hechos y eviden-cias. Su propósito es examinar un tema, explorando sus distintos ángulos.

2 Este documento toma en cuenta evaluaciones de los programas, pero no pre-tende ser una evaluación de la cooperación de los Estados Unidos, en el ámbito del Desarrollo Alternativo, lo cual requería de una metodología robusta para este propósito.

3 Daniel Rico, Juan G. Zapata, Daniel Weisner, and Laura Goyeneche, Informe del gasto del gobierno nacional en lucha antidrogas 2013–2015 (Bogotá: Funda-ción Ideas para la Paz, Fedesarrollo, National Planning Department, 2018).

7La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021 de propiciar una estrategia articulada, ha generado mensajes contradictorios y creado tensiones entre la agenda de seguridad y el desarrollo.

Segundo, el concepto de “desarrollo alternativo” ha cambiado a través del tiempo, dando paso al “de-sarrollo rural integral”. Este ha sido un importante avance en el ámbito de la cooperación con los Esta-dos Unidos, reconociendo que una respuesta soste-nible al desafío de los cultivos ilícitos requiere de la transformación de los territorios afectados. El enfo-que actual de la Agencia de Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional (USAID) es el correcto; sin embargo, en la práctica ha chocado con la inercia de la política antinarcóticos, privilegiando la reducción de cultivos de coca, medido en hectáreas erradica-das como principal indicador de éxito. Además, el de-sarrollo de esta aproximación enfrenta problemas de articulación con las demás agencias del gobierno de los Estados Unidos.

Tercero, hay un consenso entre funcionarios, ex-pertos y autoridades nacionales y locales en que las medidas enfocadas en la erradicación son insuficien-tes. Como se mostrará en este texto, si bien a través de su aplicación se pueden lograr descensos tempo-rales en el número de hectáreas cultivadas, los resul-tados no son sostenibles. Por esta razón, es necesario analizar lo que ha pasado con el desarrollo alternati-vo, identificando aquello que ha funcionado y lo que no ha dado resultados. Lo anterior, tomando en cuen-ta que no hay una “bala de plata” para responder al desafío de los cultivos ilícitos, sino que el cambio es incremental y se consigue a partir de la combinación de las distintas herramientas y dentro de una política pública coherente y de largo plazo.

El tránsito de los programas y las intervenciones hacia el “desarrollo rural integral” abre una venta-na de oportunidad para generar un cambio positivo y sostenible que logre impactar las condiciones que han facilitado la aparición y expansión de los cultivos ilícitos, no solo atacando los síntomas, sino dirigién-dose a las causas. Todo ello en el marco de la vigencia del Estado de Derecho, fortaleciendo las capacidades del Estado para garantizar los derechos de los ciuda-danos y el cumplimiento de la ley.

Para que esto suceda, es necesario hacer algunos ajustes y cambios a partir de las lecciones aprendi-das. Al final de este texto, se señalan un conjunto de recomendaciones de política pública para avanzar en esta discusión.

Los contenidos de este texto se basan en una amplia revisión bibliográfica, que incluye informes del Congreso y las distintas agencias de los Estados

Unidos (dentro de las cuales se encuentran varias evaluaciones). También toma en cuenta las conver-saciones con funcionarios del gobierno de Colombia y de los EE. UU, operadores de USAID, instituciones nacionales y locales, beneficiarios de los programas y expertos y académicos en las visitas que hizo la

Comisión a Colombia, las cuales tuvieron lugar en

Bogotá, municipios de los departamentos de Caquetá y Meta, así como Tumaco, en Nariño. Además, se in-cluye información de tipo cuantitativo del gobierno colombiano y de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).

Las posiciones y recomendaciones de este docu-mento son únicamente responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente las posiciones de la Comi-sión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental.

Es relevante mencionar que este documento contó con una lectura de verificación de hechos (fact chec-king) y de revisión de pares, con importantes contri-buciones a este texto4.

4 Al autor agradece a Álvaro Balcázar, Javier Flórez, Adam Isacson, Daniel Rico, Davide Spencer, así como a la directora de la Comisión Mary Speck y al direc-tor adjunto Edward Gracia por sus comentarios y aportes. Así mismo a Chloe Gilroy por el fact checking.

LOS CULTIVOS ILÍCITOS

Y LA PRODUCCIÓN

DE COCAÍNA EN

COLOMBIA

9La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021

2. Los cultivos ilícitos y la producción de cocaína en Colombia

Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo. De acuerdo con la Oficina de Política Nacio-nal de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP por sus siglas en inglés), en 2019 se registró el mayor número de hectáreas de coca, con 212.000 ha. (ver figura 1), y el máximo potencial estimado de produc-ción, con 951 toneladas métricas de cocaína5. En el país también se produce heroína —solo una fracción de la producción mundial—, y marihuana, principal-mente para el mercado interno y de los países del sur del continente. Este documento se enfoca en la pro-ducción de cocaína, que tiene a los EE. UU como su mercado principal.

