Attachment J.24 FIP CATATUMBO.pdf

SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROYECTO

DEL CAPITOLIO AL TERRITORIO:

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP)

Juan Carlos Garzón Director del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz

Autores:

Daniel Pardo Calderón Investigador

Diamar Urbina García Investigadora

Sergio Arrieta Vera Consultor

(*) Este proyecto cuenta con el apoyo financiero del Reino Unido. Los contenidos de este informe no comprometen su opinión sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

Foto portada Antiguo espacio territorial en Caño Indio, Tibú, Norte de Santander, 2018 Foto: Diego Morales

Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Fotos internas Equipo de la Representante a la

Cámara Juanita Goebertus

Edición y corrección de estilo Martín Franco Velez

Diseño y diagramación Ladoamable ltda www.ladoamable.com

ISBN

978-958-5517-58-5

BOGOTÁ, COLOMBIA

OCTUBRE 2020

4¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

avancEs y dEsafíos

Norte de Santander.

Visita de congresistas a Cúcuta y Sardinata en el marco del proyecto Del Capitolio al Territorio, en marzo de 2018. Presentación

La implementación del Acuerdo de Paz en el Catatumbo1 se ha desarrollado en un contexto crítico, de alta volatilidad y riesgo, en medio de la persistencia del conflicto armado. La influencia y accionar de grupos armados ilegales en torno al control de las economías ilícitas, está generando importantes afectaciones sobre la población civil y es un obstáculo para poner en marcha los programas y estra-tegias derivadas del Acuerdo. Los problemas y rezagos en la implementación del

Acuerdo —especialmente la ausencia de una estrategia de seguridad enfocada en la protección de la población— también ha influido en el dificíl momento en el que se encuentra el Catatumbo.

En el caso del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

(PNIS), por ejemplo, a las dificultades inherentes a los retrasos en las ayudas y la asistencia técnica, se suma una fuerte presión por parte de los grupos armados para que no haya sustitución, al tiempo que la Fuerza Pública reactiva la erradi-cación forzada. Ante este panorama, la respuesta del Estado es percibida por los actores locales como contradictoria, ineficiente e insuficiente, por lo que exigen establecer un canal de interlocución directa tanto con el Gobierno Nacional como con el Congreso de la República, para que su voz sea escuchada.

Pese a estas dificultades, los actores locales reconocen que la implementación del Acuerdo ha tenido algunos avances, especialmente relacionados con la cons-trucción de obras de infraestructura comunitaria, y la presencia institucional que ha llegado a la región luego de elaborar la Hoja de Ruta y el Programa “Catatumbo

Sostenible”.

5¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

Sobre el proceso de desarrollo rural, aunque los actores locales tienen expecta-tiva por la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

(PDET), reconocen también que es necesario acelerar las iniciativas relacionadas con educación, salud, vivienda y acceso a la tierra. Manifiestan, además, inconfor-midad por las deficiencias en la participación de la sociedad civil en la elaboración de la Hoja de Ruta.

Respecto a la reincorporación, se evidencian retos relacionados con el acceso a la tierra para implementar proyectos productivos y con la oferta del Estado fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas, existe la percepción de que las políticas de reparación integral se implementan con mucha lentitud, y hay pre-ocupaciones relacionadas con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como la presencia de minas antipersonal en algunos territorios.

Finalmente, frente a las capacidades para enfrentar la emergencia sanitaria por el covid-19, se identifica que el sistema de salud de la región aún es precario, por lo que un eventual rebrote podría colapsar la infraestructura de la subregión.

Además, líderes afirman que las condiciones de pobreza y baja conectividad de la región, hacen más difícil que la población acate las medidas de aislamiento pre-ventivo.

Este informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz está basado en en-trevistas y y diálogos con actores locales, así como en las acciones de seguimien-to y requerimientos a las instituciones en el proyecto “Del Capitolio al Territorio”.

Bajo este marco, se realizaron dos encuentros con líderes comunitarios, víctimas, personas en proceso de reincorporación, autoridades locales y representantes de organizaciones sociales en la región del Catatumbo. En el primero de ellos, los días

16 y 17 de abril, algunos Representantes a la Cámara tuvieron un encuentro virtual con los actores del territorio; luego, el 21 y 22 de julio, se realizaron encuentros virtuales de seguimiento en los que participaron el equipo del proyecto, líderes comunitarios y excombatientes.

6¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

01.

Seguridad territorial y dinámicas del conflicto

Una las mayores preocupaciones de las comu-nidades, autoridades locales, organizaciones hu-manitarias y personas en proceso de reincorpo-ración del Catatumbo frente a la implementación del Acuerdo de Paz, tiene que ver con la crítica situación de seguridad y el recrudecimiento de la violencia. La Defensoría del Pueblo2 ha seña-lado la situación de riesgo actual y potencial en la región a través de varias alertas tempranas e informes, en los que da cuenta de que el desarme y desmovilización de las estructuras de las FARC que tenían influencia en la zona generó un vacío de regulación que no fue llenado por el Estado de manera oportuna. Esto favoreció la recompo-sición del escenario bélico a partir de la expan-sión de estructuras ilegales preexistentes —como el ELN y el EPL— y el surgimiento de nuevas ex-presiones armadas como la llamada disidencia del frente 33, además de grupos de delincuencia or-ganizada.

