Attachment J.25 FIP GUAVIARE.pdf

SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROYECTO

DEL CAPITOLIO AL TERRITORIO:

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP)

Juan Carlos Garzón Director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz

Autores:

Andrés Cajiao Investigador

Sergio Arrieta Consultor

(*) Este proyecto cuenta con el apoyo financiero del Reino Unido. Los contenidos de este informe no comprometen su opinión sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

Fotos Equipo de la Representante a la

Cámara Juanita Goebertus.

Edición y corrección de estilo Martín Franco Velez

Diseño y diagramación Ladoamable ltda www.ladoamable.com

ISBN

978-958-5517-54-7

BOGOTÁ, COLOMBIA

AGOSTO 2020

4¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

avancEs y dEsafíos

Vereda Colinas, San José del Guaviare. Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Jaime Pardo Leal”Presentación

Este informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz está basado en en-trevistas y diálogos con actores locales, así como en las acciones de seguimiento y requerimientos a las instituciones que se realizaron luego del viaje de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes a San José del Guaviare, en el proyecto

“Del Capitolio al Territorio”.

La firma del Acuerdo de Paz con las FARC generó un cambio en las dinámicas de la confrontación en Guaviare: disminuyó la intensidad del conflicto, a pesar de que aún persisten las afectaciones sobre las comunidades (principalmente en zo-nas rurales). El reclutamiento forzado, por ejemplo, es un fenómeno generalizado en el departamento que afecta principalmente a las comunidades indígenas.

La implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(PDET) y Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) tie-ne retrasos y se enfrentan a importantes desafíos asociados a las restricciones am-bientales y a la ausencia de ordenamiento territorial. La reincorporación avanza de manera diferenciada para los excombatientes de los dos antiguos ETCR (Colinas y

Charras), pero su gran dificultad está atada al acceso a la tierra y a la reincorpora-ción económica. La reparación de víctimas continúa siendo una deuda por parte del Estado y el acceso a las indemnizaciones sigue siendo limitado. Un efecto no deseado de la desmovilización de las estructuras de las FARC ha sido el aumento en la deforestación de zonas protegidas.

5¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

01.

Seguridad territorial y dinámicas del conflicto

En el Guaviare, el impacto de la firma del

Acuerdo de Paz sobre la seguridad territorial fue diferenciado. El desarme —parcial— de las estruc-turas de las FARC generó una disminución sus-tancial en la influencia y accionar de los grupos armados, aliviando el impacto sobre las comuni-dades; sin embargo, desde antes de la firma del

Acuerdo, se gestó la conformación del primer sector disidente, liderado por el frente 1.

En los últimos años, en el Guaviare se ha ve-nido configurando un escenario de continuidad del conflicto armado y del crimen organizado en medio de la implementación del Acuerdo de Paz.

En esta región hay disidencias conformadas por exintegrantes de los antiguos frentes 1 y 7 de las

FARC, que ejercen control territorial y sobre las economías ilegales; además, los actores locales hacen referencia a estructuras narcotraficantes que trabajan bajo el permiso y monitoreo de las disidencias. También hay rumores vinculados a la influencia de estructuras de las Autodefensas Gai-tanistas de Colombia —conocidas como el Clan del Golfo— en zonas urbanas, principalmente en

San José del Guaviare.

La disidencia del frente 1 tiene influencia en los municipios de San José del Guaviare, El Re-torno, Calamar y Miraflores, en corregimientos y veredas como Charras (donde se encuentra un

ETCR), Charrasqueras, Guanapalo, Puerto Alegre, Barranco Colorado, Puerto Alvira y Mocuare, La

Libertad, La Unilla, Tomachipán, Puerto Iris, La

Paz, Barrancón y Barranquillita, y ejerce control, principalmente, sobre puntos estratégicos de los corredores de movilidad fluviales sobre los ríos

Guaviare, Inírida y Vaupués, así como en sus dos principales afluentes: los ríos Itilla y Unilla. Estos ríos son de vital importancia para acceder a zonas de resguardo, movilizar cocaína y armas, además de ser la salida a Venezuela y Brasil1.

Aunque la disidencia del frente 7 tiene mayor presencia en el sur del Meta y Caquetá, en el Gua-viare se encuentra en los límites con La Macarena, Vistahermosa, Puerto Rico y Puerto Concordia

(Meta), en el occidente de San José del Guaviare, y en la zona occidental de El Retorno y Calamar.

Su principal núcleo de acción está sobre las vere-das cercanas al río Guayabero. En el departamen-to, las veredas con mayor influencia son La Carpa, Puerto Nuevo y Puerto Cachicamo —todas sobre el río Guayabero— y tiene influencia en zonas cer-canas al ETCR de Colinas (Ver Mapa 1).

Estas dos estructuras conviven y respetan sus límites territoriales, manteniendo un alto grado de comunicación y coordinación. Si bien algunas versiones han especulado sobre la unificación de mando en cabeza de Gentil Duarte, esto no es del todo claro debido a que el comportamiento de cada disidencia es diferente: no tienen directri-ces unificadas y se perciben como organizaciones distintas. Se conoce, por ejemplo, que el frente 7 tiene una relación más represiva y hostil con las comunidades y líderes sociales que el frente 1.

El accionar de estas estructuras presenta cambios y continuidades: aunque siguen imple-mentando manuales de conducta y continúan con su trabajo político y el control de la pesca —como lo hacían las antiguas FARC—, algunos actores del territorio perciben la pérdida de la “línea fariana” y un cambio en su perspectiva sobre la protección ambiental. Como se detallará, actualmente permi-ten y promueven la deforestación como forma de construir una base social.

