J.1 SECCION C - Declaracion de Objetivos (SOO).pdf

SECCIÓN C: DECLARACIÓN DE OBJETIVOS (SOO)

I. OBJETIVO

Esta actividad aumentará la capacidad del Gobierno de México (GOM) y de otros actores locales para prevenir y reducir la delincuencia y la violencia mediante la ampliación de la adopción de estrategias de justicia cívica y policiales basadas en evidencia a nivel nacional. Además, la actividad colaborará con la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado para promover enfoques innovadores de prevención y reducción de la violencia en las comunidades.

II. ANTECEDENTES

Los niveles de violencia siguen siendo muy elevados en México. Los jóvenes se ven especialmente afectados como perpetradores y víctimas en ciclos de violencia que se refuerzan mutuamente. En 2022, se cometieron más de 33,000 delitos contra jóvenes menores de edad en México, incluyendo 13,000 homicidios y 95 feminicidios. En todo el país, más de 66,000 personas de entre 18 y 29 años están en la cárcel, y las agresiones y los homicidios son las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 25 años. Los jóvenes de alto riesgo también son más vulnerables al reclutamiento por parte de Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT).

Entre 2015 y 2018, el país experimentó un aumento del 153 % en el reclutamiento de las OCT; se estima que 30,000 jóvenes se alistaron para llenar las filas de las OCT durante ese periodo de tiempo.

Considerando su bajo costo y alto impacto, la prevención es el enfoque más eficiente para disminuir el crimen y la violencia en México, y debe ser un componente central de cualquier estrategia para mejorar la seguridad ciudadana. Impulsar políticas e iniciativas sólidas para prevenir la violencia, en lugar de simplemente responder a ella, no sólo refuerza la seguridad de la comunidad, sino que también puede impulsar la economía mexicana y estimular la inversión del sector privado.

El Marco Bicentenario para la Seguridad de 2021, firmado el 8 de octubre de 2021, marcó un cambio en la cooperación en materia de seguridad entre los Estados Unidos y México. Dentro de este marco, los gobiernos de los Estados Unidos y México acordaron colaborar en las prioridades de Prevención del Crimen y la Violencia (CVP, por sus siglas en inglés), incluyendo la prevención de la violencia juvenil, la consolidación de la justicia cívica y el fortalecimiento de la policía local.

Mediante actividades previas, USAID ha diseñado y aplicado modelos de prevención de la delincuencia basados en evidencia y muy enfocados en los jóvenes. USAID se asoció con agentes locales para reforzar la justicia cívica en 32 ciudades y colaboró con los estados para seguir ampliando el modelo. A pesar de los progresos realizados, el modelo de justicia cívica sigue limitado a un pequeño número de municipios.

Además, USAID ha ayudado a siete municipios a implementar modelos de Policía Orientada a la resolución de Problemas (POP) y de Policía Comunitaria, y ha proporcionado asistencia técnica a cinco ciudades y a sus correspondientes fiscalías generales para aumentar la colaboración y el intercambio de información sobre delitos específicos. Sin embargo, los retos persisten y el aumento de la actividad de las OCT amenaza con intensificar la delincuencia, la violencia y el reclutamiento de jóvenes en comunidades de todo México.

En la actualidad, USAID implementa el apoyo a la reinserción impulsada por la comunidad para jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley, ayudando a reducir la violencia y la reincidencia. Estos enfoques también tienen en cuenta la participación de los agentes de policía para reforzar e institucionalizar la reintegración en las comunidades destinatarias.

Esta actividad se basará en programas anteriores y actuales de prevención de la delincuencia y la violencia dirigidos a reducir la actividad criminal y la violencia mediante el apoyo a los jóvenes en riesgo y la ampliación de los modelos de justicia cívica y policiales basados en evidencia. También utilizará buenas prácticas del enfoque de “Construcción de Paz People-to- People”para reunir de forma segura a grupos o individuos que previamente han estado en conflicto sobre estos objetivos comunes.1

III. DURACIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCIÓN

Este contrato se implementará a lo largo de cinco años a escala nacional, en un estimado de 200 municipios y 20 estados. El ofertante debe priorizar cuidadosamente los estados y municipios para su aplicación, utilizando los siguientes criterios de selección:

● Estados prioritarios del Gobierno Federal;

● Capacidad y disposición al compromiso del gobierno estatal;

● Capacidad del gobierno municipal, incluida la fuerza del sector policial y judicial;

● Compromiso del sector privado con las iniciativas de reducción de la delincuencia;

● Disponibilidad y calidad de los datos pertinentes;

● Dinámica local de la delincuencia y la violencia;

● Complementariedad con otras intervenciones del gobierno de los EE. UU.