De una dinámica de relativa coexistencia3 se pasó a una de alianzas débiles y difusas, y de dis-putas frontales y abiertas entre algunos de estos grupos alrededor del control social y territorial para acceder a las rentas ilícitas, así como a una fuerte ofensiva de la Fuerza Pública para evitar su avance, lo que ha tenido un altísimo impacto humanitario sobre la población civil4.

Núcleo de disputa: ELN-EPL Históricamente, el Catatumbo ha sido un im-portante bastión político y militar del ELN. Desde los años setenta hasta hoy, esta guerrilla ha teni-do una importante influencia en la zona y por eso sigue siendo vista por los actores locales como el grupo armado ilegal con mayor capacidad. En la actualidad, opera en la subregión a través de varias comisiones adscritas al Frente de Guerra

Nororiental, cuyo accionar se concentra, particu-larmente, en Tibú y también en la zona de fronte-ra con Venezuela5. Hasta el 2017, poco antes del desarme y desmovilización de las FARC, se ha-blaba de la coexistencia social y económica entre el ELN y el EPL alrededor de la cadena del nar-cotráfico6, pero luego de la desactivación de las estructuras de las FARC en el territorio, debido a algunas decisiones estratégicas del EPL en su afán por llenar los vacíos de regulación, se habrían incumplido compromisos, desencadenando una nueva escalada de violencia7.

El EPL —también llamado “Pelusos”— es otro actor armado en el Catatumbo que opera por me-dio del frente “Libardo Mora Toro” con grupos dis-persos en diferentes zonas y que tiene una menor capacidad operacional, entre otras causas por cuenta del debilitamiento en su cadena de mando luego de la muerte en 2015 de su máximo líder, alias “Megateo”. A pesar de esto, el grupo mantie-ne reconocimiento social en sus zonas históricas y en otras donde antes operaban las FARC, como

Tibú, El Tarra, Sardinata, Teorama, y Ábrego8. De hecho, se cree que con la salida de las FARC se

bean/andes/colombia/63-colombias-armed-groups-battle-spoils-peace

8 ICG (2017). Op Cit.

7¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

habría dado una trasnferencia de capacidades expresada en el hecho de que muchos excomba-tientes de ese grupo que no estaban convencidos del Acuerdo de Paz —especialmente guerrilleros de base y milicianos—, habrían pasado a formar parte de las filas del EPL9. Versiones que no están del todo confirmadas.

La transición de una dinámica de coexistencia a una de disputa abierta entre estos dos grupos se debe, principalmente, a dos factores. Por un lado, está la ofensiva de la Fuerza Pública para evitar su expansión en años recientes. Debido a los golpes asestados contra la dirigencia del EPL —en espe-cial la muerte de alias “Megateo” y la captura de alias “David León” entre 2015 y 2016, dos de sus máximos líderes—, el grupo experimentó una im-portante fragmentación interna que conllevó a un relevo acelerado de cuadros directivos por medio de la llegada de jóvenes sin experiencia política ni militar10. Por otro, el interés de ambos grupos de ejercer mayor influencia en la zona y tener un control efectivo de rentas ilegales tras la salida de las FARC. Esto llevó a la dirigencia del EPL a de-clarar objetivo militar al ELN a principios de 2018 y a intentar incursionar en zonas ocupadas por ese grupo con el fin de disputarle los cultivos ilícitos y rutas de tráfico de cocaína hacia Venezuela.

Como lo muestra la Gráfica 1, esto derivó en intensos combates en los que el ELN se impuso, recuperando sus zonas y avanzando en las áreas donde el EPL fue dominante para debilitar su re-sistencia11.

En medio de este escenario de disputa, am-bos grupos han realizado diferentes acciones:

homicidios, amenazas, asesinatos selectivos, ac-tivación de artefactos explosivos, inatalación de

Minas Anti Personal (MAP) y Artefactos Explo-sivos Improvisados (AEI), reclutamiento forzado,

Gráfica 1. Acciones de los grupos armados ilegales en el Catatumbo (2016 - 2020 Agosto)

Fuente: Base del conflicto FIP

ELN EPL DISIDENCIAS

DE LAS FARC

GRUPO ARMADO ILEGAL

NO IDENTIFICADO

NÚ

ME

RO

D

E

AC

CI

ON

ES

2016 2017 2018 2019 AGOSTO 2020

8¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

intimidaciones y restricciones a la movilidad12, de-clarando recientemente varios paros armados en la subregión. A principios de 2018, por ejemplo, el EPL prohibió en sus zonas de influencia la cir-culación de vehículos y personas, y el desarrollo de actividades comerciales13. Por su parte, el ELN anunció en los primeros meses de 2020 un paro nacional con epicentro en la subregión de Cata-tumbo (particularmente en Hacarí, San Calixto, El

Tarra, Ábrego y Tibú), que estuvo acompañado de bloqueos de vías, quema de vehículos y ame-nazas con un alto impacto humanitario14. Durante este mismo periodo, el EPL declaró un nuevo paro y llevó a cabo acciones como quema de vehícu-los, bloqueo de vías y distribución de propaganda alusiva a la organización15.

Después de un periodo de desescalamiento de las hostilidades debido a la superioridad armada del ELN —que produjo el repliegue del EPL en su zona histórica en Hacarí, Ábrego, San Calixto y La

Playa—, los primeros meses de 2020 registraron varios eventos atribuidos a este enfrentamiento:

el desplazamiento de 230 personas en el munici-pio de Ábrego y 20 docentes en zona rural de La

Gabarra; 10 vehículos de carga incinerados; con-finamientos en Hacarí, San Calixto, Convención y

Teorama; ataques a la infraestructura petrolera en zona rural de Tibú con un alto impacto ambiental, y ataques a misiones médicas16.