FIP_Disidencias_Final.pdf

6¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

En los últimos dos años, estas estructuras lograron fortalecerse y consolidarse en el de-partamento, aunque no han llegado a tener la capacidad armada y la presencia territorial que lograron los antiguos frentes de las FARC. Am-bas disidencias operan por medio de pequeñas comisiones2, que están en constante movimiento, y cuentan con tareas específicas en sus zonas de injerencia. Esta falta de capacidad ha generado un cambio en las estrategias operacionales, evi-tandos los enfrentamientos con la Fuerza Pública.

Por lo general, estos grupos van vestidos de civil para evitar ser identificados y su actividad bélica se caracteriza por acciones de bajo esfuerzo mili-tar, como hostigamientos, ataques a bines civiles y emboscadas3.

Mapa 1. Zonas de influencia de los grupos armados ilegales en el sur del Meta, Guaviare y Caquetá

Fuente: Elaboración propia FIP

ECUADOR

LÍMITE

DEPARTAMENTAL AGC O CLAN DEL GOLFO27

TF

7PNN SERRANÍA

DEL CHIRIBIQUETE

LÍMITE MUNICIPAL

CONVENCIONES GRUPO ARMADO ORGANIZADODISIDENCIA DE LAS FARC

SOLANO

MITU

PACOA

CALAMAR

MAPIRIPAN

SAN JOSE DEL GUAVIARE

CUMARIBO

MIRAFLORES

CARURU

LA MACARENA

MIRITI-PARANA

LA URIBE

EL RETORNO

SAN VICENTE

DEL CAGUAN

PAPUNAUA

PUERTO LEGUIZAMO

SAN MARTIN

CARTAGENA DEL CHAIRA

MAPIRIPANA

PUERTO RICOVISTAHERMOSA

MORICHAL

PAEZ

NEIVA

PUERTO GAITAN

MESETAS

TA

RA

IR

A

PUERTO GUZMAN

MILAN

LA CHORRERA

ATACO

FL

OR

EN

CI

A

LA VICTORIA

INZA

AIPE

PUERTO ALEGRIA

PUERTO SANTANDER

CO

LO

MB

IARIO

BL

AN

CO

PLANADAS

PUERTO LLERAS

EL DONCELLO

LA PLATA

TELLO

LEJANIAS

SOLITA

IQUIRA

NATAGAIMA

GIGANTE

LA

P

ED

RE

RA

PIT

AL

ITO

EL PAUJIL

PUERTO ASÍS

ALGECIRAS

PALERMO

RIVERA

AC

EV

ED

O

GARZON

VALPARAISO

TESALIA

PALMIRA

VI

LL

AV

IEJ

A

DOLORES

YAVARATE

NATAGA

EL CASTILLO

BARAYA

ALBANIA

SUAZA

PRADERA

TERUEL

LA MONTA¥ITA

CURILLO

TARQUI

FUENTE DE ORO

TORIBIO

PUERTO CONCORDIA

CHAPARRAL

ALPUJARRA

PITAL

SAN JUAN DE ARAMA

PANA PANA

ISNOS

FLORIDA

GUADALUPE

SANTA MARIA

BELEN DE LOS ANDAQUIES

HOBO

PALESTINA

AGRADO

CORINTO

TIMANA

OPORAPA

PAICOL

CAMPOALEGRE

MORELIA

GRANADA

PUERTO CAICEDO

YAGUARA

ALTAMIRA

ELIAS

MIRANDA

EL CERRITO

BARRANCO MINAS

META

CAQUETÁ

GUAVIARE

VAUPÉS

HUILA

AMAZONAS

PUTUMAYO

VICHADA

TOLIMA

GUAINÍA

CAUCA

7¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

Grafico 1. Acciones de la confrontación armada en el Guaviare 2016 - Junio 20204

Fuente: Base del Conflicto FIP.

Este cambio operacional, así como el escena-rio de cooperación, han generado la disminución de las acciones armadas y la violencia indiscrimi-nada. Sin embargo, esta reducción no se ha tradu-cido en menor presión y control que ejercen estas estructuras sobre algunas de las comunidades:

no solo continúan los desplazamientos forzados

—muchos de ellos asociados al reclutamiento for-zando y a la negativa para continuar con el cultivo de coca—, sino también la extorsión, la imposición de manuales de conducta, el censo y carnetiza-ción de las comunidades, las amenazas contra lí-deres sociales (principalmente por el frente 7 en la zona del Guayabero), y el reclutamiento forzado.

Actores locales expresan su preocupación por el reclutamiento de menores en el departamento, un fenómeno generalizado y con un alto subre-gistro por la falta de denuncias. Esta situación se da por la poca confianza en las instituciones y su incapacidad de prestar seguridad a las comuni-dades. Además, los nuevos métodos de recluta-miento —el ofrecimiento de recursos económicos y “oportunidades de empleo”—, permiten la nor-malización o la percepción de voluntariedad del reclutamiento, práctica que asumió la comunidad debido a su histórica convivencia con este flagelo.

Las comunidades indígenas son las más afec-tadas por este fenómeno; según uno de los en-trevistados, un gran porcentaje del frente 1 está compuesto por jóvenes provenientes de estas co-munidades. También se hace referencia al recluta-miento de población venezolana por parte de las diferentes estructuras disidentes.