IV. OBJETIVOS DE DESEMPEÑO Y RESULTADOS

La actividad hará avanzar la siguiente hipótesis de desarrollo:

SI se amplía la justicia cívica a escala nacional mediante la colaboración intersectorial Y se mejora la capacidad de análisis de datos, investigación y policía de proximidad de la policía municipal ENTONCES se prevendrán y

1 La definición generalmente aceptada de los programas de "Persona a Persona" implica: "Reunir a grupos en conflicto o afectados por conflictos de diferentes identidades políticas, étnicas, religiosas o de otro tipo con el fin de fomentar el entendimiento, la cooperación y la confianza mutuos; abordar los factores subyacentes del conflicto entre grupos y mejorar su capacidad y voluntad de resolver pacíficamente el conflicto y la violencia; ofrecer oportunidades a los grupos para que se comprometan por encima de las diferencias, cooperen y trabajen juntos para alcanzar objetivos comunes (trabajo intergrupal); y contribuir a las condiciones para una paz duradera (re)construyendo la cohesión social entre los grupos".

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pbaad866.pdf https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pbaad866.pdf reducirán la violencia y la delincuencia Y se reforzará la resiliencia de los jóvenes y la comunidad ante el impacto de la violencia.

La actividad impulsará la hipótesis de desarrollo a través de tres objetivos de actividad interrelacionados:

Objetivo 1: El modelo de justicia cívica se amplía y consolida a escala nacional en municipios de todo el país.

El ofertante debe crear un mecanismo de colaboración a nivel estatal para extender el modelo de justicia cívica a nivel municipal. El ofertante proporcionará apoyo técnico a este mecanismo y supervisará su prestación de asistencia técnica y formación a los funcionarios municipales de los juzgados cívicos, los departamentos de policía, otras unidades municipales y los actores locales de la sociedad civil y del sector privado, para ampliar y consolidar la justicia cívica a nivel municipal.

El ofertante debe colaborar con los municipios para establecer marcos normativos actualizados para el funcionamiento eficaz del modelo de justicia cívica. El ofertante debe colaborar con los juzgados cívicos para garantizar que cuentan con personal profesional, instalaciones adecuadas y recursos financieros para aplicar herramientas de evaluación de riesgos y evaluaciones médicas, llevar a cabo audiencias públicas, evaluar y dirigir a los infractores a instituciones y organizaciones de tratamiento, supervisar los progresos y presentar informes sobre el trabajo del tribunal. El ofertante debe ayudar a los juzgados cívicos a comunicar y compartir periódicamente información sobre los avances y resultados con sus comunidades y otras instituciones de justicia, incluso a nivel estatal.

El ofertante debe facilitar la coordinación entre la justicia municipal, las instituciones policiales, la sociedad civil y el sector privado, para ampliar y reforzar las sentencias no punitivas para los infractores. La actividad debe aprovechar los enfoques de “Construcción de Paz People-to- People” (P2P por sus siglas en inglés)), entre otros, para reducir el potencial de conflicto y aumentar la colaboración constructiva hacia estos objetivos. En particular, el ofertante debe ayudar a los juzgados cívicos y a las instituciones judiciales estatales a coordinar y compartir información sobre las tasas de reincidencia y la evolución de la violencia y la incidencia criminal en la región para impulsar estrategias de seguridad más sólidas.

El ofertante podrá conceder subvenciones a organizaciones locales para que actúen como proveedores de tratamiento para los infractores de la justicia cívica en materia de abuso de sustancias, control de la ira, salud mental y otros factores de riesgo. Estas subvenciones deben incluir mecanismos de sostenibilidad definidos, de modo que los agentes locales puedan garantizar la continuidad de la atención de forma independiente una vez finalizada la subvención. El ofertante también podrá apoyar a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) especializadas, agencias municipales y universidades en sus esfuerzos por tratar a los infractores de la justicia cívica.