Antes de analizar las tendencias, es importante mencionar que, en el caso de los cultivos de coca y la producción de cocaína, hay dos sistemas de me-dición: además del monitoreo realizado por los Es-tados Unidos, a través del Counter Narcotics Center

(CNC), también se encuentra el Sistema Integra-do del Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la

Oficina de la Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés). Como se puede observar en la Figura 1, si bien las dos fuentes no coinciden en los resultados, respondiendo a me-todologías distintas6, muestran una tendencia simi-lar (excepto en 2019).

para el conjunto del país, SIMCI realiza un censo de cultivos de coca, cuya fecha de corte es el 31 de diciembre, a partir de la identificación de lotes en imágenes sate-litales, respaldada con verificación de campo y aerofotografía. Ricardo Rocha García, Las Nuevas Dimensiones del Narcotráfico en Colombia, 1st ed. (Bogotá: UNODC and Ministry of Justice and Law, 2011).

hectáreas de coca sembradas en colombia figura 1

Fuente: Departamento de Estado/ONDCP y SIMCI/UNODC

CULTIVOS DE COCA HA. (ONDCP) CULTIVOS DE COCA HA. (SIMCI)

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021

Se puede notar que, comenzando el nuevo si-glo, los cultivos de coca tuvieron una tendencia a la baja hasta 2012, con una interrupción durante

2005-2007. A partir de 2013, la tendencia cambia, subiendo de manera notable hasta el año 2017 y esta-bilizándose en 2018 y 2019.

Respecto al potencial de producción de cocaína, las cifras más recientes del SIMCI muestran una caí-da hasta 2013, cuando ONDCP estimó 951 toneladas

(tomando como referencia lo ocurrido desde 2006, a lo que siguió un notable ascenso llegando a un esti-mado de 993 toneladas métricas en 2019). Para tener un punto de referencia, en un estudio realizado para la Casa Blanca, RAND Corporation estimó que la cantidad de cocaína pura consumida en los Estados

Unidos se redujo a la mitad entre 2006 y 2010: pasó de aproximadamente 300 a 150 toneladas métricas7.

Esto quiere decir que, tomando la estimación más alta, Colombia produce casi cuatro veces la demanda de los EE. UU.

Según las estimaciones dadas por la DEA, más del

90% de la cocaína encontrada en área continental de los EE. UU es de origen colombiano8. Se encuentra una fuerte correlación entre la demanda —medida a través del uso de cocaína en los Estados Unidos— y la oferta, estimada a través del potencial de producción de cocaína. En este caso es difícil saber cuál es la di-rección de esta correlación o atribuir una relación de causalidad (es decir, si la demanda explica la ofer-ta o viceversa)9. Es importante, además, señalar que también hay otros mercados de destino de la cocaína producida en Colombia, incluyendo varios países en

Europa, Asia y Oceanía.

Por el propósito de este informe, que se centra en el desarrollo alternativo, el análisis estará en la pro-ducción de cocaína y específicamente en uno de los eslabones (los cultivos de coca), tomando como refe-rencia lo ocurrido en la última década.

2.1. Tendencias y razones de los

descensos y el reciente ascenso

En 1990, Colombia era el tercer productor mun-dial de coca con volúmenes inferiores a los de Bolivia y muy distantes a los de Perú. El país era un jugador menor en la producción, pero tenía un importante pa-pel en el tráfico hacia los EE. UU. No obstante, en los años noventa, una serie de factores contribuyeron a la expansión de los cultivos, lo que llevó al país a ser el primer productor mundial10. Mientras que Perú te-nía el número mayor de hectáreas cultivadas de coca en 1990 (alrededor del 57% del total), Colombia tenía el más bajo, con el 19%. Para 1999, esta situación ha-bía cambiado radicalmente: Perú tenía el 21% y Boli-via el 12% de las hectáreas cultivadas, mientras que

Colombia tenía el 67%11.

Desde entonces Colombia ha sido el país con ma-yor número de hectáreas cultivadas y la mayor pro-ducción de cocaína. Diversos factores influyeron en la emergencia y crecimiento de los cultivos de coca:

la existencia de economías regionales poco moder-nas, con una distribución desigual de propiedades rurales y altamente vulnerables al cambio en los precios relativos12; el sistema político clientelista y la

7 RAND Corporation, What America’s Users Spend on Illegal Drugs: 2000–2010 (Washington, DC: Office of National Drug Control Policy, 2014).

8 DEA, Colombian Cocaine Production Expansion Contributes to Rise in Supply in the United States, DEA-DCT-DIB-014-17 (Washington, DC: Drug Enforcement Administration, 2017).

