Attachment J.14 Assesment on status and challenges of financial inclusion in Colombia (Spanish Version).pdf
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- USAID/Colombia Equitable Finance Activity
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- 72051422R00006
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This request for proposals (RFP) from USAID/Colombia seeks proposals to provide services under an IDIQ contract to improve the supply and demand of formal financial services in rural, underserved and conflict regions of Colombia and mobilize long-term capital. USAID anticipates awarding a single hybrid CPFF completion IDIQ contract estimated between $24.5-28.5 million. Proposals are due by the specified date and time in accordance with instructions in Sections L and M of the RFP. Offerors must review these sections detailing requirements, evaluation criteria, and the highest technically rated with fair and reasonable price process without tradeoffs. Services will support USAID/Colombia's CDCS and programming priorities. The competition is full and open with domestic and foreign, for-profit and non-profit entities eligible to respond.
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EVALUACIÓN DE ESTADO Y RETOS DE LA
INCLUSIÓN FINANCIERA EN COLOMBIA ENTRE
2016 A 2021
Agosto, 2021
Esta publicación fue realizada a solicitud de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), fue elaborada de manera independiente por Jaime Arteaga & Asociados (JA&A). Las opiniones expresadas en este documento pertenecen únicamente a los autores y no reflejan necesariamente la visión u opinión de USAID.
FOTO: JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS
CONTENTS
Abreviaturas Índice de gráficos
1. Introducción
2. Ecosistema de la inclusión financiera
2.1 Oferentes de productos de depósito y ahorro
2.1.1 Entidades vigiladas por la SFC
2.1.2 Entidades vigiladas por la SES
2.2 Oferentes de crédito
2.2.1 Entidades vigiladas
2.2.2 Entidades no vigiladas
2.3 Aseguradoras
2.4 Medios de pago de bajo valor
2.5 Instituciones públicas
2.5.1 Entidades de segundo piso
2.5.2 Fondos de Garantías
2.5.3 Órganos intersectoriales
2.5.4 Entes reguladores
3. Cifras de inclusión financiera de los últimos cincos años
3.1 Presencia financiera
3.2 Indicador de acceso y uso
3.3 Expectativas para los próximos años
Recuadro 1. Posibles mejoras a la medición de la inclusión financiera
4. Retos para la inclusión financiera
4.1 Brechas entre grupos poblacionales
4.1.1 Brecha urbano-rural
4.1.2 Brecha entre grupos etarios
4.1.3 Brecha de género
4.1.4 Brecha entre nacionales y migrantes
4.2 Uso de productos financieros e información transaccional
4.3 Inclusión financiera de las personas jurídicas
Recuadro 2. . Inclusión financiera de la minería artesanal
4.4 Limitantes de oferta y demanda de seguros
4.5 Bajas capacidades financieras de la población y falta de información de la gerencia en las MiPymes
5. Modificaciones pendientes al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario
6. Experiencias internacionales en inclusión financiera
Referencias
ABREVIATURAS
BdO Banca de las Oportunidades
BID Banco Interamericano de Desarrollo.
CAF Banco de Desarrollo de América Latina.
CATS Cuentas de Ahorro de Trámite Simplificado.
COP Pesos colombianos.
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
DNP Departamento Nacional de Planeación.
FINAGRO Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario.
MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
MiPymes Micro, pequeña y mediana empresa.
MPAV Medios de pago de alto valor.
MPBV Medios de pago de bajo valor.
OECD Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
SEDPES Sociedades Especializadas en Pagos y Depósitos Electrónicos.
SES Superintendencia de la Economía Solidaria.
SFC Superintendencia Financiera de Colombia.
SNCA Sistema Nacional de Crédito Agropecuario.
TDA Títulos de Desarrollo Agropecuario.
URF Unidad de Regulación Financiera.
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Ecosistema de la Inclusión Financiera en Colombia
Gráfico 2. Composición de la cartera de los EC por año
Gráfico 3. Participación de la cartera de microcrédito en 2020
Gráfico 4. Composición de crédito otorgado por CCF según modalidad en 2020
Gráfico 5. Crédito con compañías Fintech
Gráfico 6. Participación de las primas emitidas por tipo de seguro en 2020
Gráfico 7. Participación de las primas emitidas por tipo de microseguro, 2019-2020
Gráfico 8. Sistema de pago en Colombia
Tabla 1. Infraestructura de los Sistemas de Pago de Bajo Valor en Colombia
Gráfico 9. Evolución en el número de puntos de acceso
Gráfico 10. Puntos de acceso por cada 10.000 adultos desagregado por tipo de municipio
Gráfico 11. Puntos de acceso por cada 10.000 adultos desagregados por región
Gráfico 12. Oficinas por tipo de entidad
Gráfico 13. Corresponsales por tipo de entidad
Tabla 2. Oficinas y corresponsales bancarios por cada 10.000 habitantes en 2020
Gráfico 14. Puntos de acceso por nivel de ruralidad
Gráfico 15. Indicador de acceso y uso de productos financieros
Gráfico 16. Indicador de acceso y uso por producto de depósito
Gráfico 17. Indicadores de acceso y uso por regiones
Gráfico 18. Indicador de tenencia de créditos vigentes
Gráfico 19. Indicador de acceso y uso por regiones
Gráfico 20. Número de créditos vs monto por tipo de producto
Gráfico 21. Acciones para la inclusión financiera – SFC
Gráfico 22. Ecosistema Fintech en 2021
Tabla 3. Mejoras de la medición de la inclusión financiera
Tabla 4. Pobreza monetaria, multidimensional y tasa de desempleo por género y ubicación
Gráfico 23. Población inactiva por sexo y por tipo de actividad principal
Gráfico 24. Tiempo diario promedio por género en actividades de trabajo
Gráfico 25. Impacto sobre los ingresos de los jefes y jefas de los hogares como consecuencia de la emergencia
Gráfico 26. Tasa de desempleo de la población joven (14 a 28 años)
Gráfico 27. Tasa de desempleo juvenil por sexo
Gráfico 28. Porcentaje de adultos con algún producto financiero
Gráfico 29. Porcentaje de adultos con algún crédito vigente por nivel de ruralidad
Tabla 5. Desembolsos en número y monto por modalidad de crédito
Gráfico 30. Número y porcentaje de adultos con productos financieros por rango de edad
Gráfico 31. Indicador de acceso y uso de productos financieros por grupos de edad
Gráfico 32. Indicador de acceso y uso de productos financieros por sexo
Gráfico 33. Fuentes de crédito por género
Gráfico 34. Composición de la cartera de microcrédito por sexo
