Annex III. Version Esp-PD ADD-USAID_Peru.pdf

USAID/Peru Advancing Digital Democracy (ADD)

Descripción del Programa

1. ANTECEDENTES

Transformación Digital y Conectividad

El 28 de julio de 2023, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de Perú presentó la primera Política de Transformación Digital del país, con seis objetivos prioritarios1:

1) garantizar acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital; 2) vincular la economía digital con procesos productivos sostenibles; 3) asegurar servicios públicos digitales inclusivos y empáticos; 4) fortalecer el talento digital; 5) consolidar seguridad y confianza digital; y 6) promover el uso ético de tecnologías exponenciales e innovación. Estos objetivos se traducen en lineamientos de acción operativos en 82 servicios públicos dirigidos a ciudadanos, entidades, empresas y sectores vulnerables. La transformación digital desempeñará un papel crucial en acelerar el crecimiento económico del Perú, la eficacia de los sistemas gubernamentales y la entrega de servicios públicos. Sin embargo, la implementación ineficaz de los marcos legales y regulatorios en el ecosistema digital de Perú, impulsada por la limitada capacidad del gobierno, recursos escasos y falta de colaboración multisectorial, amenaza con socavar estos esfuerzos. Este fracaso pone en peligro la protección de los derechos humanos y la seguridad digital, al mismo tiempo que restringe el acceso equitativo a tecnologías y servicios digitales. A largo plazo, las brechas regulatorias y los cuellos de botella podrían exacerbar la significativa brecha digital del país y aumentar el riesgo de uso indebido de datos ciudadanos y tecnologías controladas por el gobierno por parte de actores malintencionados.

De acuerdo a la Evaluación del Ecosistema Digital realizada en Perú en 2022, “alrededor del 73 por ciento de la población utilizó activamente un teléfono móvil en 2020, en comparación con el 50 por ciento en 2013. Las redes de banda ancha móvil cubrían al 83 por ciento de la población a partir de 2017. Más del 50 por ciento de la población estaba cubierta por redes 4G (cuarta generación) y el 74 por ciento estaba cubierta por redes 3G (tercera generación). La mayor parte de la cobertura de red se concentra en las ciudades populosas a lo largo de la costa del país. El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que los teléfonos móviles son la principal vía a través de la cual los individuos se conectan a Internet, con el 82 por ciento de los peruanos de seis años en adelante utilizando un teléfono móvil para conectarse a Internet en 2018”2. No obstante, aproximadamente el 27 por ciento de la población de Perú todavía carece de acceso a redes móviles, mientras que el 61 por ciento del país carece de acceso al tipo de conexión a Internet de banda ancha que se puede confiar para proporcionar y acceder a servicios gubernamentales, o para construir negocios digitales.

2 USAID (Julio 2022) Evaluación del Ecosistema Digital - DECA, por sus siglas en Inglés.

1 Política Nacional de Transformación Digital al 2030 (Julio 2023) https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4932850/Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Transformaci%C3%B3n%20Digital%20al%202030.pdf?v=1691014709

El rápido aumento en el acceso a internet y el uso de las redes sociales también ha expuesto a los ciudadanos a nuevos riesgos. Los ciberataques, incluida la extorsión a través de plataformas de redes sociales y el uso indebido de datos personales, se han convertido en una preocupación creciente. En Perú, se han reportado numerosos casos de ciberdelincuentes utilizando plataformas como WhatsApp y Facebook para llevar a cabo "extorsiones digitales", donde las personas son coaccionadas a pagar dinero bajo la amenaza de divulgar información personal sensible. Por ejemplo, un informe de 2023 de la Policía Nacional del Perú reveló un aumento significativo en las denuncias relacionadas con extorsión en redes sociales, destacando la necesidad urgente de medidas más sólidas de seguridad digital. Los actores malintencionados explotan la falta de salvaguardias digitales robustas, apuntando a individuos que dependen cada vez más de plataformas en línea para la comunicación, transacciones y servicios.

Aunque amplias secciones del país siguen desconectadas de las redes de banda ancha, existen razones convincentes para acelerar la transformación digital de Perú, incluyendo la oportunidad de ofrecer servicios más eficientes y efectivos al 83 % de la población que actualmente puede conectarse a internet a través de sus dispositivos móviles. A través de consultas con más de 15,000 peruanos, la SGTD estableció 82 compromisos que priorizan los próximos pasos para transformar el gobierno, la economía y la sociedad de Perú para la era digital. Este proceso de priorización no ha sido sencillo dada la magnitud de las necesidades y los recursos requeridos. Las consultas han establecido que la población desea conectividad y una "ventanilla única" para servicios gubernamentales y trámites burocráticos. La SGTD enfrenta el desafío de cómo integrar los servicios digitales de las distintas carteras ministeriales en una única interfaz, como se ha logrado en países como Estonia, Ucrania, Singapur, Taiwán, Corea del Sur y Colombia.