9 Hernando Zuleta, Coca, cocaína y narcotráfico, Serie Documentos CEDE (Bogo-tá: Universidad de Los Andes, 2017).

10 Francisco E. Thoumi, “Ventajas competitivas ilegales, el desarrollo de la in-dustria de drogas ilegales y el fracaso de las políticas contra las drogas en Afganistán y Colombia,” Análisis Político, No. 54 (May–August, 2005).

11 Daniel Mejía and Carlos E. Posada, “Cocaine Production and Trafficking. What do we know?” (Policy Research Working Paper Series, World Bank, 2007).

12 Ricardo Rocha García, La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2000).

11La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021 cultura de la ilegalidad13; la precaria infraestructura de comercialización y crisis económicas regionales14;

y la intensificación del conflicto armado15. Todo ello dado en amplios espacios geográficos con débiles o nulas capacidades institucionales para una presen-cia efectiva del Estado en los territorios.

Tras la desarticulación de los carteles de Medellín y Cali, el narcotráfico se reconfiguró y, tanto gue-rrillas como grupos paramilitares, encontraron en la producción y exportación de cocaína una fuente de recursos y de control territorial. El narcotráfico disparó la violencia. La tasa de homicidios pasó de menos de 30 por cien mil habitantes en 1978, a más de 70 en 199016. Además, de acuerdo con el Centro de Memoria Histórica, durante este conflicto arma-do, que se ha prolongado por más de medio siglo, han muerto más de 220.000 mil personas y más de 4.5 millones de colombianos han sido desplazados de manera forzada17.

Lo sucedido en el nuevo siglo se puede dividir en dos etapas. El descenso, que comienza a darse des-de el año 2000 durante la implementación del Plan

Colombia, con una baja sostenida hasta el 2005, pa-sando de 136.200 hectáreas de coca cultivadas a

85.750, según SIMCI. Luego hay un breve incremen-to que llegará hasta el 2008 y que fue seguido por una caída que alcanzó su punto más bajo en 2013.

Este periodo (2000-2013), comprende los últimos dos años del gobierno de Andrés Pastrana, el prime-ro y segundo mandato del presidente Álvaro Uribe

Vélez y los tres primeros años del presidente Juan

Manuel Santos.

La etapa más reciente es la de crecimiento a par-tir de 2014 y estabilización desde 2018, que coincide con el proceso de diálogo entre el Gobierno y la gue-rrilla de las FARC, la firma del Acuerdo de Paz y su actual implementación.

Las razones del descenso y del posterior aumen-to de los cultivos de coca han sido objeto de deba-te e interpretaciones. El principal instrumento para reducir la cantidad de hectáreas con coca sembra-das durante el periodo 2000 y 2008 fue la aspersión área con glifosato. El uso de esta herramienta ha ge-nerado una controversia en torno a los efectos am-bientales y en la salud, así como sus relativos niveles de eficacia18. En 2015, bajo el principio de precau-ción19, la Corte Constitucional decidió suspender las fumigaciones. Como se puede observar en la figura

2, también fue usada la erradicación manual forza-da, con escuadrones que operaban directamente en las zonas de cultivos.

De acuerdo con el Observatorio de Drogas del Mi-nisterio de Justicia y del Derecho, entre 2000 y 2008 fueron fumigadas alrededor de 1.150.000 hectáreas de coca y erradicadas casi 260.000, para un total de

1.409.000. La reducción neta en este periodo fue de

163.290 hectáreas a 80.953. Diferentes estudios se-ñalan que los efectos de la erradicación en la reduc-

13 Francisco E. Thoumi, Economía política y narcotráfico (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994).

14 Darío Betancourt and Martha Luz García Bustos, Contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia social de la mafia colombiana (1965 – 1992) (Bogotá:

Tercer Mundo Editores, 1994).

15 Ana María Díaz and Fabio Sanchez, Geografía de los cultivos ilícitos y el con-flicto armado en Colombia, Documento CEDE 2004-18 (Bogotá: Universidad de Los Andes, 2004).

16 Alejandro Gaviria, “Increasing Returns and the Evolution of Violent Crime: The Case of Colombia,” Journal of Development Economics, Vol. 61, No. 1 (2000).

17 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta Ya! Colombia: Memoria de Gue-rra y Dignidad. Informe General Grupo de Memoria Histórica (Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

18 Para ver los argumentos de esta controversia: Adriana Camacho and Daniel Mejía, “The health consequences of aerial spraying illicit crops: The case of Colombia,” Journal of Health Economics Vol. 54 (2017):147-160; Daniel M.

Rico, Orlando Scoppetta, Juan Pablo Alzate, and Alejandra González F., Verda-des científicas sobre el glifosato y salud pública, Informe 25, Vol. 1 (Bogotá:

Fundación Ideas para la Paz, 2016).