El ofertante debe garantizar la participación del sector privado en la expansión y el fortalecimiento de la justicia cívica, en primer lugar, evaluando las sinergias entre las prioridades del sector privado y el uso de la justicia cívica como mecanismo de prevención de la violencia. El ofertante debe comprometerse con las asociaciones de líderes empresariales para conseguir su apoyo financiero, institucional y político a la justicia cívica. A nivel político, el ofertante debe abogar por que todos los niveles de gobierno incorporen la expansión, consolidación, supervisión y evaluación del sistema de justicia cívica en sus programas de seguridad. El ofertante debe actuar como enlace con el gobierno federal para garantizar su contribución, incluso mediante el apoyo político a la adopción de la justicia cívica por parte de más gobiernos locales y el establecimiento de una ley nacional de justicia cívica.

Los resultados indicativos en el marco de este objetivo son:

● Reducción del 25 % de la tasa de reincidencia de los infractores de la justicia cívica, con respecto a la línea base

● Aumento del 25 % en los factores de protección de los infractores de la justicia cívica a los que se impusieron sentencias alternativas, con respecto a la línea base

● Aumento del 25 % en el uso de sentencias alternativas en los juzgados de justicia cívica, con respecto a la línea base

● 200 municipios implementan plenamente el modelo de justicia cívica con el apoyo de la actividad

● Aumento del 50 % en el número de opciones terapéuticas y no terapéuticas de tratamiento y servicios comunitarios que los juzgados cívicos pueden ofrecer a los infractores

● El 25 % de satisfacción del público con el modelo de justicia cívica a nivel local

El ofertante debe proponer indicadores de desempeño y objetivos medibles para hacer un seguimiento de la expansión de los juzgados cívicos y su funcionalidad, incluida la coordinación con los departamentos de policía y las instituciones judiciales.

Objetivo 2: Los departamentos de policía municipales de todo el país adoptan estrategias policiales basadas en datos.

El ofertante debe asociarse con los gobiernos federal y estatal para diseñar estrategias y aplicar programas que refuercen la capacidad institucional de las fuerzas de seguridad municipales para hacer frente a la delincuencia.

El ofertante debe apoyar a los departamentos de policía locales para que adopten enfoques innovadores basados en datos para prevenir y reducir los incidentes violentos y la delincuencia en sus jurisdicciones. Los enfoques “Construcción de Paz People-to-People”, entre otros, deben utilizarse para reducir el potencial de conflicto y aumentar la colaboración constructiva. En colaboración con los departamentos de policía estatales y otras instituciones judiciales estatales, el ofertante debe desarrollar un mecanismo de colaboración a nivel estatal que proporcione formación y asistencia técnica para ampliar y consolidar los modelos de policía comunitaria y policía orientada a la resolución de problemas a nivel municipal, centrándose en la lucha contra los delitos de alta prioridad.

El ofertante debe apoyar los esfuerzos de los departamentos de policía municipales por profesionalizar al personal y conseguir instalaciones y recursos adecuados para adoptar enfoques de reducción de la delincuencia basados en datos. En concreto, el ofertante debe apoyar a los departamentos de policía para elaborar protocolos, normativas, soluciones tecnológicas, procedimientos y programas de formación que garanticen el éxito de la aplicación y la sostenibilidad a largo plazo de las estrategias policiales basadas en evidencia.

El ofertante debe asociarse con las instituciones policiales locales para establecer unidades funcionales de análisis e investigación que se coordinen con los agentes de policía de proximidad para recopilar información valiosa. Esto permitirá a las unidades policiales desarrollar patrullajes e intervenciones preventivas basadas en evidencia y reaccionar más eficazmente ante las tendencias de la delincuencia.

El ofertante debe apoyar a la policía de patrulla y de proximidad para que lleven a cabo periódicamente reuniones de establecimiento de estrategias para analizar la información facilitada por las unidades de análisis, adaptar las estrategias policiales actuales a las tendencias emergentes y delinear las futuras estrategias de prevención y reducción de la delincuencia.