La Consejería Presidencial para los Derechos

Humanos y Asuntos Internacionales informó so-bre una “solicitud de protección por amenazas se-rias de reclutamiento a niños, niñas y adolescentes en el municipio del El Retorno” 5. Por su parte, la

Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempra-nas por casos de reclutamiento en la región, y se realizaron recomendaciones a las instituciones competentes. No obstante, la Defensoría señala que existe una “respuesta insuficiente por parte de las entidades”, al tiempo que llama la aten-ción sobre la “ausencia de respuesta por parte del

ICBF, las secretarías de Educación municipales y departamentales, y la Comisión Intersectorial de

Prevención del Reclutamiento, Utilización y Vio-lencia sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes

(CIPRUNNA)” 6.

ACCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA

ACCIONES DE LOS GRUPOS ARMADOS

2016 2017 2018 2019 2020

0 0

6 Respuesta de la Defensoría del Pueblo a Derecho de Petición con Radicado 20200050050388192.

8¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

Estas estructuras fueron, en principio, muy reacias a la implementación del Acuerdo de Paz y tuvieron un discurso en contra. Sin embargo, con el avance de la implementación, su postura cam-bió y no se perciben acciones concretas en contra de este proceso. Por el contrario, han permitido el desarrollo de programas como el PNIS y los ade-lantos en las obras PDET.

Sin embargo, las disidencias utilizan los retra-sos e incumplimientos en la implementación, así como la ausencia del Estado, para legitimar su discurso en contra del Gobierno y construir una base social rechazando las intervenciones de las instituciones, así como la promoción de la coca como actividad económica y la deforestación. En cuanto a la reincorporación, hasta el momento las disidencias han respetado el proceso y no se pre-sentan agresiones contra los excombatientes.

La respuesta del Estado En el marco de la Política de Defensa y Seguri-dad, el Gobierno viene adelantando acciones con-juntas entre las Fuerza Militares y la Policía a tra-vés de la “Operación Zeus”, lanzada para combatir a los grupos armados en la región de los llanos orientales7. En Guaviare se han realizado diferen-tes operaciones policiales y militares en contra de las disidencias, que dejan como resultado la cap-tura (86 personas entre 2018 y 2019) y muerte (22 en los mismos años) de algunos mandos disiden-tes e integrantes de estos grupos armados8. Sin embargo, estas acciones no lograron debilitar la estructura y el funcionamiento de los frentes 1 y 7, que continúan con su proceso de fortalecimiento.

Actores locales coinciden en afirmar que la estrategia del Estado se ha concentrado en el aspecto militar, que perciben como insuficiente, pues no termina por cambiar las condiciones de seguridad. Destacan también la falta de presencia institucional y la desarticulación de las interven-ciones que se proponen transformar las condicio-nes del territorio.

Otro tema importante es la falta de capaci-dades judiciales. A pesar que la firma del Acuer-do permitió fortalecer la capacidad del sistema judicial (jueces, defensores y fiscales), y ampliar la cobertura territorial, las autoridades locales aseguran que no cuentan con los recursos para responder a las necesidades y a la cantidad de procesos que se llevan en el departamento. Debi-do a esto, los procesos judiciales se centralizan en

Villavicencio, lo que dificulta el acceso de las co-munidades a la justicia y el seguimiento a los pro-cesos, y demora las acciones de judicialización de los miembros de las estructuras y grupos crimina-les. Por este motivo, los distintos actores solicitan incrementar el número de jueces de todo tipo9.

Al respecto, el Consejo Superior de la Judica-tura y la Consejería Presidencial para la Estabili-zación y la Consolidación planeaban realizar un encuentro para intercambiar ideas con la ART, en febrero de 2020, con el fin de encontrar solucio-nes a las problemáticas identificadas frente a la poca presencia institucional de la rama judicial en los municipios PDET10. Sin embargo, hasta el mo-mento, no se conocen acciones concretas.

7 Respuesta del Derecho de petición al Ministerio de Defensa con Radicado No.

13031

Radicado PCSJO19-1754.

9¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

02.

Desarrollo Rural Integral

En enero de 2019 se firmó el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), para los

12 municipios de la región de Macarena-Guavia-re11. Del proceso de participación hicieron par-te 14.189 personas, quienes construyeron 14.266 iniciativas comunitarias y 1.756 municipales que sirvieron como base para las 84 iniciativas subre-gionales que componen el PATR. Durante este proceso también se construyeron 10 pactos étni-cos, 12 municipales y 12 comunitarios12. La cons-trucción del PDET fue un proceso con amplia participación que logró recoger las necesidades e intereses comunitarios. Esto generó expectati-vas vinculadas a la generación de espacios para el desarrollo económico a través de sectores como el turismo.

Hasta abril de 2020 —casi año y medio de la firma del PDET—, en la subregión Macarena, según la ART “se han adelantado 258 proyectos por $218.345 millones, que incluyen Obras PDET, proyectos productivos, Obras por Impuestos y

OCAD Paz”13. Al 15 de junio de 2020, en Guaviare se ejecutaron 72 Obras PDET (15 en Calamar, 24 en El Retorno, 11 en Miraflores y 22 en San José del Guaviare) enfocadas en la construcción de alcantarillados, construcción y mejoramiento de casetas comunitarias, parques recreativos y de-portivos, baterías sanitarias, un aula escolar rural en Miraflores y pequeños arreglos en algunas vías terciarias.