Gráfico 35. Uso de efectivo en Colombia, 2010-2020
Tabla 6. Participación de medios de pago en operaciones básicas
Gráfico 36. Variación porcentual anual del número de transacciones por tipo de canal
Gráfico 37. Número de transacciones asociadas a productos digitales
Gráfico 38. Número de personas jurídicas con productos financieros
Gráfico 39. Número de personas jurídicas con créditos vigentes
Gráfico 40. Tenencia y uso de los productos de depósito por parte de las personas jurídicas
Gráfico 41. Acceso al crédito para las empresas, según su tamaño
Gráfico 42. Porcentaje de rechazo de nuevas solicitudes de crédito, por modalidad
Gráfico 43. Uso de herramientas no presenciales por canal de comercialización en 2020
Tabla 7. Hallazgos más importantes de la ECF en Colombia, 2019
Gráfico 44. Puntajes de capacidades y educación financiera en América Latina
Gráfico 45. Clasificación vigente tipos de productor agropecuario
Tabla 8. Oferta vigente del SNCA
Gráfico 46. Saldo de cartera por tipo de productor
Gráfico 47. Cartera del pequeño productor por intermediario financiero
Gráfico 48. Número de operaciones por tipo de productor
Gráfico 49. Productores agropecuarios con crédito de fomento
Gráfico 50. Saldo de cartera por municipio de inversión a diciembre de 2020
Gráfico 51. Cartera por municipio de inversión y fuente de fondeo a diciembre de 2020
Tabla 9. Resumen de la Propuesta de Clasificación de Tipo de Productor
Gráfico 52. Países que han liderado los puntajes del Microscopio Global de The Economist
1. INTRODUCCIÓN
En los últimos cinco años, Colombia ha registrado avances significativos en términos de inclusión financiera. El indicador de acceso a productos financieros pasó de 77,3% en 2016 a 87,8% en 2020 superando, dos años antes de lo previsto, la meta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 (85%). En este mismo periodo, los puntos de acceso al sistema financiero (datáfonos, corresponsales, cajeros automáticos y oficinas) por cada 10.000 adultos aumentaron de 214,2 a 258,1, y se mantuvo la cobertura de 100% de los municipios colombianos con al menos un punto de acceso alcanzada en el año 2015. De igual manera, se evidenció una mejora en la oferta de servicios financieros debido a la entrada de nuevos proveedores y a la mayor innovación al interior de la industria financiera.
Estos logros han sido el resultado del esfuerzo del sector público y privado, así como de la cooperación internacional, quienes han trabajado por mejorar el marco regulatorio para la inclusión financiera, la pertinencia de los productos y servicios financieros ofrecidos, y la confianza y satisfacción de los usuarios financieros. Lo anterior, se ha reflejado en la posición de Colombia dentro del ranking del Microscopio Global elaborado por The Economist Intelligence Unit, donde el país ocupa desde el año 2016 el primer lugar dentro de una muestra de 55 países de ingresos medios y bajos. Este ranking resalta el entorno para la inclusión financiera en Colombia debido a cinco dimensiones: Gobierno y apoyo de políticas, estabilidad e integralidad, productos y puntos de venta, protección del consumidor e infraestructura.
A pesar de los avances, se evidencian retos en seis dimensiones. En primer lugar, la brecha de acceso y uso de depósitos y créditos para los pobladores urbanos y rurales, entre las mujeres y hombres, los jóvenes y los adultos, y los migrantes. En segundo lugar, el uso de los productos financieros y la falta de información transaccional para algunos segmentos productivos y de las personas sin experiencia previa con el sistema financiero. En tercer lugar, los rezagos en la inclusión financiera de las personas jurídicas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). En cuarto lugar, la baja penetración de los seguros voluntarios (incluyendo los microseguros) debido a factores de oferta y demanda. En quinto lugar, las bajas capacidades financieras de la población y la falta de información sobre las habilidades gerenciales de los micro y pequeños empresarios. Finalmente, los retos que enfrenta el SNCA para beneficiar a un mayor número de pobladores rurales, especialmente a aquellos con menores ingresos y mayores condiciones de vulnerabilidad.
Trabajar en estas dimensiones es clave dada la importancia de la inclusión financiera en la reducción de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Banco Mundial 2018). Al respecto, Lu y Zhuang (2009) señalan que el desarrollo del sector financiero impacta la pobreza por dos canales: el primero (indirecto) es a través del crecimiento económico y el segundo (directo) es a través del uso de los servicios financieros. En esta misma línea, el Fedesarrollo y BID (2015) subraya que mayor acceso a los servicios financieros reduce la pobreza al disminuir la vulnerabilidad de los hogares, aumentar el número MiPymes, e incentivar una mayor formalización de empresas. Finalmente, Claessens y Feijen (2006) mencionan que las finanzas pueden facilitar las transacciones, reducir costos de envío de fondos y facilitar el proceso de consolidación de activos y suavización del consumo ante choques al ingreso.
Con el fin de abordar los retos identificados, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), en el marco de los objetivos de su estrategia de cooperación para el desarrollo, ha estructurado un nuevo programa de intervención denominado
Equitable and Resilient Finance que complementará los logros de la Iniciativa Finanzas Rurales implementada entre 2014 y 2020. El objetivo del nuevo programa es mejorar tanto la oferta como la demanda de servicios financieros formales en las zonas rurales, y las regiones desatendidas y afectadas por conflictos.
El análisis presentado a continuación constituye un insumo para las partes interesadas en dicho programa, ya que presenta el estado y los retos de la inclusión financiera en Colombia con base en una revisión de fuentes secundarias. La información analizada comprende documentos de política pública del Gobierno Nacional, reportes de organismos multilaterales, centros de pensamiento, gremios y/o donantes, y los resultados de investigaciones académicas publicados principalmente entre los años 2016 y 2021. Los documentos publicados antes del 2016 se incluyeron por su relevancia y por la no identificación de referencias más recientes que aborden los mismos temas. Anexo a este documento se publica el repositorio de la información analizada para que sea de más fácil consulta.