Alianzas y disputas entre el EPL-disidencias-Clan del Golfo y delincuencia organizada

En la subregión también hay reportes de la aparición, desde principios de 2018, de una di-sidencia del frente 33 de las antiguas FARC en

Tibú, El Tarra, Sardinata y Convención, territorios donde también opera el ELN. Como hasta ahora no ha habido enfrentamientos, se cree que am-bos grupos estarían actuando de manera conjun-ta, aunque esta información no está plenamente confirmada. A diferecia del ELN y el EPL, este gru-po no cuenta por ahora con una gran capacidad armada ni organizacional; de hecho, su aparición se ha producido de manera fragmentada y gra-dual, entre otras cosas porque su estructura de mando y control no es tan fuerte. Sin embargo, se tiene registro de varias acciones entre 2018 y 2019 como la instalación de explosivos, retenes ilegales y difusión de propaganda, que darían cuenta de un proceso de fortalecimiento17.

Se habla también de la supuesta influencia de una facción urbana del Clan del Golfo —autode-nominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia

(AGC)—, conocida como frente “Marco Fidel Bar-ba”, que estaría operando en la zona metropolita-na de Cúcuta, Ábrego y Ocaña, tratando de con-trolar el microtráfico, la extorsión, la distribución de gasolina y el contrabando que ingresa desde

Venezuela18. Al parecer, este grupo habría esta-blecido una alianza con los “Pelusos” en contra del ELN para el control de zonas de cultivo y pro-ducción de cocaína; sin embargo, no hay claridad sobre el alcance de la influencia que realmente estaría ejerciendo.

Se ha reportado también el accionar de va-rios grupos de delincuencia organizada, entre los que sobresalen “Los Rastrojos”, cuyo interés se concentra en el control en la zona fronteriza

de: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-armado-del-eln-y-epl-que-causa-temor-en-el-catatumbo-461900

18 FIP (2017). Op Cit.

9¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

del contrabando de todo tipo de bienes (espe-cialmente de gasolina19), para lo cual habría sella-do una alianza con redes de milicianos del EPL20.

“Los Rastrojos” mantienen disputas con el Clan del Golfo por el control territorial de Cúcuta, así como con el ELN y otras facciones como “La Lí-nea”, “La Frontera”, el autodenominado “Bloque

Urabeños”, y bandas trasnacionales como el “Tren de Aragua”, el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva

Generación por el control de pasos ilegales en Vi-lla del Rosario, Cúcuta y Puerto Santander21. Ante este panorama, y teniendo en cuenta la cada vez mayor influencia de “Los Rastrojos”, la Defensoría del Pueblo, ha advertido sobre la posibilidad de que se configure un escenario de enfrentamientos a gran escala en la zona de frontera entre ese gru-po y el ELN por el control de cultivos de coca22.

Ante el panorama, varios líderes campesinos, organizaciones sociales y personas en proceso de reincorporación han advertido sobre el “resur-gimiento del paramilitarismo” y señalan que esto demuestra, en gran medida, que el Estado ha in-cumplido el compromiso asumido en el Acuerdo de Paz con relación al desmonte real de este fe-nómeno.

La respuesta del Estado Para contener el avance y fortalecimiento de estos grupos, se ha dado un notable despliegue militar y policial con los planes “Diamante”, “Vic-toria”, “Victoria Plus”, “Esparta” y el Plan de se-guridad fronterizo para Cúcuta. Como parte de estas campañas, se destaca el activo rol de la Ter-cera Brigada del Ejército, el Batallón de Ingenieros

Nº 30, la Fuerza de Tarea Vulcano (desde 2011), adscrita a la segunda división; la entrada en ope-ración de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA

III, con tres batallones de despliegue rápido y uno de acción directa, así como varios Batallones de

Operación terrestre (BATOT) y Batallones Espe-ciales Energéticos y Viales (BAEV)23. En total se estima que se ha aumentado el pie de fuerza has-ta llegar a cerca de 17.000 efectivos, convirtiendo la zona en una de las más militarizadas del país.

Vale señalar que las operaciones militares lleva-das a cabo por estas unidades se han intensifica-do con ocasión de la ruptura de los diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional.

Para varios líderes comunitarios y personas en proceso de reincorporación, la política del go-bierno, denominada Paz con Legalidad, responde a una estrategia de “militarización” del territorio que en realidad no ha contribuido a reducir el pro-blema de la criminalidad pues los grupos armados siguen expandiéndose y fortaleciéndose. En cam-bio, esta política sí supone un factor de tensiones constantes con la población civil ante los abusos y el excesivo uso de la fuerza, por cuenta de las es-tigmatizaciones y señalamientos por sus supues-tos vínculos con dichos grupos. Estas tensiones también se derivan, según los actores locales, de las acciones de erradicación forzada de cultivos ilícitos que se adelantan en el territorio, que han estado acompañadas de irregularidades y vulne-raciones a los derechos humanos como ocurrió con el líder social Alejandro Carvajal, “alcanzado por un disparo” de uno de los integrantes de un batallón de la Fuerza de Tarea Vulcano el 26 de marzo, en Sardinata, mientras se oponía a las ac-ciones de erradicación forzada.

de: https://www.laopinion.com.co/judicial/epl-los-rastrojos-una-union-macabra-178937#OP

tenido de: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/ masacre-de-tibu-habria-sido-contra-campesinos-acusados-de-colabo-rar-con-el-eln-defensoria-del-pueblo/

23 Ibíd.

10¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

Para varios líderes comunitarios y organiza-ciones sociales locales, la presencia de las Fuer-zas Militares no genera confianza porque, en su opinión, conniven con lo que denominan grupos paramilitares, defienden los intereses de empresas multinacionales y siguen llevando a cabo prácticas irregulares como los llamados “falsos positivos”.