Algunos líderes sociales reconocen avances en la implementación del Acuerdo, ligados es-trechamente a la ejecución de estas obras PDET, aunque señalan también retrasos en la implemen-tación de las iniciativas contenidas en el PATR.

Frente a esto, destacan el carácter participativo en la ejecución de las obras, involucrando a las

Juntas de Acción Comunal y la comunidad, algo que le dio legitimidad y confianza al proceso14.

Como se observa en el Mapa 2, hay una concen-tración geográfica de las obras. Esto genera una percepción diferenciada del avance del PDET, que podría estar vinculada a la cercanía a la ejecución y la participación en las Obras PDET.

Pese a la construcción de estas obras, para algunos actores locales la implementación de las iniciativas del PATR es nula. Según ellos, a más de un año de la firma del PDET aún no se avanza, lo que muestra la lentitud e incapacidad de las ins-tituciones para cumplir con lo pactado. Además, líderes locales afirman que, tras la firma del PATR, hay cada vez menos presencia institucional y poca claridad sobre la implementación de las iniciati-vas ahí contenidas. Del mismo modo, expresan su preocupación por no sentirse representados en el

PATR, pues perciben que sus iniciativas quedaron opacadas por los municipios del Meta que tam-bién integran la subregión y que, aseguran, tienen mayor representación por tener más municipios.

vacionterritorio.gov.co/Publicaciones/avanzan_los_pdet_definen_priori-dades_para_el_desarrollo_de_la_regin_macarena_guaviare.

www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/contina_implementa-cin_de_los_pdet_en_la_subregin_macarena-guaviare_a_travs_de_ar-ticulacin_nacional

14 Encuentro con líderes comunitarios.

10¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) afirma que la principal estrategia para la imple-mentación de dichas iniciativas es la elaboración de la Hoja de Ruta en la subregión15. Sobre esto, la

Consejería Presidencial para la Estabilización y la

Consolidación afirma que su construcción se ter-minará antes del segundo semestre de 2020. De-bido a la emergencia del covid-19, la participación de la sociedad civil en el proceso se realizará por medios virtuales o semipresenciales, lo que pre-senta importantes retos en términos de represen-tatividad y legitimidad por cuenta de la dificultad del acceso a los medios virtuales de gran parte de las comunidades16.

El 17 de abril de 2020, se realizó una reunión virtual entre las administraciones municipales y departamentales con ministerios e instituciones del orden nacional y otros actores para definir los compromisos de alcaldes y gobernadores en la

Mapa 2. Obras PDET en Guaviare - Agosto de 2018 al 15 de Junio de 2020

Fuente: Elaborado por la FIP, basado en información de la ART

OBRAS PDET

META

GUAVIARE

VAUPÉS

CAQUETÁ

GUAINÍA

VICHADA

MITU

SOLANO

CALAMAR

MAPIRIPÁN

MIRAFLORES

EL RETORNO

CURUR

PACOA

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CUMARIBO

PAPUNAUA

MAPIRIPANA

MORICHAL\NUEVO

LA MACARENA

VISTA HERMOSA

PUERTO RICO

SAN VICENTE\DEL CAGUAN

YAVARATE

PUERTO LLERAS

BARRANCO MINA

PAN0 PAN

SAN MARTÍN

CARTAGENA DEL CHAIRÁ

PUERTO

CONCORDIA

SAN JUAN DE ARAMA

PUERTO\GAITANFUENTE DE ORO

MESETAS

GRANADA

URIBE

LÍMITE

DEPARTAMENTAL

PNN SERRANÍA

DEL CHIRIBIQUETE

CONVENCIONES

LÍMITE MUNICIPAL

11¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

implementación del PDET como punto de partida para la gestión 2020-2021. Allí, se estableció una agenda conjunta entre los actores para los próxi-mos meses y 26 acuerdos en torno a los 8 pilares que componen el PDET17.

Es importante entender que, frente a la imple-mentación del PDET, territorios como el Guaviare presentan importantes retos, principalmente para la ejecución de obras de infraestructura y desa-rrollo económico. La falta de capacidades locales para la formulación de proyectos, las restricciones medioambientales, el ordenamiento territorial y el acceso a la tierra, son algunas de las más evidentes.

La transformación de las iniciativas en proyec-tos requiere de capacidades técnicas y humanas, además de estudios y requisitos que demandan recursos. En el Guaviare, los municipios no cuen-tan con equipos especializados y la mayoría de las iniciativas tampoco tienen los estudios técnicos requeridos, lo que retrasa la presentación de pro-yectos y la búsqueda de financiación. En este caso, se les otorgan a las entidades territoriales respon-sabilidades y obligaciones que no tienen la capaci-dad de cumplir. Por su parte, la ART tiene un equi-po limitado que, si bien ha tratado de apoyar este proceso, no cuenta con la capacidad para agilizar la formulación de las iniciativas del PATR. Por eso buscaron el apoyo de la cooperación internacional que, a través de la contratación de equipos espe-cializados, trata de acelerar el proceso de formula-ción de los proyectos.

Otro factor que incide en la implementación de los proyectos y su formulación son las restriccio-nes ambientales que tiene gran parte del Guaviare.

Todo el territorio hace parte de la Reserva forestal de la Amazonia (RFA), establecida en la Ley 2ª de

1959. Actualmente, el 57% de departamento está bajo diferentes figuras de ordenamiento: Área de manejo especial de la Macarena (AMEM), Reserva forestal protectora, 26 resguardos indígenas, un área sustraída18 y dos Parques Nacionales Natu-rales (Serranía de Chiribiquete y Reserva nacional natural–RNN Nukak). El restante 43% de la juris-dicción departamental corresponde a territorio de

RFA, sin ordenamiento concreto19.