Este documento se divide en siete secciones, incluida esta introducción. En la segunda, se presenta el ecosistema de la inclusión financiera en Colombia, con una caracterización de las entidades oferentes de productos y servicios financieros. En la tercera, se presentan las cifras de inclusión financiera destacando los avances de los últimos cinco años. En la cuarta, se presenta evidencia sobre los retos identificados para la inclusión financiera en Colombia. En la quinta, se exponen los retos que enfrenta el SNCA y, en la sexta, se destacan algunas experiencias internacionales en inclusión financiera. Finalmente, se presentan las conclusiones.
2. ECOSISTEMA DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA
La inclusión financiera constituye una prioridad para los gobiernos, los organismos multilaterales, y los donantes internacionales dado su rol en la reducción de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Banco Mundial 2018). De acuerdo con Klapper et al. (2016), la inclusión financiera contribuye directamente con la consecución de 7 de los 17 ODS: 1: Fin de la Pobreza, 2:
Hambre Cero, 3: Salud y Bienestar, 4: Educación de Calidad, 5: Igualdad de Género, 6. Agua Limpia y Saneamiento y 7. Energía Asequible y No Contaminantes.
La inclusión financiera es un concepto amplio que se refiere al proceso por el cual las personas y empresas acceden a productos y servicios financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades de depósito, ahorro, crédito y seguros, así como las de transacciones y pagos. Con su promoción, no sólo se busca que la población adquiera los servicios financieros, sino que su uso le genere bienestar en la medida en que sean prestados de manera responsable y sostenible.
Los oferentes de servicios financieros varían entre y al interior de los países, dado el marco regulatorio, las políticas de las entidades financieras y las características de la población. Para el caso colombiano, el ecosistema de la inclusión financiera se conforma de varios agentes vigilados y no vigilados que se complementan y compiten dependiendo del área analizada (Gráfico 1). A continuación, se describe la oferta de productos financieros en Colombia desagregando entre (i) el depósito y ahorro, (ii) crédito,
(iii) seguros y (iv) sistemas de pagos, así como a sus principales proveedores.
Gráfico 1. Ecosistema de la Inclusión Financiera en Colombia
Fuente: Elaboración propia.
2.1 OFERENTES DE PRODUCTOS DE DEPÓSITO Y AHORRO
En Colombia, las entidades oferentes de depósito y ahorro requieren la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) o la Superintendencia de Economía Solidaria (SES), quienes vigilan su operación con el fin de salvaguardar la estabilidad financiera del país. Por ley, estas entidades deben inscribirse al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) y al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop), quienes garantizan el dinero ahorrado por el público en caso de que la institución financiera entre en liquidación1. Aunque los establecimientos de crédito vigilados por la SFC son los de mayor tamaño con un monto en depósitos de ahorro de COP $246 billones (b) a diciembre de 2020, las entidades vigiladas por la SES con un monto de COP $16,5 b juegan un rol importante en las ciudades intermedias y en las zonas rurales donde se crea una relación de confianza con los clientes.
2.1.1 ENTIDADES VIGILADAS POR LA SFC
Establecimientos de crédito
Los Establecimientos de Crédito (EC) son entidades cuya función principal es intermediar entre los depósitos del público y las colocaciones de crédito a personas naturales y jurídicas. Dentro de esta clasificación se encuentran los establecimientos bancarios, las cooperativas financieras, las compañías de financiamiento y las corporaciones financieras. Aunque estos tipos de entidades tienden a especializarse, bien sea en servicios personales o empresariales, deben cumplir con la misma regulación y ofertan tres productos básicos, que se ajustan a sus líneas de negocio y a las necesidades de sus clientes.
En primer lugar, las cuentas de ahorro, que son depósitos que le permiten al cliente disponer de su dinero mediante el uso de cajeros y tarjetas débito, y que generan intereses de acuerdo con las políticas de cada entidad. En segundo lugar, las cuentas corrientes, que son depósitos a la vista en los que el titular puede acceder a sus recursos mediante mecanismos convencionales junto con la posibilidad de girar cheques y tener cupos de sobregiros.
En tercer lugar, los certificados de depósito a término (CDT), que son mecanismos de ahorro e inversión que mediante un documento certifican que ciertos recursos se han dejado a cargo de un EC por un plazo establecido y, que luego de su vencimiento, el cliente recibirá el saldo inicial junto a una suma adicional proveniente de una rentabilidad fija o variable.
En Colombia hay 46 EC, de los cuales 26 son establecimientos bancarios, 10 compañías de financiamiento, 5 cooperativas financieras y 5 corporaciones financieras. De este grupo, sobresalen el Banco Agrario de Colombia2 (banco estatal enfocado en el sector agropecuario y con la mayor red de oficinas en los municipios rurales del país); los bancos de nicho que son especializados en los segmentos de más bajos ingresos (Bancamía, Banco W, Banco Mundo Mujer y Mibanco); y el Banco Coopcentral, 1 El monto máximo reconocido por Fogafín es de COP $50 millones y el de Fogacoop COP $12 millones.
2 De acuerdo con su objeto social, no menos del 70% de sus nuevas operaciones activas de crédito deben estar dirigidas a financiar las actividades rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. No obstante, al cierre de 2020, el 39,5% de sus activos se encontraban en inversiones y no en cartera.
que es un actor clave de la Red coopcentral, la cual integra a cerca de 120 organizaciones cooperativas para la prestación de servicios transaccionales y financieros integrados a sus asociados.
Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpes)
Las Sedpes son entidades financieras que funcionan casi en totalidad por medio de plataformas virtuales, cuya función es captar dinero mediante depósitos electrónicos, los cuales pueden utilizarse para realizar pagos, traspasos, y enviar y recibir giros financieros. Estas entidades son vigiladas y reguladas por la SFC, bajo una licencia bancaria más laxa que la de los bancos tradicionales que les permite operar con menores costos operativos e incluir financieramente a más personas y empresas. Al igual que los EC, deben inscribirse a Fogafín, con lo cual se garantizan los recursos del público.