Eso ocurrió, según ellos, con el asesinato de un hombre bajo el de alias “Copete”, quién resultó ser en realidad un joven miembro de la comunidad.

Algunos voceros y organizaicones sociales ma-nifiestan que la Fuerza Pública los señala y estig-matiza de manera infundada, lo que los convierte en objetivo de grupos armados ilegales y aumenta su riesgo. Además, para varias personas en proce-so de reincorporación, el despliegue de las Fuer-zas Militares resulta inútil si no va acompañado de inversión social y en infraestructura. De hecho, hay una percepción en el territorio de que el accionar de la Fuerza Pública tiene un enfoque reactivo en lugar de preventivo, que ha resultado ser ineficaz;

además, no es del todo claro cómo este modelo se conecta, desde una lógica más integral, con inicia-tivas socioeconómicas como “Catatumbo Sosteni-ble” y la “Hoja de Ruta” del PDET24.

Impacto humanitario De acuerdo con líderes sociales y represen-tantes de organizaciones de cooperación inter-nacional, la consolidación de los grupos armados en la región ha aumentado las amenazas, el re-clutamiento forzado, las afectaciones a civiles por explosiones de MAP y Municiones Sin Explotar

(MUSE), y las agresiones a líderes sociales, per-sonas en proceso de reincorporación y pobla-ción migrante. Según la ONU, el 70% del total de personas víctimas de confinamiento forzado en el país (45.000) a causa del accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, son habitantes del Catatumbo25.

Al respecto, la Oficina de Asuntos Humani-tarios de Naciones Unidas (OCHA)26, señaló que en 2018 se presentó la segunda mayor afectación humanitaria en la región desde 2002: 165.502 personas afectadas por el conflicto y la violencia armada; 167.958 migrantes venezolanos, y 8.158 afectados por desastres naturales. Comparado con 2017, en 2018 hubo un incremento de 469% en las acciones de desplazamiento masivo; de

643% en los accidentes por MAP y AEI; de 175% en los homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y de 324% en la restricción al acceso de bienes y servicios.

Según la Policía Nacional, los municipios del

Catatumbo registran tasas de homicidio superio-res a la nacional. Entre 2015 y 2019, aquellos que han tenido un aumento en la tasa de homicidio son Convención, Sardinata y Tibú. Para 2019, los municipios con las alzas más altas fueron Tibú

(260 por cien mil habitantes), Convención (175), El Tarra (108) y Hacarí (82). A nivel nacional, la tasa de homicidios se mantiene y no sobrepasa los 26 por cada cien mil habitantes desde 201527.

Muchos de estos homicidios han sido selectivos y se han dado por la confrontación entre el ELN y el

EPL contra personas señaladas de ser presuntos colaboradores de uno y otro grupo28.

Los recientes paros armados29 decretados por estos dos grupos, han tenido también un alto impacto expresado en el aumento del desplaza-

guracion_situacion_humanitaria_en_norte_santander_vf.pdf

11¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

miento forzado y los confinamientos, que han afectado a cerca de 20.000 personas. Además, cerca de 675 toneladas de productos agrícolas han quedado represados, lo que ha afectado el abastecimiento de mercados locales y naciona-les, y generado, además, el aumento en los cos-tos. A esto se suma el miedo y la zozobra de la población, evidente con el cierre del comercio, la inactividad del transporte público y la inasisten-cia escolar (se estima que resultaron afectados cerca de 11.700 niños, niñas y adolescentes)30.

Con relación a las agresiones contra líderes y organizaciones sociales, a partir de datos de prensa, al momento de redactar este informe, la

FIP había registrado cuatro casos en lo que va del 2020. En el 2019 se presentaron 17 agresio-nes, seis de las cuales fueron homicidios y ocho tentativas de homicidio. En el 2018, hubo 23 agresiones, 12 de las cuales fueron homicidios y tres tentativas de homicidio. Los liderazgos más afectados han sido los de las Juntas de Acción

Comunal (JAC) y líderes campesinos en Cúcuta, Tibú, Teorama y Ocaña31.

Existe una gran preocupación en el caso de la población en proceso de reincorporación porque la defensa del Acuerdo de Paz, en su opinión, los ha convertido en objetivo militar. Existe la per-cepción de que el Gobierno no está dando las garantías de seguridad porque los excombatien-tes que han salido del ETCR de Caño Indio no han tenido acompañamiento de las autoridades, lo que los ha llevado, en muchos casos, a “invisi-bilizar su identidad”, truncando así los proyectos productivos, procesos organizativos y el trabajo con las comunidades. Aunque algunos voceros campesinos y comunitarios reconocen que aun-que “se ha dado respuesta rápida a solicitudes de protección, los protocolos no se ajustan a las rea-lidades territoriales”, y además, en su opinión, los esquemas suministrados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), tanto individuales como co-lectivos, no están llegando o están incompletos ya que no hay suficientes escoltas ni vehículos, ni tampoco combustible y recursos para viáticos, o porque han sido retirados o reducidos.