A la par con lo anterior, en el departamento no hay un proceso de ordenamiento de la propie-dad rural y delimitación de las figuras de protec-ción ambiental, por lo que tampoco existe clari-dad sobre el uso y las restricciones que tienen los territorios. Las distintas figuras de ordenamiento se traslapan, principalmente, entre los resguar-dos indígenas y las áreas del sistema de Parques

Nacionales, así como con la zona sustraída. En el Guaviare se “presentan una serie de cruces y superposiciones de figuras protectoras, políticas administrativas y tradicionales sobre un mismo territorio, como Parques Naturales, resguardos indígenas, reservas forestales y algunas otras de las categorías de áreas protegidas, con los muni-cipios”20 que generan una gran complejidad en la formulación y, sobre todo, en la implementación de las iniciativas que proponen las comunidades.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-tenible señala que “se está trabajando en mesas interinstitucionales para definir qué áreas son sus-ceptibles de contrato de uso” 21, con el fin de que las comunidades que habitan estas zonas puedan

DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20 de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20 I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%20 3%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambien-tal.pdf

petición con radicado MADS 2019-35368.

https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%203%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambiental.pdf https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%203%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambiental.pdf https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%203%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambiental.pdf https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%203%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambiental.pdf https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%203%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambiental.pdf https://sinchi.org.co/files/PUBLICACIONES%20DIGITALES/Zonificaci%C3%B3n%20Ambiental%20y%20Ordenamiento%20de%20la%20Reserva%20Forestal%20de%20la%20Amazonia/Fase%20I%3A%20Departamento%20del%20Guaviare/light2%20F1%20Vol%203%20Caracterizacio%CC%81n%20y%20diagno%CC%81stico%20ambiental.pdf

12¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

desarrollar proyectos ajustados a los lineamientos de las autoridades ambientales22.

Frente al desarrollo rural, otra de las preocu-paciones de los actores territoriales —y una difi-cultad para la implementación del PATR— tiene que ver con el acceso a la tierra, necesaria para el desarrollo de proyectos productivos23. A la fal-ta de claridad en el ordenamiento territorial y a las restricciones medioambientales que dificultan este acceso, el Guaviare tiene otra limitación más:

la falta de presencia y capacidad de intervención de la Agencia Nacional de Tierras. Hay una sucur-sal satélite que se dedica a recibir las solicitudes, pero los procesos se manejan desde Villavicen-cio o Bogotá. Según entrevistados, en los últimos años no se ha sacado un título en el Guaviare.

Al respecto, la ANT afirma que en la subregión de Macarena-Guavare hay 10.922 hectáreas ad-judicables: solo 855 de estas se encuentran en el departamento de Guaviare. Además, para 2020, afirma que se proyecta la titulación de 83 predios en el departamento de Meta y 87 en el Guaviare.

03.

La Reincorporación

El proceso de reincorporación en el Guaviare tiene una característica atípica, comparándolo con lo que sucede en otros departamentos: los ex-combatientes se encuentran, en su mayoría, en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y

Reincorporación (ETCR). De los de 510 excomba-tientes que hacen su proceso de reincorporación en el Guaviare, cerca de 380 están viviendo en los ETCR de Charras (122 y 6 en acreditación) y

Colinas (250 y 12 en proceso de acreditación). La población dispersa es poca24 y tiene algún tipo de relación con los Espacios, lo que favorece el ac-ceso a servicios y la atención de las instituciones, aunque con ciertas limitaciones.

En la región del Guayabero se está conforman-do una Nueva Área de Reincorporación (NAR) que, aunque no ha sido formalizada, cuenta con cerca de 73 personas del Meta y Guaviare que tie-nen una fuerte relación con el ETCR de Colinas.

En la zona también hay 100 excombatientes de comunidades indígenas: 40 están en los ETCR y los otros volvieron a sus comunidades.

El fenómeno de permanencia de las personas en proceso de reincorporación (PPR), se explica por tres factores: primero, los ETCR les dan segu-ridad a los excombatientes, en un contexto donde hay un fuerte control por parte de sectores disi-dentes; segundo, hay un liderazgo en los ETCR, que cuenta con legitimidad dentro de los excom-batientes y mantiene la cohesión y organización; y tercero, los excombatientes vienen de frentes his-tóricos de las FARC donde el trabajo político fue muy importante, y eso genera un fuerte lazo co-munitario y colectivo que se ha logrado mantener.

Sin embargo, los avances y dificultades de los procesos de reincorporación en ambos Espacios son diferentes. En Colinas ya hay estructurados proyectos productivos: se adelantó la adquisición de 71 hectáreas de tierra que comprenden par-te del ETCR y zonas circundantes, lo que puede contribuir al acceso a créditos y al desarrollo de proyectos productivos. Allí se aprobó y desem-bolsó, por parte del Consejo Nacional de Reincor-poración (CNR), un proyecto colectivo de caña

13¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

papelera que está avanzando. Para apoyarlo, la

Gobernación dio recursos para la construcción de un trapiche.