Actualmente, la SFC ha autorizado la operación de 5 Sedpes3, las cuales alcanzaron los 1,3 millones de clientes entre personas naturales y jurídicas al cierre de 2020, y movilizaron $39,7 miles de millones
(mm) de Pesos colombianos (COP). La Sedpes con mayor participación en el mercado fue Movii con el 94,16% del mercado, reportando movimientos entre clientes por más de $30 mm. En orden de importancia, le siguen Pagos GDE (Powwi) con COP $9,3 mm, Aval Soluciones Digitales S. A. con COP $222 m, Tecnipagos con COP $103.5 m y finalmente Coink S. A. con COP $318.7 m.
Estas entidades jugaron un rol central durante la pandemia, distribuyendo las transferencias de ingreso solidario4 y disminuyendo el uso de efectivo en comercios de pequeña escala. A futuro, se espera que faciliten el acceso a crédito de esta población a través de aliados externos, ya que la Ley 1735 de 2014 les prohíbe otorgar crédito o cualquier otro tipo de financiación.
Sociedades Fiduciarias y Sociedades Comisionistas de Bolsa
Como productos de ahorro alternativos, se encuentran los productos ofrecidos por las Sociedades Fiduciarias (SF) y las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB). Aunque estas sociedades no son tan relevantes para la inclusión financiera de la población vulnerable, sí pueden jugar un rol en la canalización de inversión para el desarrollo de estos territorios.
3 Actualmente, la SFC se encuentra tramitando la autorización para el funcionamiento de la Sedpe Bold en Colombia.
4 Programa creado por el Gobierno mediante el Decreto 518 de 2020 con el fin de entregar transferencias monetarias no condicionadas a las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Dichas transferencias ascendieron a COP $160.000 por hogar; a la fecha, se han entregado 3,2 millones de subsidios por un monto total de COP $7,4 billones.
Las SF realizan inversiones, administran bienes y constituyen garantías con el fin asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el fideicomitente en virtud de una fiducia5. Por su parte, las SCB desarrollan contratos de comisión para la compra y venta de activos financieros, administran portafolios de valores de terceros y prestan asesoría en actividades relacionadas con el mercado de capitales.
2.1.2 ENTIDADES VIGILADAS POR LA SES
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) son entidades asociativas sin ánimo de lucro que se constituyen mediante los aportes de sus asociados y son vigiladas por la SES. Su objeto es prestar servicios de ahorro y crédito mediante la creación de depósitos, el otorgamiento de créditos y la oferta de servicios financieros. Por su naturaleza jurídica, los excedentes generados no están sujetos a impuestos y se deben reinvertir en sus asociados y en la comunidad donde operan, lo que les ha permitido construir relaciones de confianza.
A diciembre de 2020, se tenían 178 CAC distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional. Las más grandes según el valor de sus activos, se ubican en los Santanderes (Comultrasan y Crediservir) y Bogotá (Fincomercio), o se asocian con un sector particular (Cooperativa del Magisterio y Cooperativa Nacional de Trabajadores).
Fondo de Empleados
Los Fondos de Empleados (FEM) son entidades asociativas sin ánimo de lucro que se constituyen por trabajadores dependientes de una misma empresa o por un grupo empresarial. Tienen como objetivo, brindar servicios de ahorro, crédito y bienestar social a sus asociados. Su diversidad en términos de alcance y servicios ofrecidos hizo que la SES los agrupara en tres categorías: básica (1.018 fondos), intermedia (188) y plena (159).
La SES también vigila a otras entidades sin ánimo de lucro de carácter mutualista y las precooperativas de trabajo asociado que, aunque pueden captar recursos de sus afiliados, lo hacen en menor medida que las CAC y FEM, ya que no constituye su objetivo misional.
2.2 OFERENTES DE CRÉDITO
En Colombia, cualquier persona natural o jurídica puede otorgar crédito siempre y cuando lo haga con recursos propios y para actividades lícitas. Los oferentes de crédito incluyen tanto a instituciones formales vigiladas no vigiladas, así como a entidades informales. Según Iregui et al. (2018), en Colombia los mercados de crédito formal e informal coexisten de forma generalizada. Dentro de las formales vigiladas, se encuentran las Cajas de Compensación Familiar vigiladas por la Superintendencia del
5 Es un tipo de contrato mediante el cual un fideicomitente entrega a un tercero un activo o recurso para administrarlo durante un tiempo determinado, con el objeto de cumplir una finalidad a favor de ambas partes. El fideicomitente es la persona natural o jurídica que encomienda a una sociedad fiduciaria la gestión sobre un activo para cumplir un fin lícito.
Subsidio Familiar, así como los EC, las CAC y los FEM descritos en la sección 2.1.1. El grupo de formales no vigiladas comprende a las microfinancieras, las Fintech y algunas empresas del sector real. En la categoría de informales se encuentran el gota a gota y las casas de empeño.
Aunque la información sobre las fuentes de financiación del sector real y las informales no se tiene información consolidada y pública, se sabe que juegan un rol importante en la financiación de bienes de consumo, la respuesta a emergencias y en la carga financiera de los hogares/microestablecimientos. Al respecto, el Informe Especial de Inclusión Financiera de 2021 realizado por el Banco de la República señala que más del 15% de los microestablecimientos se financió mediante el gota a gota.
2.2.1 ENTIDADES VIGILADAS
A nivel agregado, los principales proveedores de crédito son los EC, los cuales registraron una cartera bruta de COP $512,8 b al cierre de 2020 (52% del PIB). Como se observa en el Gráfico 2 la mayor parte de la cartera se concentra en las modalidades comercial (50%) y consumo (30%), seguido por vivienda (15%) y microcrédito (3%).
Se debe resaltar que la modalidad de microcrédito puede estar sobrestimada ya que el 46% corresponde al Banco Agrario de Colombia (BAC), cuyos préstamos se clasifican como microcrédito por el monto y no por la metodología6. De acuerdo con Clavijo et al. (2020), la mayoría de los préstamos del BAC corresponde a crédito de fomento a pequeño productor y no a microcrédito, debido a que no evalúa la unidad familiar en su conjunto sino únicamente el proyecto productivo. Del restante 54% de la cartera de microcrédito, el 35,2% se concentra en los bancos de nicho, subrayando que la oferta de este tipo de préstamos es acotada a algunos EC (Gráfico 3).