El ofertante debe impulsar mecanismos formales de intercambio de información y coordinación entre las instituciones policiales locales y las instituciones estatales de justicia, y elaborar mecanismos por los que las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado funcionen como impulsores y observadores de estos esfuerzos para garantizar su sostenibilidad e institucionalización. Para facilitar esta cooperación mutua podrían utilizarse, entre otros, los enfoques de “Construcción de Paz People-to-People”. El ofertante debe permitir que las organizaciones locales aporten sus comentarios sobre el diseño de la policía proximidad y participen como observadores en el establecimiento de marcos normativos e institucionales para la implementación de modelos policiales basados en datos en sus municipios.

Los resultados indicativos en el marco de este objetivo son:

● Aumento del 25 % de la confianza de la comunidad en las instituciones policiales locales, con respecto a la línea base.

● Reducción del 50 % de los delitos prioritarios en las zonas seleccionadas

● Aumento del 25 % en las tasas de investigación de delitos seleccionados

● Aumento del 50 % en las respuestas del departamento de policía a las denuncias de delitos y crímenes basados en género.

● Aumento del 50 % de la capacidad de las unidades de análisis de los departamentos de policía local, con respecto a la línea base

● Aumento del 50 % en el número de departamentos de policía local que elaboran informes periódicos para informar a sus comunidades de las tendencias en materia de seguridad y delincuencia.

El ofertante deberá proponer objetivos e indicadores de desempeño medibles para hacer un seguimiento de la adopción de enfoques policiales basados en datos, incluida su coordinación con las instituciones judiciales.

Objetivo 3: Impulsar enfoques innovadores para prevenir y reducir la violencia a escala comunitaria mediante la colaboración transversal de los sistemas gubernamentales y locales.

En estrecha coordinación con la sociedad civil, el mundo académico, las instituciones judiciales y las entidades del sector privado, el ofertante investigará, seleccionará, pilotará estratégicamente y ampliará los enfoques innovadores, incluidos los enfoques de “Construcción de Paz People-to-People”, para reducir la violencia a nivel comunitario en los estados seleccionados en los Objetivos 1 y 2. El ofertante deberá utilizar los datos procedentes de las intervenciones realizadas en el marco de los Objetivos 1 y 2 como punto de partida para la investigación cuantitativa y cualitativa de las tendencias de violencia y criminalidad.

La participación de las instituciones judiciales y policiales, los líderes juveniles y las organizaciones de base es fundamental para que el ofertante identifique con éxito a los participantes y comprenda las tendencias de delincuencia y violencia en la comunidad. El ofertante debe generar confianza con estas entidades y garantizar su participación activa en la aplicación de la estrategia. Para reforzar una colaboración exitosa entre diversas instituciones, debe aplicarse un enfoque de “Construcción de Paz People-to-People”. Las intervenciones seleccionadas deben centrarse en el nivel comunitario, pero el ofertante puede utilizar intervenciones individuales para afrontar obstáculos específicos a la reducción de la violencia.

El ofertante debe institucionalizar y consolidar las estrategias comunitarias de reducción de la violencia dentro de los juzgados cívicos, la policía municipal y otras agencias locales para garantizar su sostenibilidad y continuidad. USAID podrá seleccionar modelos basados en pruebas que hayan dado excelentes resultados para su reproducción más amplia. Las conclusiones de este objetivo deben además impulsar la adaptación y la innovación en el marco de los objetivos 1 y 2.

Los resultados indicativos en el marco de este objetivo son:

● Disminución del 50 % de la desconfianza de la comunidad hacia los jóvenes en conflicto con la ley, con respecto a la línea base.

● Reducción del 50 % del número de incidentes violentos en la comunidad destinataria

● Aumento del 50 % de la confianza de la comunidad en los juzgados cívicos y la policía municipal

● Tasa de reincidencia del 5 % entre los participantes que reciben tratamiento

El ofertante deberá proponer objetivos e indicadores de desempeño medibles para hacer un seguimiento de la aplicación y la eficacia de los enfoques comunitarios de reducción de la violencia, así como su integración con las estrategias de justicia cívica y policiales.