Por el contrario, el de Charras debe ser reubica-do por estar en una zona protegida por Ley 2,25 por lo que no fue posible la adquisición de las tierras ni adelantar proyectos productivos. Pese a esto, los excombatientes han logrado desarrollar pequeños emprendimientos individuales y uno colectivo de turismo26, aunque con pocos avances. Además, el traslado del ETCR ha traído serias consecuencias en la implementación de nuevos proyectos, pues los excombatientes no quieren invertir su dinero en una zona donde no van a permanecer. Además, la cooperación internacional disminuyó la inversión de recursos esperando la reubicación y la infraes-tructura se está deteriorando.

Para los excombatientes en la región, el prin-cipal reto del proceso tiene que ver con el desa-rrollo de iniciativas productivas, la comercializa-ción y viabilidad de los proyectos y el acceso a la tierra27. Al respecto, la ARN afirma que no se han presentado obstáculos en la formulación, asisten-cia técnica y acompañamiento de los proyectos productivos de reincorporación28; no obstante, para los reincorporados en el ETCR Colinas, se han generado dificultades para desarrollar pro-yectos, específicamente relacionadas con la falta de recursos, la asistencia técnica para su formu-lación y los encadenamientos productivos para la comercialización.

Frente a eso, algunos entrevistados señalan que la ARN tiene un equipo limitado (20 perso-nas para atender a 12 municipios), por lo que no cuenta con los medios necesarios para apoyar el proceso de formulación de los proyectos para el

CNR, lo que dificulta su presentación y aproba-ción. El PNUD contrató un equipo para apoyar el proceso, pero este se encuentra en Bogotá y Vi-llavicencio, lo que ralentiza los procesos.

En términos de seguridad, Guaviare también es un caso particular. Si bien hay una fuerte in-fluencia de grupos armados en la zona —prin-cipalmente cerca al ETCR de Charras, donde se encuentra el frente 1—, el proceso de reincorpo-ración no presenta mayores problemas de seguri-dad. Las cifras de agresiones y homicidios (cuatro casos) es muy baja. Según distintos actores con-sultados, los grupos disidentes respetan el proce-so de reincorporación, aunque hacen propuestas económicas para incentivar su vinculación.

Pese a las cifras, una de las preocupaciones de los excombatientes sigue siendo la seguridad. Por tal razón, advierten sobre la insuficiencia de los esquemas de protección asegurando que el del

ETCR no cuenta con el personal necesario, ni con los medios adecuados (vehículos en mal estado que no pueden utilizar)29. Al respecto, se consultó a la UNP acera de los esquemas de seguridad de

ETCR que están incompletos, pero no se obtuvo respuesta.

Otro tema importante es la relación de la re-incorporación y los ETCR con el entorno y las comunidades. En el caso del Guaviare, distintos actores territoriales han identificado que los Es-pacios representan una fuente de desarrollo y servicios del Estado para las zonas circundantes, lo que ha favorecido el carácter comunitario de la reincorporación. La presencia institucional y la buena gestión de los liderazgos del ETCR hicieron

ción en noviembre de 2019.

14¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

que servicios como la salud —aunque intermiten-tes y con falencias—; la educación —con la reac-tivación del internado en Charras, por ejemplo—;

la constante presencia de instituciones y coope-ración que impulsan proyectos productivos en la zona; y la presencia continua de la Fuerza Pública, se percibieran como bienes que llegaron a estos territorios con el Acuerdo de Paz y el proceso de reincorporación. Esto ha generado que las comu-nidades vean estos Espacios como oportunida-des para el cambio y el desarrollo de su territorio.

Lo anterior ha generado que el traslado del

ETCR de Charras a Boquerón sea percibido como la pérdida de los beneficios y servicios del Esta-

do. Dentro de las comunidades, la mayor preo-cupación está relacionada con la seguridad, ya que, al salir el Espacio, se espera que disminuya la presencia de la Fuerza Pública y queden despro-tegidos frente a la disidencia del frente 1. Según algunos actores del territorio, las disidencias ya convocaron a las comunidades a reuniones para anunciar que, con la salida de la Fuerza Pública, entrarán a tomar el control de la zona. Esto ge-neró preocupación por las posibles represalias que puedan tener contra las comunidades por el contacto que tuvieron con la Policía y las Fuerzas

Militares.

Lo anterior muestra que el proceso de reubi-cación debe ir acompañado de una serie de medi-das encaminadas hacia las comunidades aledañas para continuar con la presencia institucional y la prestación de servicios. Esto permitirá mantener la confianza construida con las comunidades y evitar que se perciba que los servicios institucionales son solo para los excombatientes (algo que afectará el proceso de reincorporación comunitaria).

Por último, es importante destacar que el apo-yo de las instituciones locales es fundamental para la reincorporación, pues puede impulsar y agilizar procesos que contribuyan al desarrollo de activi-dades de los excombatientes. Por este motivo, la

ARN trabajó junto a las alcaldías y gobernaciones con el fin de incluir la reincorporación en los Pla-nes de Desarrollo municipales y departamentales.

04.

La sustitución de cultivos ilícitos

Según datos del Sistema Integrado de Monito-reo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), para 2019 se pre-sentó una disminución del 28% (12.132 hectáreas) en los cultivos de coca en el Guaviare, al pasar de 43.339 has en 2018, a 31.207 en 2019. Esta re-ducción contradice lo que esperaban los actores del territorio, quienes predecían el aumento de los cultivos por cuenta del retraso en el Programa In-tegral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), los rumores de resiembra y la posible relación —entre otros factores— de la deforestación con el trasla-do de los cultivos de coca hacia zonas protegidas.