6 En Colombia, el microcrédito se define en función del monto de crédito (25 SMMLV con comisión MyPime y 120 SMMLV sin dicha comisión). En la medida en que un alto porcentaje de los desembolsos del BAC son inferiores a 25 SMMLV se definen como microcrédito.
Gráfico 2. Composición de la cartera de los EC por año
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Gráfico 3. Participación de la cartera de microcrédito en 2020
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Superintendencia Financiera de Colombia.
,8
,3
,0
,6
,4
,5
,8
,7
,4
,3
,3
,3
,4
,0
,5
,2
,4
,5
3, 1%
3, 0%
3, 0%
2, 9%
2, 8%
2, 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Comercial Consumo Vivienda Microcredito
46,0%
10,4% 10,1% 10,0% 5,3% 5,2% 4,7%
2,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Ba nc o A gr ar io
Ba nc o M un do
M uj er
Ba nc am ía
Ba nc o W
Ba nc o C aj a
So ci al
Ba nc ol om bi a
M iB an co
Ba nc o de
B og ot á
A diciembre de 2020, las CAC registraron una cartera de COP $12,57 b, de los cuales el 69% representó la modalidad de consumo, el 15% la cartera comercial, el 10% la cartera de vivienda y el 6% la cartera de microcrédito. Dada la importancia de este tipo de entidades dentro de las ciudades intermedias y zonas rurales, sería conveniente que desarrollaran líneas de crédito alternativas, enfocadas en la financiación de actividades productivas.
En el caso de los fondos de empleados, se observa una cartera de COP $6,5 b, de los cuales un 89,5% es destinado a la modalidad de consumo. A pesar de su limitado tamaño, este tipo de entidades puede jugar un rol importante en el acercamiento de la población al sector financiero formal, dado el historial crediticio que genera y la relación de confianza que se construye. En la medida en que el cliente requiera otro tipo de productos, es más probable que lo obtenga y menos probable que se autoexcluya.
Finalmente, las Cajas de Compensación Familiar (Cajas) fueron creadas mediante el Decreto 118 de 1957, con la misión de administrar y pagar un subsidio familiar, el cual busca dar alivio a las cargas económicas que representa el sostenimiento de las familias. Uno de sus servicios sociales es la oferta de crédito social mediante líneas de libre inversión, consumo, educación, salud, recreación y turismo, entre otras. A diciembre de 2020, las 43 Cajas reportaron 55.285 desembolsos de créditos sociales por un monto global de COP $100,3 mm, siendo los de libre inversión (62,6%) y consumo (20,4%) los más representativos (Gráfico 4). Por su misión social, las políticas de aprobación de crédito de estas entidades son más flexibles que las de la banca tradicional, por lo que constituyen un aliado clave en el indicador de acceso a crédito.
Gráfico 4. Composición de crédito otorgado por CCF según modalidad en 2020
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Superintendencia del Subsidio Familiar (SSF).
Libre inversión 62,6%Consumo 20,4%
Otros 8,2%
Créditos de vivienda 5,7%
Mercadeo, salud, educación, turismo y emprendimiento 3,1%
2.2.2 ENTIDADES NO VIGILADAS
Microfinancieras
Las instituciones microfinancieras son entidades que ofrecen productos financieros a la población de menores de ingresos y con actividades productivas de pequeña escala. Estas entidades han jugado un rol central dentro de la inclusión financiera en Colombia, ya que financian a segmentos excluidos de la banca tradicional debido a sus condiciones de informalidad, la falta de colateral y las demandas de crédito. De acuerdo con el CONPES de inclusión y educación financiera DNP (2020), estas entidades han desempeñado un papel fundamental en la inclusión financiera de las zonas rurales, gracias a sus modelos de atención y servicios ofrecidos.
En Colombia, el microcrédito comprende los préstamos a microempresas por un monto inferior a veinticinco (25) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) (artículo 39 de la Ley 590 de 2000). Para este tipo de créditos, la SFC fija la tasa de usura (56,6% en diciembre de 2020) y el Consejo Superior de Microempresa la comisión de la Micro, pequeña y mediana empresa (MiPyme), la cual remunera las actividades de conocimiento, seguimiento, acompañamiento y educación financiera al microempresario que realizan las microfinancieras según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 590 de 20007.
Las entidades microfinancieras también “pueden otorgar microcréditos (uno o varios) por un monto superior 25 SMMLV, siempre y cuando el saldo de endeudamiento del deudor con el sector financiero y otros sectores, excluyendo créditos hipotecarios para vivienda, no exceda de ciento veinte (120) SMMLV al momento de aprobación de la respectiva operación” (Concepto 2014056513-007 del 13 de abril de 2015 de la SFC).
A diciembre de 2021, las microfinancieras reportaron una cartera de COP $1,4 b, de los cuales el 75% correspondieron a microcrédito urbano y el 25% restante a microcrédito rural. A esta fecha, los clientes de estas entidades ascendieron a 415.046.
Fintech
Las empresas Fintech son aquellas entidades que buscan modernizar los servicios financieros a través de nuevas tecnologías, medios digitales y aplicaciones, siendo un mecanismo importante para los retos de inclusión financiera debido a su facilidad de uso y acceso. Dentro de estas se encuentran las Sedpes y otro grupo de entidades no reguladas que ofertan crédito.
Los préstamos ofrecidos por estas entidades son de fácil acceso, entrega inmediata y de corto plazo.
Algunas Fintech aprueban el crédito 24 horas después de su solicitud, con el único de requisito de completar los datos personales en el sitio web o aplicación de la entidad. Como se observa en el Gráfico 5, las Fintech más representativas por monto de créditos a personas son Lineru, RapiCredit y KrediCity, ofertando montos entre COP $120.000 y COP $700.000, COP $100.000 y COP $750.000, y entre COP $100.000 a COP $500.000, respectivamente. En el caso de préstamos a empresas, se destacan
7 De acuerdo con la Resolución 01 del 7 de marzo del 2007 del Consejo Superior de Microempresa, para créditos inferiores a 4 SMMLV, la comisión MiPyme no puede ser superior al 7,5% anual del saldo del crédito; y para créditos entre 4 y 25 SMMLV, dicha comisión debe ser igual o inferior al 4,5%.