19 El principio de precaución se aplica cuando el riesgo o la magnitud del daño generado o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual generalmente ocurre por la falta de certeza científica absoluta acerca de las precisas consecuencias de un fenómeno, un producto o un pro-ceso. Corte Constitucional, Sentencia T-080/17. Disponible en: https://www.

corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-080-17.htm

12La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021 ción de los cultivos fueron muy pequeños20, y algunos de ellos concluyen que en realidad no tuvo impactos21.

Como se puede observar en la Figura 2, y sin se-ñalar una relación de causalidad, desde 2009 hasta

2013 tanto la aspersión aérea como la erradicación forzada de cultivos de coca descendieron, al mismo tiempo que las hectáreas cultivadas de coca también cayeron. Es importante resaltar que la suma de la as-persión y la erradicación manual estuvo por encima del área sembrada en una proporción más o menos constante, lo que podría indicar una presión por par-te del Estado y su relación con la disminución de las hectáreas de coca sembradas.

Una de las hipótesis es que en este periodo se dio un cambio de énfasis en las herramientas, cobrando importancia las incautaciones de cocaína y la des-trucción del número de laboratorios. De acuerdo con el economista Daniel Mejía, en el periodo de 2006 a

2009, las incautaciones aumentaron 60% y el núme-ro de laboratorios destruidos, 26%22. Además, se die-ron intervenciones territoriales como el Plan de Con-solidación Integral de la Macarena (PCIM), que será analizado más adelante.

Sin embargo, otras variables también podrían haber influido en esta caída: el caso del precio del oro, por ejemplo, que generó una transferencia de

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

CULTIVOS DE COCA HA.FUMIGACIÓN AÉREAERRADICACIÓN MANUAL FORZADA

2001 20022000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20 Marcela Ibáñez and Stephan Klasen, “Is the War on Drugs Working? Examining the Colombian Case Using Micro Data,” The Journal of Development Studies Vol. 53 (2017), No. 10; Daniel Mejía, Pascual Restrepo, and Sandra Rozo, “On the Effects of Enforcement on Illegal Markets: Evidence from a Quasi-Experiment in Colombia” (Policy Research Working Paper Series, World Bank Group, 2015).

fumigación aerea, erradicación manual forzada y cultivos de coca en colombia figura 2

Fuente: SIMCI y Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho

13La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021 mano de obra de personas que trabajan en el culti-vo de coca a la minería en algunas zonas del país23.

De acuerdo con la información del Banco Mundial, la cotización de la onza de oro se dobló en este pe-riodo, pasando de US$731 en 2007, a US$1.514 en

201224.

En cuanto al reciente ascenso de las hectáreas cultivadas las razones son diversas. El aumento ocurrió en medio de los diálogos del gobierno del presidente Santos con la guerrilla de las FARC en La

Habana (Cuba), y el vacío en la estrategia del Estado para contener la producción de cocaína en Colom-bia. La aspersión aérea fue suspendida, la erradica-ción forzada tuvo un notable descenso y las inter-venciones de desarrollo alternativo se debilitaron.

En 2013, se hizo público el acuerdo al que habían llegado el Gobierno y las FARC respecto al tema de las drogas ilícitas, que incluía el aumento de la ofer-ta estatal y beneficios para las familias que tuvieran cultivos de coca. Esto generó incentivos perversos que presionaron el aumento en el número de hectá-reas25. En todo caso, es importante mencionar que no hay razones sencillas ni únicas; en realidad, se encuentran múltiples factores como la caída del precio del oro, el alza en el precio del dólar, el au-mento de la demanda en los países consumidores y la recomposición del narcotráfico en las zonas de influencia de las FARC tras su desarme, los cuales deben ser entendidos en el marco de la debilidad de las instituciones del Estado para tener una presen-cia efectiva en las regiones26.

En el balance general de las herramientas usadas por el Estado colombiano para disminuir los cultivos ilícitos, surge la pregunta sobre la sostenibilidad. Si bien en el corto plazo se logran reducciones signifi-cativas, en el mediano y largo plazo estas medidas son insuficientes ya que no logran cambiar los fac-tores que han permitido que surjan y se mantengan en determinados territorios a través del tiempo.

Para entender y valorar esta afirmación es im-portante considerar las características y patrones de los cultivos de coca y las zonas donde se encuen-tran, que también surgirán como guía para la lectu-ra de este documento.

2.2. Características y patrones

de los cultivos de coca en Colombia

El desafío planteado por los cultivos ilícitos tiene varias dimensiones: se concentra de manera per-sistente en determinados municipios y veredas que, en promedio, se caracterizan por la débil presencia institucional y la baja oferta de bienes y servicios;

compromete a poblaciones que desarrollan una alta dependencia de esta actividad ilegal, con una pro-porción importante de aquellos que se encuentran en situación de pobreza; y es el eslabón de la cadena que obtiene menores rentas.

• Concentración territorial: mucha coca en poco territorio. En el periodo de 2010 a 2018, en 266 municipios —que equivalen al 26% del total del país— se detectaron cultivos de coca.