V. LIMITACIONES OPERATIVAS Y PARÁMETROS CONTRACTUALES

Expansión escalonada de los modelos de sociedad civil y policiales

Para lograr el objetivo de la Actividad, se requiere que el ofertante cumpla con los siguientes requisitos técnicos asociados a la dirección de una expansión escalonada de los modelos de justicia cívica y policial en México:

1. El ofertante deberá realizar un análisis economía política para evaluar la viabilidad de ampliar los modelos de justicia cívica y policial a nuevas localidades y aplicar enfoques comunitarios de reducción de la violencia.

2. En colaboración con las partes interesadas pertinentes, el ofertante debe llevar a cabo una evaluación de la capacidad de los estados seleccionados para medir la fortaleza institucional y documentar la madurez de los sistemas municipales de justicia cívica y los modelos policiales existentes.

3. Tras obtener la aprobación de las partes interesadas, el ofertante debe colaborar con el gobierno de cada estado para crear un plan a medida para la transferencia y adaptación de los modelos de justicia cívica y policial a las autoridades estatales. El ofertante debe hacer un seguimiento de los avances a través de un plan anual de asistencia técnica, garantizando que cada elemento del modelo de justicia cívica se transfiere con éxito a los estados.

4. Los mecanismos de colaboración a nivel estatal dirigirán la expansión de los modelos de justicia cívica y policiales a los municipios utilizando un enfoque de formación de formadores. El ofertante debe acompañar al mecanismo en la formación de los municipios y proporcionar información periódica y recomendaciones para mejorar el proceso. El ofertante debe proporcionar a las autoridades estatales asesoramiento y apoyo técnico ad hoc para garantizar el éxito de esta expansión dirigida localmente. El ofertante prestará asistencia técnica directa a los municipios solo en determinadas ciudades.

5. Para garantizar la adecuada transferencia y asimilación de los modelos de justicia cívica y policial a nivel municipal, el ofertante deberá proporcionar formación y apoyo técnico a las autoridades pertinentes, incluyendo, entre otros, los siguientes aspectos: diseño y aplicación de políticas públicas, desarrollo de protocolos y normativas institucionales, recopilación y análisis de datos, y desarrollo de programas.

6. Para fomentar la aplicación de estrategias comunitarias de reinserción y reducción de la violencia dirigidas a nivel local, el ofertante se asociará con instituciones judiciales, gobiernos municipales, las OSC, el mundo académico y el sector privado, para comprender la dinámica de la violencia local, identificar a los participantes, aplicar el plan e institucionalizar los enfoques que hayan tenido éxito. Se utilizará un enfoque “Construcción de Paz People-to-People” cuando sea necesario y apropiado.

7. El ofertante debe evaluar continuamente los avances en cada estado y adaptar la estrategia de replicación según corresponda. El ofertante deberá generar datos y publicaciones sobre el proceso de replicación y utilizar los resultados para reforzar su enfoque.

Coordinación y colaboración

El éxito de esta actividad depende de que el ofertante fomente un excelente intercambio de información y la colaboración entre un amplio conjunto de partes interesadas de diversas localidades. Para ello, el ofertante deberá:

1. Establecer mecanismos formales de comunicación, intercambio de información y coordinación entre los juzgados cívicos, los departamentos de policía locales, las fiscalías generales de los estados, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para consolidar la aplicación de los modelos de justicia cívica y policiales basados en datos a nivel municipal y generar un enfoque ecosistémico de la prevención de la violencia. El ofertante, los gobiernos estatales participantes y las organizaciones locales deben formalizar su colaboración, incluso mediante memorandos de entendimiento, para garantizar la continuidad de estas asociaciones.

2. El ofertante debe establecer mecanismos formales de coordinación entre las instituciones de justicia estatales y los departamentos de policía municipales en las regiones objetivo. En particular, la coordinación entre la policía y los operadores de justicia cívica es esencial para aplicar estrategias acordes con los indicadores y las tendencias locales de violencia.

3. El ofertante debe promover la colaboración con y entre los agentes no gubernamentales locales para impulsar estrategias municipales más eficaces en materia de prevención y reducción de la delincuencia y la violencia.