Sempli con préstamos entre por más de COP $150.000, Fintra desde COP $5 millones en adelante, Gulungo entre COP $5 millones y COP $150 millones, y Finaktiva que financia a emprendedores y pymes por montos superiores a COP $5 millones8.
Gráfico 5. Crédito con compañías Fintech
Fuente: La República y Colombia Fintech.
2.3 ASEGURADORAS
Las entidades Aseguradoras tienen como objeto la realización de operaciones de seguro, por lo que ofrecen productos asociados a la protección de los agentes frente a distintos tipos de riesgos, quienes transfieren dichos riesgos a las aseguradoras que proveen servicios de indemnización de todo o parte de los daños que se producen al momento de que suceda un evento previsto en la contratación del seguro.
Según Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia (2019), los seguros tienen impactos positivos en términos de anticipación de choques inesperados similares a un mecanismo de ahorro, por lo que el acceso a los productos de las entidades aseguradoras permitiría avances en términos de inclusión financiera y bienestar social.
De acuerdo con Fasecolda y la SFC, durante 2020 se emitieron primas por un valor de COP $30,5 b, $0,4 b más que en 2019. La mayor participación de las primas otorgadas por las entidades aseguradoras correspondió a seguros de vida en grupo (14%), seguida por seguros de riesgos laborales (13%) y seguros de automóviles (11%) (Gráfico 6).
8 De acuerdo con las cifras más recientes del Registro Único Empresarial y Social (RUES), que recoge información de las 57 Cámaras de Comercio del país, entre enero y marzo de 2021 se crearon en Colombia, 96.431 empresas, 9,3% más que en el mismo periodo del año 2020.
Gráfico 6. Participación de las primas emitidas por tipo de seguro en 2020
*Incluye seguros con menos participación como seguros de desempleo, de sustracción, hogar, pensiones voluntarias, transporte, aviación, educativos, entre otros.
Fuente: Elaboración propia con base en información de Fasecolda y de la Superintendencia Financiera de Colombia.
En 2020, la industria aseguradora colombiana recibió nuevas regulaciones por parte de la SFC, así como recomendaciones del CONPES 4005, las cuales buscaron ajustar la forma en la que se reporta la información, permitiendo hacer nuevos análisis y clasificaciones de los productos ofrecidos por las aseguradoras. De esta manera, estas entidades clasificaron sus productos en seguros masivos y microseguros9, estos últimos entendidos como aquellos que son diseñados para el uso de población con bajos ingresos y cuyo acceso es sencillo y voluntario.
9 Según Banca de las Oportunidades (2021), se considera que una póliza corresponde a un microseguro si su prima mensual es menor a COP $20.000 en el caso de seguros de vida y accidentes, COP $30.000 para seguros de propiedad y agricultura y COP $75.000 para seguros de salud.
14,1%
13,3%
12,4%
11,2%
9,5%
7,2%
5,5%
5,1%
4,6%
3,7%
3,6%
3,4%
3,3%
3,1%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Vida grupo
Riesgos laborales
Otros*
Automóviles
SOAT
Salud
Previsional
Pensiones Ley 100
Responsabilidad civil
Accidentes personales
Vida individual
Incendio
Terremoto
Cumplimiento
En este sentido, se observa que en 2020 las primas correspondientes a microseguros representaron un 2% (COP $614 mil millones) del total de primas emitidas, mostrando una disminución con respecto al 2,4% (COP $728 mil millones) de 2019. Los productos más representativos en los microseguros en 2020 fueron los seguros de vida grupo (44,1%), accidentes personales (18,6%) y vida individual (8,4%) (Gráfico 7).
Gráfico 7. Participación de las primas emitidas por tipo de microseguro, 2019-2020
Fuente: Elaboración propia con base en información de Banca de las Oportunidades y de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
En particular para el sector agropecuario, con ayuda del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) se han diseñado ciertas líneas especiales que buscan cubrir eventos que impliquen daños o pérdidas en cultivos, tales como incendios, sequías, inundaciones, deslizamientos, entre otros. Estas líneas se ofrecen según el tipo de bien y la zona geográfica en donde se encuentre el cultivo.
42,1%
18,7%
9,8%
5,5%
4,3%
3,1%
2,9%
3,3%
5,1%
3,0%
1,5%
0,7%
44,1%
18,6%
8,4%
4,4%
4,3%
4,2%
3,8%
3,2%
3,2%
3,1%
1,8%
0,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Vida grupo voluntario
Accidentes personales
Vida individual
Otros generales
Sustracción
Terremoto voluntario
Incendio voluntario
Exequias
Desempleo
Responsabilidad civil
Salud
Hogar
2020 2019
2.4 MEDIOS DE PAGO DE BAJO VALOR
En Colombia, los sistemas de pago se definen como un conjunto de reglas, instrumentos de pago y medios tecnológicos “que permiten la transferencia de fondos entre los usuarios del sistema, mediante la recepción, el procesamiento, la transmisión, la compensación y/o la liquidación de órdenes de pago o transferencia” (modificación al Decreto 2555 de 2010). Estos sistemas son esenciales para el buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía en general, ya que soportan las relaciones comerciales de empresas y personas.
Los sistemas de pago comprenden los de alto y bajo valor. Los primeros, manejan montos de pagos elevados y de carácter urgente, y tienden a ser, en la mayoría de los casos, transacciones interbancarias o compensaciones financieras. El Banco de la República es el administrador del único de este sistema, denominado Sistema de Cuentas de Depósito (CUD), que se constituye como eje y soporte de toda la infraestructura financiera del país por ser “el lugar donde ocurre la liquidación del extremo dinero de las operaciones realizadas con los distintos activos financieros del país y con los diferentes instrumentos de pago emitidos por los bancos” (Banco de la República, 2021).