Con respecto al PNIS, los distintos actores del territorio tienen una perspectiva pesimista sobre el programa: aducen retrasos e incumplimientos en su implementación, a pesar de los esfuerzos del gobierno para reducir la brecha de incumpli-miento. El informe de UNODC, con corte al 31 de marzo de 2020, verificó la erradicación voluntaria de 1.480 hectáreas en el Guaviare y destacó que, de las 7.251 familias inscritas, el 87,3% (5.857) reci-bieron por lo menos un pago y el 63% (4.552 fami-lias) terminaron con la totalidad de los pagos. A su vez, 5.305 familias (81%), cuentan con asistencia técnica y 5.058 (70%) con proyectos de seguri-dad alimentaria30. No obstante, a febrero de 2020, cuando se realizó la última visita, los entrevistados afirmaron que no se había implementado ningún

15¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

proyecto productivo en la región y la asistencia técnica se redujo a la recolección de información por parte del equipo técnico.

El mayor rezago del PNIS en el Guaviare está asociado a la atención de los recolectores. Según los datos de UNODC, de los 1.394 recolectores vinculados al Programa, a abril de 2020, solo se contrataron 49 gestores comunitarios31.

En los distintos acercamientos, los actores lo-cales manifestaron su inconformidad por incum-plimientos en los pagos de familias beneficiarias, los rezagos en la asistencia técnica para la realiza-ción de proyectos productivos, los altos costos y la mala calidad de los productos entregados y los cambios en las reglas de juego, sobre todo para las personas que se encuentran en zona de Par-ques Nacionales o resguardos que fueron vincula-dos al Programa, que ahora no pueden ser bene-ficiarios32. Aparte de la dificultad de implementar proyectos, las condiciones del territorio en térmi-nos de infraestructura, encadenamientos produc-tivos y competitividad frente al departamento del

Meta no han cambiado; eso ha generado, como señaló un entrevistado, un “sentimiento de derro-tismo de la gente frente a la sustitución”.

Otra de las preocupaciones generalizadas de los actores territoriales frente al proceso de sus-titución tiene que ver con las restricciones am-bientales que dificultan la implementación de proyectos productivos. Eso no solo ha obstacu-lizado el avance del PNIS, sino que ha minado la confianza de las comunidades en las instituciones, pues —según los líderes en la región— no se han planteado soluciones efectivas33. El Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible asegura que “se está trabajando en mesas interinstitucionales que permitan definir qué áreas son susceptibles de contrato con las comunidades que las ocupan”34, con el fin de definir posibles proyectos e inicia-tivas productivas para la sustitución de cultivos.

No obstante, hasta el momento, no se conoce una propuesta clara para el Guaviare.

Otro de los obstáculos para la sustitución de cultivos es la presencia de grupos armados y las condiciones de seguridad del territorio. Aunque las estructuras disidentes no han mostrado una postura en contra el PNIS y permiten el avance del programa, incentivan constantemente el cul-tivo de coca asegurando la compra del produc-to y el financiamiento de los cultivos a través de

“créditos” a los campesinos. El retraso en el PNIS es utilizado por estos grupos para justificar su dis-curso sobre el incumplimiento del Estado y la ne-cesidad de seguir con la coca.

Las condiciones de seguridad han impedido que UNODC verifique la erradicación de 2.437 hectáreas reportadas por las comunidades, re-trasando el proceso para cerca de 1.876 familias ubicadas en “73 veredas de los municipios de El

Retorno, Miraflores (Guaviare) y Puerto Concordia

(Meta)” 35.

Los distintos actores entrevistados manifies-tan su preocupación por la posible resiembra de cultivos ilícitos incentivada por los retrasos en los proyectos productivos —lo que, a su vez, profun-diza las necesidades económicas de las familias del PNIS—; la poca rentabilidad de los cultivos líci-tos en la región, y la constante presión de los gru-

www.unodc.org/documents/colombia/2020/Mayo/INFORME_EJECUTI- VO_PNIS_No._21.pdf

Op. Cit.

16¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

pos armados. Las disidencias están construyen-do su base social incentivando la colonización de zonas protegidas para la siembra de coca y otras actividades.

Aunque en el territorio se plantean algunas alternativas para la sustitución, estas deben ir acompañadas del desarrollo de infraestructura y encadenamientos productivos que las hagan viables. Algunos actores destacan el cultivo de caucho que, aunque es de ciclo largo, requiere del desarrollo de capacidades para la transformación y de un acompañamiento técnico, además que tiene buena rentabilidad y ya hay capacidad ins-talada en el territorio; los frutales amazónicos, que tienen buen mercado pero necesitan fortalecer su encadenamiento productivo; la reforestación y el cuidado de las zonas protegidas; el turismo eco-lógico, que con la disminución de la intensidad del conflicto ha logrado posicionarse en el Gua-viare; y, por último, los proyectos de reconversión ganadera.

05.

La situación de las víctimas

Según las cifras de la Unidad para las Víctimas

(UARIV), al 31 de mayo de 2020, en Guaviare se encuentran registradas 30.725 víctimas; es decir, el 35,5% de la población del departamento. En la actualidad, son sujetos de atención 28.337 (92%);

se indemnizaron individualmente a 6.249 personas

(20%) y se realizaron ocho reparaciones colectivas, una de las cuales es de carácter étnico36.

Con respecto al proceso de reparación inte-gral de las víctimas en el departamento, las prin-cipales preocupaciones de las organizaciones y mesas municipales de víctimas están relaciona-das con la lentitud en la implementación de la Ley

1448, las decisiones que se tomen en relación con la ampliación de la vigencia y la priorización po-blacional para las indemnizaciones37.