Desde su perspectiva, no hay voluntad po-lítica pero sí muchas trabas burocráticas, y por eso “las respuestas del Gobierno son adornadas y no se ajustan a la realidad del territorio”. Algu-nos líderes campesinos manifestaron que, con el lanzamiento del Programa de Atención Oportuna

(PAO), se generaron muchas expectativas en el territorio frente a una mayor articulación institu-cional para una protección más eficaz, pero todo se ha reducido a trámites y discusiones sobre los criterios para la calificación de su condición de liderazgo. Frente a estas preocupaciones e in-quietudes de la comunidad, se intentó obtener la versión de la UNP pero no hubo respuesta al solicitud de información radicada en el marco de esta visita32.

Otro grupo poblacional particularmente afec-tado es el de los migrantes procedentes de Vene-zuela que, a causa del conflicto, han sido víctimas de desplazamiento, homicidios, reclutamiento forzado, desaparición y violencia sexual. En 2019, según cifras oficiales, Norte de Santander fue el departamento con mayor número de homicidios de venezolanos: Cúcuta (45 casos), Tibú (22) y

Villa del Rosario (21)33.

12¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

Norte de Santander.

Visita de congresistas a Cúcuta y Sardinata en el marco del proyecto Del Capitolio al Territorio, en marzo de 2018.

De todos estos hechos victimizantes, los ac-tores locales manifiestan una especial preocupa-ción por el reclutamiento forzado de menores.

Al respecto, la Consejería Presidencial para los

Derechos Humanos y Asuntos Internacionales ha señalado que se adelantan ejercicios de prio-rización en varios municipios considerados de alto riesgo para ejecutar políticas y estrategias de prevención34. Entre tanto, la Defensoría del

Pueblo ha manifestado su intención de fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas, para advertir escenarios de riesgo de reclutamiento, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(ICBF) y el Ministerio de Educación han informa-do sobre esfuerzos de prevención y restitución de derechos con proyectos y planes como “So-mos Paz” y “Me quedo en la escuela y protejo mis sueños”35. Estas iniciativas son bien recibidas por las comunidades, aunque, por ahora, no tie-nen claro cuál ha sido o es su impacto real ante la gravedad del contexto. De hecho, los actores locales consideran que las condiciones están da-das para que esta población sea altamente vul-nerable pues no hay oportunidades educativas ni infraestructura vial, y faltan, además, espacios de esparcimiento, arte, cultura y deporte.

Otro hecho victimizante que preocupa es la siembra de MAP. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha informado que implementó un plan estratégico enfocado en superar los principales obstáculos que ha tenido la implementación de la política; sin embargo, también ha reconocido que dicho territorio no ha podido ser intervenido de manera efectiva, debido a que las condiciones de seguridad no son favorables36.

13¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

02.

Desarrollo rural integral

El 28 de septiembre de 2018 se firmó el Plan de Acción para la Transformación Regional

(PATR) en la subregión de Catatumbo, que contó con la participación de 8.136 actores de los ocho municipios que la componen37. En dicho plan se destacaron los objetivos regionales relacionados con la formalización de la propiedad de la tierra, el establecimiento de cadenas productivas, así como la garantía de la soberanía alimentaria y de los servicios de salud y educación38.

Respecto a la implementación del PDET en la región, algunos líderes comunitarios destacaron como positiva la presencia institucional que llegó a la región a partir de la elaboración de la Hoja de

Ruta y del programa Catatumbo Sostenible. De acuerdo con autoridades locales, la implemen-tación de dichas políticas ha generado expecta-tivas entre la población, en especial las iniciati-vas del PATR. Además, algunos actores locales reconocieron avances en la implementación del

Acuerdo, afirmando que “estaba empezando a dar algunos frutos”, sobre todo ligados a la eje-cución de Obras PDET, la mayoría de las cuales están relacionadas con el mejoramiento de la in-fraestructura vial39. Sin embargo, los actores lo-cales coinciden en que es necesario acelerar la implementación de iniciativas de acceso a la tie-rra, educación, salud y vivienda.

Líderes comunitarios de la región también ex-presaron inconformidad por las deficiencias en la participación de la sociedad civil en la elabo-ración de la Hoja de Ruta y del Programa “Ca-tatumbo Sostenible”. Afirman que su proceso de elaboración no fue lo suficientemente parti-cipativo, que carece de legitimidad entre la po-blación, y que por eso es necesario fortalecer la socialización de sus resultados. La Agencia para la Renovación del Territorio (ART) asegura que la participación de la sociedad civil se garantizó mediante la convocatoria de los actores territo-riales que habían participado en la fase de pla-neación. De acuerdo con la ART, en la elabora-ción de la Hoja de Ruta participaron alrededor de

150 personas, incluyendo autoridades locales, re-presentantes de organizaciones internacionales, así como del sector privado, los grupos motor y demás organizaciones de la sociedad civil40.

Además, la ART informó que se escogieron dos delegados de los Grupos Motor municipales para socializar los resultados de la Hoja de Ruta con sus comunidades, e informó sobre un cro-nograma para llevar a cabo encuentros en los que se socializarán los resultados de la prioriza-ción una vez que las limitaciones causadas por la emergencia sanitaria lo permitan41. Sin embargo, los líderes de la región alertan sobre los riesgos que implica el hecho de que esta socialización de los resultados se delegue a los Grupos Mo-tor, pues —según ellos— la visibilización de esos liderazgos, dadas las condiciones de seguridad que enfrenta la región, pone en riesgo la integri-dad de los líderes sociales. Por eso, es necesario garantizar su seguridad para que el proceso de socialización sea efectivo.

14¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

03.

Reincorporación

De acuerdo con la Agencia para la Reincor-poración y la Normalización (ARN), a corte de junio de 2020, en Norte de Santander hay 632 personas en proceso de reincorporación, 66 de las cuales se encuentran en el ETCR Caño Indio, en Tibú42. Además, según el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), en el departamento existen seis Nuevas Áreas de Reincorporación

(NAR): cuatro rurales (en los municipios de Ha-carí, San Calixto, El Tarra y Tibú), y dos urbanas

(en Cúcuta y en la zona urbana de Tibú)43.

Respecto a los proyectos productivos, la ARN informa sobre la existencia de 196 proyectos in-dividuales que benefician a 232 personas, y dos colectivos en el que participan 25 personas44.

Para los excombatientes en el ETCR Caño Indio, la tendencia hacia la formulación de proyectos individuales obedece, sobre todo, a la imposibili-dad de presentar iniciativas productivas colecti-vas debido a la falta de acceso a la tierra necesa-ria para ejecutarlas. La ARN asegura que, si bien en el Acuerdo no se pactaron medidas para el acceso a la tierra de excombatientes, se desple-garon una serie de alternativas para desarrollar proyectos de reincorporación, entre ellas la posi-bilidad de postularse a la adjudicación de tierras de manera individual o colectiva, en calidad de campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; la posibilidad de que entidades de derecho públi-co soliciten la adjudicación de tierras para desa-rrollar proyectos con fines de reincorporación, y la posible suscripción de contratos de arrenda-miento entre la Sociedad de Activos Especiales y las asociaciones de los reincorporados45.

La ARN llama la atención sobre la situación ju-rídica del ETCR Caño Indio, el cual no puede ad-judicarse según la ANT, por lo que se recomienda comprar otro predio46. Además, excombatientes en el ETCR Caño Indio señalan que otro de los principales obstáculos para los reincorporados tiene que ver con las deficiencias en la electrifi-cación del centro poblado. Sin embargo, la ARN afirma que las plantas eléctricas presentes en el

ETCR son suficientes para garantizar la provi-sión de energía. Sobre eso, personas en proceso de reincorporación aseguran que dichas plan-tas presentan daños y no funcionan el 100% del tiempo47.

Líderes del ETCR también afirman que —tal y como han expresado excombatientes en otros encuentros del proyecto— la oferta de servicios del Estado en las Nuevas Áreas de Reincorpo-ración (NAR) en la región es mucho más limi-tada, comparándola con los servicios a los que acceden las personas en el Espacio Territorial de

Caño Indio. De acuerdo con ellos, dichas diferen-cias se han acentuado a partir de la emergencia sanitaria por el covid-19. La ARN insiste en que está en la capacidad de atender a cualquier per-sona en proceso de reincorporación en el territo-rio nacional48.

15¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

04.

Sustitución de Cultivos ilícitos

La subregión del Catatumbo sigue siendo alta-mente estratégica para todos los eslabones de la cadena de las drogas ilícitas. Actualmente, existen dos grandes preocupaciones entre los actores lo-cales: el incumplimiento de los compromisos del

Gobierno en el marco del PNIS, y las tensiones que se están generando alrededor de la reactivación de la política de erradicación forzada.

Frente al primer punto cabe señalar que, según el más reciente informe del Sistema Integrado de

Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), en 201949, Norte de Santander fue el departamento más afec-tado por cultivos de coca, con un aumento de cer-ca del 24% con respecto al año anterior (tendencia que contrasta con la disminución en cerca del 9% en el número de hectáreas cultivadas totales a nivel nacional). Según el informe, la subregión del Cata-tumbo en concreto desplazó a Nariño como la zona con más cultivos de hoja de coca, acumulando cer-ca de 41.749 hectáreas sembradas, de las cuales

20.000 están solo en Tibú, siendo el municipio del país con más coca sembrada, seguido por Sardina-ta, El Tarra y Teorama, en la misma subregión.

De acuerdo con líderes campesinos y miem-bros de organizaciones sociales de la subregión, el incremento se explica principalmente porque, primero, sigue siendo mucho más rentable cultivar coca que desarrollar cultivos de pancoger ante la falta de infraestructura vial y de circuitos econó-micos sólidos que les permitan comercializar lo que producen; y segundo, porque el PNIS no está funcionando como se esperaba. Según el SIMCI, a pesar de que esta zona es la que más coca tiene, es también una en las que menos se ha interve-nido: solo el 3% del PNIS está focalizado en este núcleo50.

El más reciente informe de UNODC sobre mo-nitoreo a la implementación del Plan de Atención

Inmediata en el marco del PNIS, con corte al 31 de marzo de 202051, verificó la erradicación vo-luntaria de 796 hectáreas de cultivos de coca en

Norte de Santander, un número bajo dentro del total de hectáreas erradicas voluntariamente a ni-vel nacional. Esto tiene relación con el hecho de que este es uno de los departamentos con meno-res porcentajes de familias inscritas (3.000) con pagos recibidos (71%), de las cuales solo 532 han recibido, hasta ahora, la totalidad de los pagos.

El informe señala, además, que 553 familias es-tán recibiendo asistencia técnica integral para el desarrollo de proyectos productivos y generación de capacidades territoriales.