Inclusión social y de género

El ofertante debe dar prioridad a la inclusión social y de género y a la sostenibilidad en todas las fases del diseño y la implementación de la actividad. En particular, el ofertante deberá:

1. Analizar las brechas de género y las dinámicas de violencia asociadas que prevalecen en la justicia cívica, la policía y los sectores relacionados, y promover enfoques inclusivos y sensibles al género en la justicia cívica y dentro de los departamentos de policía municipales.

2. Proporcionar formación y asistencia técnica a agentes de policía, funcionarios de justicia y otros actores locales para reforzar su capacidad de abordar las brechas de género y prevenir la violencia de género (VG). En particular, el ofertante debe formar a los juzgados cívicos para que funcionen con normas y protocolos que respeten la diversidad y prevengan la violencia de género en las comunidades. El ofertante debe apoyar a las unidades policiales para que analicen los datos desde una perspectiva de género e implementen acciones para abordar las brechas de género dentro de las fuerzas del orden y prevenir y reducir la violencia de género en las comunidades.

3. Diseñar enfoques diferenciados que garanticen que los grupos vulnerables, como las mujeres, los grupos LGBTQI, las poblaciones indígenas y otros, puedan acceder equitativamente a la ayuda a través de esta actividad.

4. Aplicar medidas para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones, incluidas iniciativas para reforzar la capacidad institucional de las instituciones participantes e impulsar la participación ciudadana en las iniciativas de reducción de la violencia.

Disposiciones de investigación de antecedentes

En todas las intervenciones, el ofertante debe cumplir las disposiciones de investigación de antecedentes del Gobierno de los Estados Unidos, que prohíben el uso de fondos del Gobierno de los Estados Unidos para ayudar a unidades de fuerzas de seguridad extranjeras de las que se sepa que están implicadas en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos o que supongan un riesgo para la reputación de la Agencia y del Gobierno de los Estados Unidos en general.

Medio ambiente y clima

El ofertante debe tener en cuenta el impacto de sus intervenciones en el medio ambiente.

USAID considera que la sostenibilidad medioambiental es un elemento central del diseño y la ejecución responsables de sus programas de desarrollo. Por lo tanto, todas las intervenciones planificadas y realizadas en el marco de esta propuesta deben cumplir con el Reglamento 216, que describe el proceso de evaluación del impacto ambiental (EIA) de USAID previo a la implementación. La propuesta también debe cumplir la normativa medioambiental del país anfitrión.

Apropiación y liderazgo locales

Facilitar la apropiación y el liderazgo locales sustentará los compromisos de la actividad con las autoridades locales, la sociedad civil, el sector privado y cualquier otra parte interesada. Debe darse prioridad a un enfoque participativo y facilitador para reforzar el liderazgo local, la apropiación, la continuidad y la sostenibilidad.

Participación del sector privado

La actividad aprovechará la financiación y la influencia del sector privado para reforzar la sostenibilidad financiera y el impacto de las intervenciones. En concreto, el ofertante debe facilitar la inversión estratégica del sector privado en asociaciones y modelos innovadores para prevenir y reducir la violencia.

Sensibilidad al conflicto

El ofertante debe promover un enfoque sensible al conflicto que evite dañar o marginar aún más a individuos o grupos, y maximice los impactos positivos de las intervenciones. Cuando proceda, la Actividad utilizará un enfoque de reconciliación de“Construcción de Paz People-to- People” para avanzar en los objetivos de la Actividad. La actividad debe garantizar un enfoque de "no hacer daño" integrado en todas las intervenciones.

Capacidad de gestión

USAID entiende que muchas entidades locales pueden no tener experiencia previa en gestión al nivel de financiación proyectado por este contrato. Por lo tanto, se espera que muchos ofertantes opten por asociarse con otra entidad que tenga experiencia previa de gestión con USAID en niveles de financiación similares y pueda apoyar al ofertante en la presentación de informes, la administración y el cumplimiento de la adjudicación y/o la gestión financiera. Este acuerdo se anticipa mediante el uso de mecanismos de subcontratación que podrían apoyar a través de los primeros años del contrato, fortaleciendo al mismo tiempo estas capacidades para el ofertante y dejando al ofertante con un conjunto de habilidades sostenibles que pueden llevarlos hasta el final del contrato y más allá.

[FIN DEL SOO]

SECCIÓN C: DECLARACIÓN DE OBJETIVOS (SOO)