Por su parte, los sistemas de pago de bajo valor (SPBV) se encargan de las transacciones de bajo monto y que no son carácter urgente. Comprenden la compensación y liquidación de posiciones multilaterales generadas por la utilización de las tarjetas débito y crédito, cheques, y pagos y transferencias electrónicas, que se transfieren a través del CEDEC10, ACH Cenit11, ACH Colombia y redes de tarjetas y cajeros. De esta manera, los SPBV procesan transferencias distintas a las del sistema de pago de alto valor a través de una entidad administradora que media la relación entre la parte emisora y la receptora.
Estos SPBV también se conectan al CUD, ya que es donde confluye la liquidación de todas las operaciones (Gráfico 8).
Gráfico 8. Sistema de pago en Colombia
Fuente: Banco de la República.
10 El Banco de la República es la entidad prestadora del Servicio de Compensación y Liquidación de Cheques y otros Instrumentos de Pago a nivel nacional bajo el sistema CEDEC o por el Sistema de Cámara de Compensación de Sucursales y Delegadas (CCSD).
11 El sistema CENIT (Compensación Electrónica Nacional Interbancaria), es una Cámara de Compensación Automatizada (ACH, por sus siglas en inglés) operada por el Banco de la República, que provee el servicio de procesamiento de órdenes de pago o recaudo electrónicas de bajo valor.
En cuanto al tipo de operaciones canalizadas en los SPBV se destacan, en primer lugar, las relacionadas con los pagos recurrentes de nóminas, pensiones, proveedores, seguridad social, dividendos y en general de la facturación por la compra de todo tipo de bienes y servicios, así como recaudos automáticos por estos mismos conceptos. Entre el 2019 y el 2020, el número de operaciones que se realizan por ACH Colombia aumentaron 15,3%, mientras que el monto se incrementó 8,6%. Con respecto a los giros y pagos de la nación a los entes territoriales se resalta que, entre 2019 y 2020, las operaciones de ACH:
Cenit disminuyeron 11,6% y el valor de las transacciones se redujo10,9%. Los mayores decrecimientos entre los dos años analizados fueron por parte de Cedec, con tasas de -45,5% y -35,5% en número y en monto, respectivamente (Tabla 1).
Tabla 1: Infraestructura de los Sistemas de Pago de Bajo Valor en Colombia
Fuente: Elaboración propia con base en el Reporte de Sistemas de Pago del Banco de la República.
Al igual que Cedec, ACH y las redes de tarjetas y cajeros, Visionamos es otro SPBV vigilado por la SFC, el cual administra el único SPBV de naturaleza Cooperativa en Colombia. Este sistema cobija a toda la Red Coopcentral que, como se mencionó, agrupa a 120 organizaciones solidarias que integran sus plataformas para la atención de sus clientes. A la fecha, esta Red cuenta con más de 500 oficinas conectadas en línea, a través de las cuales se han beneficiado a 260.000 usuarios, quienes reportan 30 millones de transacciones por más de COP $13 b.
La mayor utilización de los SPBV en Colombia los ha convertido en un aliado clave para promover la eficiencia, acceso y estabilidad del sistema financiero. Con corte abril de 2020, se observan caídas pronunciadas tanto en el número como en el monto de transacciones de pago en los puntos de venta (POS, por sus siglas en inglés) en diversas economías tanto desarrolladas como en desarrollo, destacándose Reino Unido, Perú, Portugal, Colombia y República Dominicana. Así mismo, el número y el valor de retiros en efectivo en los cajeros automáticos (ATM, por sus siglas en inglés) disminuyó, especialmente en España, Chile y Colombia, donde las transacciones bancarias adquirieron mayor relevancia. Lo anterior muestra que la reducción en los pagos mediante POS es un fenómeno
2019 2020 2019 2020
ACH Colombia 909.622 1.048.593 4.215 4.577 Pagos recurrentes de nóminas, pensiones, proveedores, seguridad social, dividendos y en general de la
ACH: Cenit 46.741 41.327 890 987 Principalmente giros y pagos de la nación a los entes territoriales.
Cedec 40.553 22.097 757 488 Cheques por concepto de compra y venta de bienes, servicios y extinción de obligaciones entre otros
Redes de tarjetas y cajeros 4.084.011 4.051.773 769 494
Transacciones con tarjetas débito y crédito, así como compensación de operaciones entre cajeros automáticos.
Tipo de SPBV Promedios diarios
Principales operacionesNúmero de operaciones Valor (en COP mm) generalizado a nivel mundial, que se puede apoyar a través de un marco regulatorio acorde con las dinámicas de mercado e incrementando las capacidades financieras de la población para que aprovechen de mejor manera esta transición.
De acuerdo con Deloitte 2015), los SPBV han venido adquiriendo preponderancia en la actividad financiera, en un entorno de mayor uso de internet, comercio electrónico, entrada de nuevos jugadores y cambios en las preferencias de los consumidores a favor de los medios digitales. Por su parte, Prieto et
al. (2018) destaca que la relevancia de los pagos electrónicos no sólo radica en el hecho de que los consumidores puedan hacer sus transacciones de forma más eficiente, sino en que les facilita el acceso y uso de servicios financieros.
Los SPBV pueden ser operados por el sector privado y público, así como por entidades vigiladas o no por la SFC. Con el propósito de fortalecer la oferta de este tipo de sistemas e incentivar su uso por parte de las personas y empresas, el Gobierno expidió el Decreto 1692, cuyo objetivo es “promover la libre competencia y facilitar el ingreso de nuevos actores, con modelos de operación novedosos y especializados en permitir que pequeños comercios, tiendas de barrio y emprendedores, empiecen a realizar sus ventas de forma digital de manera simple y a bajo costo", precisó el Gobierno en un comunicado. De esta forma, el Gobierno se estableció como meta aumentar el porcentaje de adultos que realizan pagos o compras en línea de 20% a 50% en el año 2025.
2.5 INSTITUCIONES PÚBLICAS
2.5.1 ENTIDADES DE SEGUNDO PISO
Bancoldex
El Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancóldex) es un banco de desarrollo para el crecimiento empresarial de Colombia, el cual busca promover el financiamiento a compañías de todos los tamaños, sectores y regiones de Colombia. Al funcionar como una Banca de Segundo Piso, las entidades financieras solicitan recursos a Bancóldex para disponerlos a personas y empresarios.