Al respecto, los líderes y miembros de organi-zaciones sociales, así como personas en proceso de reincorporación, han denunciado que el pro-grama realmente no ha logrado los objetivos que se propuso en términos de sustitución por varias razones: primero, porque se modificó la línea de tiempo y, por lo tanto, los proyectos productivos no se están ejecutando; segundo, porque efecti-vamente hay muchos retrasos en los pagos de asistencia alimentaria; tercero, porque no se están formulando ni implementando los Planes Integra-les de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), obstaculizando la participación de la población en el proceso; cuarto, porque no es claro el tratamien-to que se dará a las familias que no se vincularon al programa y que no fueron incluidas; quinto, por-

www.unodc.org/documents/colombia/2020/Mayo/INFORME_EJECUTI- VO_PNIS_No._21.pdf

16¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

Norte de Santander.

Visita de congresistas a Cúcuta y Sardinata en el marco del proyecto Del Capitolio al Territorio, en marzo de 2018.

que no hay una articulación clara entre el PDET, el

PNIS y la estrategia de las “Zonas Futuro”; y sexto, por la negativa de incluir los demás municipios de la región (solo están incluidos Tibú y Sardinata).

Frente a algunas de estas observaciones, la

ART advirtió que en las actuales circunstancias macroeconómicas y fiscales del país por la pande-mia del covid-19, resulta imposible pensar que se pueda acelerar el cumplimiento de los compromi-sos asumidos en el PNIS, aunque informó que ya se tiene lista la asistencia técnica integral y la im-plementación de proyectos productivos de ciclo corto para 191 familias en Tibú; la asistencia técnica integral para la implementación de proyectos de autosostenimiento a 1.477 familias; y la asistencia a 236 familias para alistamiento de proyectos de huerta casera en Sardinata52. Un funcionario de esa entidad, presente en el territorio, aseguró que la emergencia sanitaria ha obstaculizado los pa-gos porque las familias, en medio de la cuarente-na, no pueden desplazarse a los centros poblados a realizar el cobro. Por esa razón, se han ampliado los plazos hasta que se levante el aislamiento.

Ante la respuesta de la Agencia, tanto líderes como excombatientes contraargumentaron que lo que pasa realmente es que la emergencia por el covid-19 está siendo instrumentalizada por el

Gobierno para justificar el incumplimiento de sus compromisos en todos los puntos del Acuerdo y eximirse así de la responsabilidad. Por eso recha-zan esta actitud que, en su opinión, lo único que hace es ratificar una clara falta de voluntad políti-ca, presente desde antes de la pandemia.

Una preocupación adicional de las autorida-des locales y líderes sociales —que se desprende de la anterior—, es que el incumplimiento por par-te del Gobierno ha provocado un alto costo polí-tico para las organizaciones sociales en la subre-gión53. También ha puesto en riesgo la integridad personal y la posición de liderazgo de muchos de

Obtenido de: https://www.elespectador.com/colombia2020/territo-rio/asociacion-campesina-del-catatumbo-perseguida-por-apostar-le-al-acuerdo-de-paz-articulo-900546/

17¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

sus integrantes frente a las comunidades. Al ha-ber sido partícipes de las campañas de pedago-gía en torno al PNIS, contribuyeron a que se gene-raran altas expectativas que, ante las falencias del programa, terminaron traduciéndose en grandes frustraciones para las comunidades. Por ello, es-tán siendo culpados de los retrasos, señalados de ser cómplices de los supuestos engaños de Go-bierno y, en algunos casos, incluso perseguidos y agredidos. A lo anterior se suma la presión de los grupos armados ilegales para que se deje de sustituir, lo que ha llevado, según voceros de or-ganziaciones sociales, a la fragmentación paulati-na de los pocos proyectos productivos que están avanzando y del trabajo comunitairo en general.

La otra gran preocupación en la subregión en torno a los cultivos ilícitos, tiene que ver con la reactivación de la erradicación forzada. Las ope-raciones recientes que ha llevado a cabo la Fuer-za Pública han generado gran malestar entre las comunidades campesinas; debido a ellas, han sur-gido tensiones y confrontaciones entre las comu-nidades y el Ejército, en algunos casos con desen-laces lamentables y vulneraciones a los derechos humanos54. Para varios líderes, organizaciones so-ciales y personas en proceso de reincorporación, la estrategia del Gobierno para abordar la cues-tión de los cultivos ilícitos es contraria al punto 4 del Acuerdo y entraña una gran contradicción: no cumple con los compromisos del PNIS en particu-lar y del Acuerdo de Paz en general, lo que obliga a los campesinos a sembrar coca como el mejor medio de subsistencia y promueve, además, la erradicación forzada, quintándoles la única alter-nativa de obtención de recursos. Muchos se que-jan de que son tildados de narcotráficantes y ad-veriten que “es que la sociedad no se da cuenta de que es la realidad que les ha tocado vivir”.

En respuesta a los mencionados reclamos de las comunidades, el Ministerio de Defensa55 acla-ró que las intervenciones para la erradicación se basan en criterios claramente definidos de canti-dad de cultivos y exclusión de áreas protegidas ambientalmente; exclusión de centros poblados, y donde hay presencia de comunidades étnicas o acuerdos vigentes del PNIS. De igual manera, in-formó de la existencia de una metodología de re-solución de controversias a la que pueden acudir las personas que crean que han sido afectadas, y que todas las operaciones se llevan a cabo res-petando los protocolos, reglamentos y manuales ambientales y de derechos humanos. Esta visión no es compartida por los actores locales, pues no es claro cuáles son esos protocolos ni cómo se están cumpliendo. Prueba de ello es la muerte, en las últimas semanas, de dos campesinos cultiva-dores de coca por disparos del Ejército.