En 2013, el año en que se registraron menos hectáreas, 203 municipios tuvieron cultivos, y esa cifra bajó a 176 en 201927. Al conside-

23 Como lo señala Álvaro Balcázar en sus comentarios a este texto: “Esa relación se puede establecer con claridad en el sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño.

En otras regiones cocaleras donde hubo reducción de los cultivos de coca no es fácil comprobar esa relación de atracción de la mano de obra hacia la minería de oro (Meta, Guaviare, Caquetá, Cauca y Nariño entre otras). Estas regiones aportaron la mayor área de descenso”.

Illegal Crops: Evidence from a Naive Policy Announcement” (LACEA Working Paper Series, No. 0033, 2019).

26 Juan Carlos Garzón and María Victoria Llorente, ¿Por qué siguen aumentando los cultivos de coca en Colombia? (Bogotá: Fundación Ideas para la Paz, 2018).

14La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021 rar la extensión, se encuentra que el territorio con coca suma 141.125 km2 (es decir, el 12% del país). La distribución de las hectáreas cul-tivadas no es homogénea; por el contrario, el

48% de los cultivos se encuentran en solo diez municipios, destacándose Tibú, Norte de San-tander y Tumaco, Nariño, con el 20%28.

Como señala SIMCI, los cultivos de coca han tendido a concentrarse en zonas especí-ficas, en parte como respuesta a las acciones de interdicción y demás estrategias ejecutadas por parte del Gobierno Nacional29.

• Persistencia en el tiempo: permanencia estable de los cultivos. De acuerdo con el

SIMCI, el 25% del territorio con coca en 2018 completó diez años o más con hectáreas cul-tivadas30. En 2013, el punto más bajo de la serie, este porcentaje era del 17%31. El 82% de la coca identificada en 2018 se encontró en estos territorios históricamente afectados32.

Esta persistencia es notable en departamen-tos como Cauca, Putumayo, Nariño y Norte de Santander, ubicados en la frontera o en la costa pacífica colombiana.

• Miles de familias dependen de esta activi-dad y un porcentaje significativo vive en condiciones de pobreza. Algunas estimacio-nes señalan que alrededor de 180.000 fami-lias estarían involucradas directamente en los cultivos de coca33, número al habría que sumarle aquellas que indirectamente se re-lacionan con esta actividad. Tomando como base la población que hace parte del Progra-ma Nacional Integral de Sustitución de Culti-vos Ilícitos (PNIS) —creado en la implemen-tación del Acuerdo de Paz—, el 57% de las familias en territorios con coca se encuentra en situación de pobreza monetaria34.

• El cultivador de coca es el eslabón más débil de la cadena, con ingresos marginales. Se-gún las estimaciones realizadas por el SIMCI en 2019, el ingreso mensual para una fami-lia por hectárea de coca estaría alrededor de los $830.067 (US$296), para un total anual de $9.960.804 ($3.552). El precio de la hoja de coca necesaria para producir un kilogra-mo de cocaína es US$66435. De acuerdo con

UNODC, este valor se multiplica tres veces cuando la hoja es convertida en clorhidrato, entre 6 y 26 veces cuando este es exportado a Centroamérica o México, y entre 42 y 200 veces cuando llega a Estados Unidos36. Por tanto, lo que recibe el cultivador es una ínfi-ma parte del mercado internacional —inclu-so en un escenario de aumento de precios— y por lo general está determinado por el grupo armado ilegal. Las mayores ganancias se en-cuentran en la exportación y distribución al detalle en los países consumidores.

27 Estimaciones propias basadas en la información del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho. Disponible: http://www.odc.gov.co/ sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio

UNODC, 2019).

lón, vulnerabilidad e integralidad de políticas,” Archivos de Economía, Doc.

431, Dirección de Estudios Económicos, 2015; Mejía, Plan Colombia: An Analy-sis of Effectiveness and Costs.

34 Juan Carlos Garzón, Juan David Gélvez, and UNODC Alternative Development Monitoring Team, ¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca? Caracterización de las familias beneficiarias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) (Bogotá: Fundación Ideas para la Paz, UNODC, 2018).

35 UNODC, Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019 (Bogotá: UNODC, 2020).

36 UNODC, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018

15La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021

• Los territorios con cultivos de coca tienen rezagos importantes de infraestructura, baja presencia estatal y falta de integración con el mercado legal. Los municipios que tie-nen cultivos de coca son, en promedio, más pobres que el resto de los municipios del país.

Además, tienen bajos ingresos tributarios, altos niveles de informalidad sobre la tie-rra, limitados niveles de conectividad —con una pobre red vial y menos acceso a la red energética—, y bajos niveles de desarrollo institucional37. La coca se ha establecido y expandido donde la presencia del Estado es más débil y la oferta de bienes y servicios públicos es escasa. Bajo estas condiciones, “es importante entender que, en compara-ción con los productos legales, aunque la coca puede tener una rentabilidad más baja en comparación con el café o el cacao, per-mite acceder a fuentes de ingreso en con-textos de altos costos del transporte fluvial y terrestre, ausencia de instalaciones para el acopio y almacenamiento, falta de cadenas de comercialización y el difícil acceso a cré-dito, entre otros factores”38.