Con respecto a las indemnizaciones, si bien la

UARIV presenta un avance del 20% en las repa-raciones individuales, las organizaciones de vícti-mas son escépticas ante esas cifras. Según ellos, allí se cuentan personas de los mismos núcleos familiares, lo que genera que algunas familias hayan recibido distintas medidas de reparación, mientras que el grueso de las familias no ha sido objeto de reparación alguna.

La Unidad para las Víctimas informó sobre los criterios de priorización que se utilizan para entre-gar las medidas de reparación, específicamente la indemnización: se prioriza a las personas que están en “situaciones de urgencia manifiesta o ex-trema vulnerabilidad”, entre las que se encuentran tener una edad superior a 74 años; tener enfer-medades huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo, y tener una condición de disca-pacidad38.

Pese a que las organizaciones de víctimas son conscientes de la necesidad de esta priorización, argumentan que los requisitos son muy altos y gran parte de las víctimas que los cumplen no tienen los medios para obtener los certificados.

Además, los criterios son excesivamente restric-tivos, dejando por fuera a personas con edades avanzadas y enfermedades que necesitan cuida-dos especiales y que no cuentan con los recur-

tegica.unidadvictimas.gov.co/Boletin/BoletinEstrategico

17¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

sos necesarios para cubrir los tratamientos39. Por esto, solicitan la ampliación de los requisitos para personas con vulnerabilidades acentuadas.

También plantean que, si bien la indemniza-ción y la reparación son medidas urgentes, deben ir acompañadas —o incluso precedidas— por otro tipo de acciones que mitiguen la situación de vul-nerabilidad de las víctimas en el territorio. Es el caso del acceso a vivienda, a proyectos producti-vos y a educación superior.

Ante esto, las organizaciones de víctimas se-ñalan que, aunque distintos ministerios —como el de Vivienda y Agricultura— a través de la Unidad de Víctimas y las administraciones municipales, tienen programas enfocados a población vulne-rable y víctima, el acceso a es limitado por cuenta de la falta de información o porque no se cuentan con los recursos necesarios para la aplicación. A su vez, denuncian que, en los casos en los que han podido ser beneficiarios, los proyectos no se han ejecutado o los recursos tampoco llegan en su to-talidad a las víctimas40.

La UARIV informó que existe una estrategia para fortalecer las capacidades de las adminis-traciones locales en la atención a las víctimas; en ella, se brinda apoyo técnico a las entidades terri-toriales para la presentación de fuentes de finan-ciación disponibles como el SGR, OCAD, Obras por Impuestos y fondos de cooperación. De igual manera, informó sobre el Programa de Acompa-ñamiento para la Inversión Adecuada de los Re-cursos, estrategia para promover que los recursos de la indemnización se utilicen de manera idónea, contribuyendo a la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas y a potenciar el impacto de los procesos de reparación41.

Algunas organizaciones perciben que el pro-ceso de paz le quitó importancia a la situación de las víctimas. Aducen que los esfuerzos y capaci-dades del Estado se han enfocado en la imple-mentación de proyectos como el PNIS o los PDET, mientras observan la disminución de los recursos destinados a las víctimas en el Plan de Desarrollo

Nacional.

Finalmente, es importante destacar que la continuidad de la confrontación armada —a pesar de su disminución—, sigue generando víctimas.

Los actores del territorio destacan que las admi-nistraciones locales no cuentan con los recursos para la atención, por lo que las acciones humani-tarias están sujetas a la intervención de la coope-ración internacional.

06.

Otros aspectos relevantes para la implementación: la deforestación

Uno de los efectos no deseados de la firma del

Acuerdo y la desmovilización de las estructuras de las FARC, fue el incremento de la deforestación en las zonas protegidas de departamentos como el Guaviare. Durante la permanencia de las FARC, esta guerrilla ejercía como autoridad ambiental y una de sus políticas más estrictas estaba relaciona-da con la regulación y control de la deforestación.

41 Respuesta de la UARIV a derecho de petición con radicado 20207111416552.

18¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En GuaviarE?

Con la concentración de los frentes de las

FARC en las Zonas Veredales se debilitaron el control territorial, así como los sistemas de regu-lación que protegían o controlaban la destrucción de los bosques. Estos sistemas no pudieron ser ocupados o reemplazados por las instituciones del Estado, lo que influyó en el aumento de la de-forestación en el Guaviare.

Según cifras del IDEAM, en 2018 se defores-taron 38.221 hectáreas de bosque en el Guavia-re, mientras en 2019 se talaron 34.527 hectáreas, convirtiéndose, en los últimos meses de ese año, en el segundo departamento con mayor defo-restación después del Caquetá, con el 23,59% de destrucción de bosques a nivel nacional42. Para los primeros cuatro meses de 2020, según la Fun-dación para la Conservación y el Desarrollo Sos-tenible (FCDS), se destruyeron 18.498 hectáreas en el Guaviare43.

En el departamento hay tres núcleos de de-forestación, identificados por el IDEAM duran-te 2019: el primero es el llamado Marginal de la

Selva (Guaviare), el principal durante los últimos meses de ese año. Se encuentra en el norocciden-te del departamento, especialmente en el área de influencia de la denominada “Marginal de la Sel-va”, al sur del río Guayabero, en los municipios de

Calamar y San José del Guaviare44. El segundo núcleo está en el área…