Particularmente, Bancóldex administra recursos para programas especiales que impliquen (i) un avance en la inclusión financiera en poblaciones de menores ingresos a través de su programa Banca de las Oportunidades, (ii) el emprendimiento a través de iNNpulsa Colombia, (iii) la innovación y la competitividad mediante el Fondo de Modernización e Innovación para MiPymes y (iv) el fomento de la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador. Bancoldex sostiene alianzas con diversas entidades y programas del Gobierno para impulsar la productividad y las exportaciones de algunos sectores como es el caso de Colombia Productiva12.
12 Entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de trabajar en los retos expuestos en la Política Nacional de Competitividad y Productividad (Conpes 3527 del 23 de junio de 2008) y la Política de Desarrollo Productivo (Conpes 3866 de 2016).
La entidad cuenta con líneas tradicionales de crédito destinadas a capital de trabajo e inversión, así como con líneas especiales de crédito según criterios de clasificación como la región, el sector o actividad y situaciones de complejidad económica. A diferencia de FINAGRO, varias de estas líneas benefician tanto a entidades vigiladas como no vigiladas por la SFC, a las cuales no se les limita la tasa de interés del beneficiario.
Banca de las Oportunidades
Es un programa del Gobierno Nacional administrado por Bancóldex, que busca promover la inclusión financiera en familias en condición de pobreza, microempresarios, emprendedores y pequeña y mediana empresa, con el fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico en Colombia.
Los proyectos de inclusión financiera se desarrollan con el apoyo de la “Red de Banca de las Oportunidades” conformada por bancos, compañías de financiamiento, cooperativas con actividad financiera, ONG microcrediticias y compañías de seguros.
Banca de las Oportunidades adelanta estrategias para promover las reformas necesarias al marco regulatorio que faciliten y promuevan el acceso a los servicios financieros, y establece incentivos para la cofinanciación de proyectos y asistencias técnicas.
FINAGRO
Finagro es una entidad del gobierno que promueve el desarrollo del sector rural. Se encuentra constituida como un establecimiento de crédito vinculado al Ministerio de Agricultura y vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Al igual que Bancóldex, actúa como banca de segundo piso, por lo que otorga recursos a entidades financieras para que estas a su vez otorguen créditos a proyectos productivos del sector agropecuario.
Finagro cuenta con una amplia oferta de productos que promueven todo tipo de iniciativas del sector, organizadas por productos de crédito para todas las etapas de producción agropecuaria y agroindustrial, mecanismos de garantías, incentivos que funcionan como beneficios económicos para personas y empresas que ejecuten proyectos agropecuarios, líneas especiales de crédito y programas especiales como el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA) que busca apoyar económicamente a pequeños productores para el alivio parcial o total de sus deudas y el Programa Nacional de Reactivación Agropecuario (PRAN) que funciona como instrumento de política para atender las necesidades del sector.
2.5.2 FONDOS DE GARANTÍAS
Fondo Nacional de Garantías (FNG)
El Fondo Nacional de Garantías (FNG) es una entidad gubernamental vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y supervisada por la SFC, la cual busca facilitar el acceso crediticio a trabajadores independientes, MiPymes, grandes empresas y hogares que no cuenten con condiciones suficientes para respaldar operaciones financieras. Para ello, el FNG otorga garantías a través de las entidades bancarias que les permiten compensar pérdidas y riesgos asociados a la incapacidad de respaldo.
El FNG cuenta con distintos productos de garantías asociados a líneas tradicionales y a productos especiales, los cuales están suscritos a convenios con programas gubernamentales o iniciativas privadas.
Dentro de las líneas tradicionales se encuentran las garantías empresariales, de microcrédito, leasing y garantías preferenciales para pymes, mientras que los programas especiales cuentan con garantías para vivienda de interés social (VIS) y No VIS, garantías regionales según iniciativas de ciudades o departamentos y garantías para población discapacitada, entre otros.
En el marco de la emergencia económica y social por el COVID-19, el Gobierno creó el programa Unidos por Colombia para contrarrestar las dificultades económicas que presentan las empresas MiPymes, las grandes empresas, los trabajadores independientes y los sectores más afectados de la economía. Este programa ofrece coberturas más amplias que las tradiciones, con subsidios elevados sobre la comisión, con el fin de incentivar las colocaciones de crédito para que las empresas puedan solventar los problemas de liquidez temporales y/o reinventarse en medio de las dificultades presentadas por la actual coyuntura.
Fondo Agropecuarias de Garantías (FAG)
El Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) es un fondo que tiene como objetivo respaldar los créditos concedidos al sector agropecuario y rural registrados en FINAGRO. De esta forma, se convierte en uno de los instrumentos de política pública para promover la inclusión financiera en el sector rural, especialmente para los pequeños productores, quienes concentran el 96% de las garantías expedidas
(FINAGRO, 2020).
Las condiciones garantías (cobertura, comisión) ofrecidas por el FAG varían según el beneficiario del crédito (pequeños, medianos o grandes productores, víctimas del conflicto, desplazados, entre otros) según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA). Se debe tener en cuenta que este instrumento es subsidiado por el Gobierno y las utilidades de FINAGRO, con el fin de reducir los costos de crédito para los deudores y facilitar su acceso a crédito.
En lo corrido de 2020, el FAG movilizó recursos de crédito por COP $3,3 b en 280.686 operaciones y con garantías expedidas por $2,4 b (FINAGRO, 2020). De estos COP $3,3 b, el 72,7% se concentró en el Banco Agrario de Colombia y el resto en los demás intermediarios financieros privados. A diciembre de 2020, la capacidad del FAG para expedir nuevas garantías fue de COP $3,3 b, cifra relevante considerando las necesidades de apalancamiento de la población rural.
2.5.3 ÓRGANOS INTERSECTORIALES
Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera (CIEEF)
En el año 2014 con el Decreto 457, se creó el Sistema Administrativo Nacional de Educación Económica y Financiera (SANEEF) como red de coordinación de las actividades públicas y privadas para lograr un nivel adecuado de educación económica y financiera (EEF) de la población.
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