• Los cultivos de coca se han tecnificado y aumentado sus rendimientos. Mientras que el rendimiento de hoja fresca de coca por hectárea en 2014 fue de 4,7 toneladas en el año, en 2019 este número llegó a 5,839. Los cambios en las prácticas de agricultura y el uso de diferentes variedades han llevado a un mayor rendimiento, acortando los perio-dos de cosecha y haciendo más resistentes los cultivos al clima y las enfermedades40.

Además, UNODC señala la conformación de enclaves de producción que funcionan bajo una lógica particular en la cual los mercados se adaptan para estimular la productividad con la introducción de diferentes varieda-des, el acceso a asistencia técnica agrícola, la racionalización de los agroquímicos, la facilidad de acceso a la mano de obra y tam-bién a sustancias químicas41. Estos factores ayudan a entender por qué mientras que el número de hectáreas de coca se estabilizó en 2018, el potencial de producción continuó subiendo.

• Una parte importante de los cultivos de coca están en áreas de manejo especial. En

2018, el 47% de los cultivos se encontraba en

Parques Nacionales Naturales, resguardos indígenas, tierras de comunidades negras y zonas definidas por la Ley 2 de 1959 (Zonas de Reserva Forestal), que establece la res-tricción para la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre42. La intervención del Estado se rige por condiciones y restric-ciones especiales. Por ejemplo, en el caso de los resguardos y los consejos comunitarios, para que el Estado pueda intervenir en la re-ducción de los cultivos ilícitos, se requiere una consulta previa con las comunidades, lo que condiciona las posibilidades de inter-vención.

37 Hernando Zuleta, “Coca, cocaína y narcotráfico”; National Planning Depart-ment, “Narcomenudeo, un lucrativo negocio que mueve $6 billones anuales,” October 28, 2016.

38 Garzón et al., ¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca?, 14.

39 UNODC, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018, 51;

UNODC, “Summary Fact Sheet – Colombia Coca Cultivation Survey, 2019” (2020).

vos ilícitos 2019” (2020).

42 UNODC, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018, 16.

16La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021

Estas características muestran que la meta de reducción de los cultivos ilícitos no solo implica la disminución de las hectáreas sembradas y la ca-pacidad de producción —bajo una perspectiva de corto plazo—, sino también la transformación de las condiciones territoriales y la generación de condi-ciones para romper la dependencia que tienen las poblaciones de esta economía ilegal, lo que implica una respuesta de largo plazo. Este es justamente el objetivo del “desarrollo alternativo” que se propone el cambio de las condiciones socioeconómicas y la generación de oportunidades, con la participación de las comunidades, a partir de una secuencia lógi-ca y coherente.

LAS RESPUESTAS

A LOS CULTIVOS DE

COCA Y EL PAPEL DE

LA COOPERACIÓN DE

LOS EE. UU.

18La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021

3. Las respuestas a los cultivos de coca y el papel de la Cooperación de los EE. UU.

La cooperación de los EE. UU. en la política anti-narcóticos tiene sus primeros antecedentes en la dé-cada de los 70, cuando el presidente Richard Nixon declaró la denominada “guerra contra las drogas”.

Desde entonces, Estados Unidos ha tenido una fuerte influencia en la agenda antidrogas en Colombia, que llegó a su punto más alto en el nuevo siglo con el Plan

Colombia43. La manera como el país suramericano ha respondido a este desafío ha dependido, en gran medida, de la aproximación estadounidense a este problema44.

Durante los 80, esta agenda tomó fuerza por la creciente preocupación en EE. UU. con el consumo de drogas ilegales y el crimen asociado a ellas. En

1989, bajo la Iniciativa Andina impulsada por la ad-ministración del presidente Bush, Colombia comenzó a tener un lugar destacado en la lucha contra el nar-cotráfico45. Como ya se señaló, en la primera mitad de los 90 los carteles colombianos tomaron fuerza encargándose del tráfico y la exportación; y en la se-gunda, Colombia se convirtió en el principal produc-tor de cocaína a nivel mundial.

En 1999, el gobierno de Colombia, con el apoyo de los EE. UU, anunció la estrategia conocida como el

Plan Colombia, inicialmente por un periodo de seis años, que se propuso reducir en un 50% la producción de drogas ilícitas, especialmente cocaína, en un pla-zo de diez años, y mejorar las condiciones de seguri-dad, recuperando extensas zonas que estaban bajo el control de los grupos armados ilegales46.