Frente a los criterios señalados por el Minis-terio, las comunidades han mostrado su descon-tento; en su opinión, no se están cumpliendo y la decisión de retomar la aspersión con glifosato puede traer graves consecuencias para la salud de las comunidades, así como un fuerte impacto en el medio ambiente y en los cultivos de panco-ger. Esta misma percepción la tienen las autorida-des locales y departamentales, que han hecho un llamado al Gobierno Nacional para que suspenda las operaciones de erradicación por cuenta de los

dades/noticias-de-colombia-cuatro-militares-muertos-en-sardina-ta-norte-de-santander-535167

55 Respuesta al Derechos de Petición OFI20-4573.

18¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

efectos que esto podría seguir teniendo a nivel socioeconómico y de seguridad56. De hecho, en sus Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo que la reactivación de la política de erradicación seguramente derivará en grandes movilizaciones sociales que podrían desembocar en protestas y el uso de la fuerza con presión de actores armados ilegales, configurando así esce-narios de violaciones a los derechos humanos con grandes efectos sociales y económicos57. En efec-to, de continuar esta dinámica, las comunidades han manifestado que, pese a las restricciones de la cuarentena, seguirán movilizándose, bloquean-do vías y protestando para evitar que se avance con la erradicación58.

05.

Situación de las víctimas

Según la Unidad para la Atención y Repara-ción Integral para las Víctimas (UARIV), a corte de junio de 2020, hay un total de 90.986 víctimas,

77.766 de las cuales son sujetos de atención. Las victimizaciones más comunes son el desplaza-miento, el homicidio y la amenaza. Con respecto a los procesos de reparación integral, la UARIV informa que solo 4.725 personas han sido indem-nizadas, al menos 715 personas han participado de procesos de rehabilitación psicosocial, y se han realizado dos actividades de satisfacción59.

Al respecto, líderes sociales y víctimas en el territorio expresan inconformidad por la lentitud con la que se han implementado las políticas de reparación integral a víctimas. De acuerdo con los actores, dicha lentitud se ha acentuado debido a la emergencia sanitaria por covid-19. Al respec-to, la Unidad para las Víctimas afirma que la es-trategia para acelerar los procesos de reparación individual consiste en una caracterización entre solicitudes prioritarias y generales, que responde a los criterios de priorización establecidos por la

Unidad relacionados con la edad, padecimiento de enfermedades o condiciones de discapacidad.

Además, afirma que —durante la emergencia— se han llevado a cabo acciones orientadas a la aten-ción humanitaria, así como la ampliación de los plazos para el cobro de los pagos y el adelanta-miento de los giros de los meses de mayo y ju-nio60.

Respecto a la reparación colectiva, se han for-mulado nueve Planes de Retorno y Reubicación, y dos Planes Integrales de Reparación Colectiva;

además, la Unidad informa sobre tres más que están en etapa de alistamiento (1) e implementa-ción (2). Los sujetos de reparación colectiva son

Pueblo Indígena Motilón Barí, Resguardo indíge-na Catalaura, Comunidad Campesina y Barrial La

Gabarra, Comunidad del Área Urbana del Muni-cipio de Tibú, y la Comunidad del Corregimiento

Filogringo61.

Por otro lado, víctimas en el territorio y re-presentantes de organizaciones internacionales muestran preocupación porque no se han imple-mentado las llamadas ‘Curules de Paz’ y por las limitaciones que la pandemia ha implicado en la participación de las víctimas ante la JEP. Al res-pecto, dicha jurisdicción indica que, si bien inicial-

el-catatumbo-por-aumento-de-cultivos-de-coca-en-2019-508524

conflicto.

19¿En qué va la implEmEntación dEl acuErdo dE paz En El catatumbo?

mente el plazo para presentar informes de vícti-mas terminaba el 15 de marzo de 2020, la SRVR lo prorrogó hasta el 15 de marzo de 2021. Sin em-bargo, debido a la emergencia por covid-19, “los términos judiciales en la JEP se han suspendido desde el 13 de marzo de 2020, hasta el 1 de julio de 2020”, por lo cual se entiende que los plazos para la presentación de informes se encuentran igualmente suspendidos, y dicha suspensión se aplicará para extender el plazo de presentar in-formes a la JEP62.

Organizaciones de víctimas expresan su preo-cupación por la atención y la garantía de no repe-tición de victimizaciones como el reclutamiento a niños, niñas y adolescentes (NNA), y la presencia de MAP y AEI. La Defensoría del Pueblo, el ICBF y el Ministerio de Educación informan sobre diver-sas estrategias de prevención de reclutamiento de NNA que involucran espacios de participación comunitaria, la construcción de iniciativas para el desarrollo cultural y deportivo, en atención psico-social a la población en riesgo, y en el fortaleci-miento de capacidades para construir proyectos de vida e identificar posibles riesgos63.

06.

Capacidades territoriales para enfrentar el Covid-19

Con relación a la emergencia sanitaria por co-vid-19, se reconoce que las capacidades del sis-tema de salud de los municipios son frágiles para enfrentar contagios. Por ejemplo, a corte de 3 de septiembre de 2020, había 381 casos en los muni-cipios del Catatumbo; sin embargo, tras una con-sulta realizada en las bases de datos del Ministerio de Salud, se encontró que, en la subregión, no…