En el periodo de 2000 a 2006, se implementó el

Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, que se enfocó en fortalecer las capacida-des de la Fuerza Pública, así como los mecanismos de interdicción y erradicación de cultivos, con un componente de desarrollo alternativo en las regiones afectadas por el conflicto armado. En el periodo de

2007 a 2009, se desarrolló la Estrategia de fortale-cimiento de la democracia y del desarrollo social que canalizó los recursos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico47.

En el contexto del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, se dio un giro de un plan antinarcó-ticos hacia una estrategia antiterrorista: la “guerra contra las drogas” se volvió un apéndice de la “guerra contra el terrorismo”48. Es a partir de este momento que el Gobierno inicia el proceso de nacionalización del material y los programas militares entregados en el Plan Colombia49. Además, es importante mencionar que en 2006 el partido Demócrata ganó la mayoría de las dos Cámaras en la elecciones del Congreso de los Estados Unidos. En 2007, los recursos destinados a Colombia se redujeron drásticamente para la erra-dicación y la asistencia militar, mientras que aumentó la asistencia para el desarrollo.

En 2009, los recursos dados por los Estados Uni-dos no superaban el 10% de lo que los colombianos invirtieron en seguridad; el país pasó de dedicar me-nos del 2% del PIB en 2000 a gastos militares y poli-ciales, a más del 4% del PIB en 201050.

En la medida en que Estados Unidos se conside-raba un socio decisivo para la implementación de la política de Seguridad Democrática durante el gobier-no del presidente Álvaro Uribe, el mantenimiento de

43 Jonathan Rosen and Roberto Zepeda, “Counternarcotic Policies and Coopera-tion in Colombia: A shift in policy?” in Roberto Zepeda and Jonathan Rosen, eds., Cooperation and Drug Policies in the Americas: Trends in the Twen-ty-First Century (Lanham, MD: Lexington Books, 2014).

44 Arlene B. Tickner and Carolina Cepeda Másmela, “Las drogas ilícitas en la re-lación Colombia-Estados Unidos,” in Alejandro Gaviria and Daniel Mejía, eds., Política antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos (Bogotá: Univer-sidad de Los Andes, 2011).

Congressional Research Service, 2019), 27.

ponses (Washington, DC: Congressional Research Service, 2015).

50 Beittel, “Colombia: Background and U.S. Relations,” pg. 29.

19La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021 la cooperación de Washington fue el eje central de la política exterior colombiana. De esta manera, Co-lombia buscó una ayuda externa para solucionar un problema interno51.

EN 2007, el Gobierno lanzó —como un piloto— el Plan Integrado de Consolidación La Macarena

(PCIM) y en 200952 el Plan Nacional de Consolida-ción, que identificó 15 zonas prioritarias para con-solidar la presencia continua de las instituciones del

Estado, fortalecer la seguridad, erradicar los cultivos ilícitos y promover el desarrollo en las comunidades marginales. Estados Unidos se alineó con este plan a través de la Iniciativa de Desarrollo Estratégico de

Colombia (CSDI), que buscaba enfocar mejor los re-cursos de la cooperación antinarcóticos, a medida que se reducían los fondos del Plan Colombia53.

Durante el Plan Colombia, en el periodo de 2000 a 2008, Colombia invirtió aproximadamente US$812 millones por año en la lucha contra las drogas; mien-tras que la cooperación de los EE. UU. para el com-ponente militar enfocado a reducir la producción y exportación de estupefacientes fue en promedio de

US$540 millones por año54. En el periodo de 2003 a

2007, la asignación del componente militar fue esta-ble (representando el 80% del total), y partir de 2008 comenzó a disminuir, mientras que el componente social e institucional aumentó55. Los recursos de coo-peración provenientes de los EE. UU. se redujeron sistemáticamente. El financiamiento antinarcóticos dado al Departamento de Defensa llegó a su punto más bajo en 2014 (Figura 3) y los fondos asignados al Departo de Estado y USAID continuaron descen-diendo hasta 2016 (Figura 4)56.

A partir de 2007, el consenso bipartidista en los

Estados Unidos es que un país de ingresos medios como Colombia no necesitaría los niveles de asisten-cia que se dieron en el Plan Colombia, y que debería asumir gradualmente más responsabilidades finan-cieras, tanto en los programas de erradicación como en aquellos enfocados al desarrollo57.

51 Tickner et al., “Las drogas ilícitas en la relación Colombia-Estados Unidos.”

Rosen, International Drug Control Policy: Background and U.S. Responses.

52 Adam Isacson, Consolidating “Consolidation”: Colombia’s “security and deve-lopment” zones await a civilian handoff, while Washington backs away from the concept (Washington, DC: Washington Office on Latin America, 2012).

53 Clare Ribando Seelke, Liana Sun Wyler, June S. Beittel, and Mark P. Sullivan, Latin America and the Caribbean: Illicit Drug Trafficking and U.S. Counterdrug Programs (Washington, DC: Congressional Research Service, 2011).

eficiencia,” in Gaviria et al., eds., Política antidroga en Colombia: éxitos, fra-casos y extravíos.

56 GAO, Colombia: U.S. Counternarcotics Assistance Achieved Some Positive Results, but State Needs to Review the Overall U.S. Approach, GAO-19-106 (Washington, DC: United States Government Accountability Office, 2018), 14-15.

57 Este punto lo resalta Adam Isacson es sus comentarios, citando el reporte Adam Isacson stressed this point in his comments, citing the 2008 GAO re-port. PLAN COLOMBIA. Drug Reduction Goals Were Not Fully Met, but Security Has Improved; U.S. Agencies Need More Detailed Plans for Reducing Assistan-ce, GAO-09-71 (Washington, DC: GAO, 2008).

financiamiento antinarcóticos estimado del departamento de defensa y cultivos de coca en colombia figura 3

CULTIVOS DE

COCA HA. (SIMCI)

FINANCIAMIENTO

ANTINARCÓTICOS ESTIMADO

DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

HE

CT

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EA

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DE

C

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A

EN

M

ILL

ON

ES

D

E D

ÓL

AR

ES

Fuente: GAO & SIMCI/UNODC

20La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021

La cooperación de los Estados Unidos se ha enfo-cado en tres herramientas principales para reducir la producción y exportación de las drogas ilegales, con el propósito de evitar que lleguen a ese país. El pun-to de partida ha sido que reducir la oferta conducirá a aumentos sostenidos de los precios, lo que debería reducir el consumo de drogas, disminuyendo así el abuso.

La erradicación de los cultivos ilícitos, que pue-de hacerse de manera aérea —a través de la fumiga-ción— o terrestre, busca destruirlos e impactar el po-tencial de producción. La interdicción, por su parte, está enfocada en impactar la producción y el tráfico a través de incautaciones de drogas ilegales y pre-cursores, e incluye la destrucción de laboratorios e infraestructura. Y el “desarrollo alternativo” —deno-minado también “desarrollo rural integral”—, que tie-ne el objetivo de generar las condiciones necesarias para el tránsito a la economía legal.

En el desarrollo de la lucha antinarcóticos parti-cipan múltiples agencias, destacándose la Oficina de

Narcóticos Internacional y Asuntos de Aplicación de la Ley (INL por su nombre en inglés), del Departa-mento de Estado, que tiene como objetivo apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano para reducir los cultivos de coca, interrumpir la producción y el trá-fico de cocaína y desmantelar los grupos delictivos organizados transnacionales58.

En lo que se refiere a la agenda vinculada con la política de drogas, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es responsable de apoyar los esfuerzos de desarrollo alternativo, al tiempo que se encarga de implementar múltiples pro-gramas y actividades que van más allá de la políti-ca antinarcóticos. Es importante mencionar que los fondos dados a USAID y el Departamento de Estado también tuvieron una progresiva contracción desde el 2010 al 201659. Un asunto que llama la atención es que la baja en los recursos de cooperación guarda re-lación con el aumento de los cultivos de coca en Co-lombia (Figura 5).

El gobierno del presidente Barack Obama anunció en 2016 una iniciativa apoyando el proceso de paz denominada Paz Colombia, reorientando los recur-sos hacia la implementación del Acuerdo y estable-ciendo como uno de sus objetivos la consolidación en materia de seguridad y la lucha contra el narcotrá-fico. Esto se tradujo en el aumento de los fondos de cooperación destinados a Colombia en 2017.

fondos de cooperación asignados al departamento de estado y usaid, y cultivos de coca en colombia figura 4

Fuente: GAO & SIMCI/UNODC

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

$100

$200

$300

$400

$500

$600

CULTIVOS DE

COCA HA. (SIMCI)

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Y ASISTENTE DE USAID

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 $0

HE

CT

ÁR

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D

E D

ÓL

AR

ES

58 “Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs: Colombia Summary,” US Department of State.

59 GAO, Colombia: U.S. Counternarcotics Assistance Achieved Some Positive Re-sults, but State Needs to Review the Overall U.S. Approach, 14.

21La cooperación de los Estados Unidos, los cultivos ilícitos y el Desarrollo Alternativo en Colombia / Marzo 2021

Durante la administración de Donald Trump, la posición de los Estados Unidos se endureció, vol-viendo a poner sobre la mesa la posibilidad de des-certificar a Colombia. Si bien el presupuesto solici-tado por la Casa Blanca para el año fiscal 2019 fue de US$265 millones (una reducción del 32% de los

US$391 millones aprobados por el Congreso en el año fiscal 2018)60, la Ley de Asignaciones Conso-lidadas de 2019 definió recursos por “no menos” de

US$418 millones61. Esta asistencia adicional se cen-tró en los esfuerzos de erradicación y prohibición de drogas, así como en la seguridad rural.