En 2024, se reemplazó al Secretario de la SGTD. Las prioridades del actual Secretario incluyen la digitalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Perú, el fortalecimiento de la ciberseguridad (particularmente en el sector financiero) y la digitalización de las oficinas gubernamentales subnacionales. Esta reciente transición ha generado preguntas en la sociedad civil sobre el alcance de la implementación de la transformación digital, dado el amplio cambio de personal técnico en la oficina. Aunque tradicionalmente el rol de la SGTD ha sido de nombramiento político, esta incertidumbre subraya el beneficio de convertir estos cargos en posiciones permanentes dentro del servicio civil. Adicionalmente, la sociedad civil ha pedido que la SGTD sea establecida como una oficina independiente, similar a la Contraloría General de la República, para garantizar que la transformación continúe de manera transparente y responsable, aislada de la política partidista. Con las elecciones nacionales programadas para 2026, podría haber una oportunidad para que los candidatos políticos aumenten el perfil de una amplia gama de temas de política digital.

Coordinación y priorización de la Comunidad Internacional

La cooperación entre donantes ha respondido al llamado para apoyar la transformación digital de Perú. El Gobierno de Alemania, a través del Banco de Desarrollo Kreditanstalt für

Wiederaufbau (KfW, por sus siglas en Alemán), ha otorgado un préstamo sustancial para respaldar la transformación digital, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó recientemente un nuevo préstamo para estos esfuerzos. Ambas inversiones se centrarán en acelerar la transformación digital mientras abordan áreas críticas de la brecha digital, enfocándose en cerrar brechas regionales, de género y étnicas.

Los fondos del BID y KfW presentan oportunidades clave para fomentar un mayor compromiso de los donantes en actividades esenciales para acelerar una transformación digital que respete los derechos, incluyendo: la expansión de sistemas seguros de identificación digital y la interoperabilidad entre oficinas gubernamentales, la consolidación de servicios gubernamentales y la creación de una columna vertebral digital interoperable, la eliminación de roles y responsabilidades duplicadas o conflictivos entre agencias gubernamentales, la reducción de los trámites burocráticos, abordar las brechas digitales (centrándose en el acceso digital y la capacidad de las mujeres y los pueblos indígenas), la ciberseguridad y los centros nacionales de datos.

Actualmente no existe un grupo de coordinación de donantes que se enfoque en temas de transformación digital y economía digital, ni una mesa redonda o grupo de trabajo dedicado para abordar cuestiones de política digital. Esto ha sido identificado como una brecha por los donantes, particularmente la necesidad de una plataforma multiactor que permita una mayor coordinación entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. La Evaluación del Ecosistema Digital (DECA) realizada por USAID en 2022 identificó esta misma brecha y recomendó fortalecer el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) de Perú para proporcionar una plataforma adecuada. Otros espacios posibles incluyen la creación de un subgrupo bajo las Cámaras de Comercio del Perú, la Asociación Nacional de Cámaras de Comercio, potencialmente en asociación con la Cámara de Comercio Americana. Otra plataforma potencial podría ser el grupo de trabajo multiactor recientemente desarrollado bajo la Secretaría de Gestión Pública.

Prioridades de reforma legal y regulatoria y apoyo a la capacidad

Perú se encuentra en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La OCDE proporcionó al gobierno una serie de recomendaciones para fomentar una mayor alineación con los estándares de la organización, incluyendo aquellos relacionados con la gobernanza tecnológica y de ciberseguridad. Estas recomendaciones están moldeando las prioridades digitales en múltiples niveles del gobierno peruano, desde el Congreso hasta la SGTD. La Ley de Protección de Datos Personales (PDPL, por sus siglas en inglés) de Perú proporciona una oportunidad clave para fortalecer las salvaguardias contra el uso indebido de tecnologías y datos digitales. Este fundamento legal forma parte de una arquitectura más amplia destinada a garantizar la ciberseguridad y los derechos digitales. Cinco leyes clave refuerzan este marco: la Ley de Gobierno Digital, la Ley de Transformación Digital Nacional, la Ley de Confianza Digital, la Ley de Innovación Digital y la Ley de Inteligencia Artificial (Ley N.º 31814). Estas leyes se construyen sobre el trabajo inicial establecido por la PDPL hace más de una década, así como la Política Nacional de https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2024)9/en/pdf https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/06/digital-government-in-peru_2cf04c8f/0c1eb85b-en.pdf

Ciberseguridad, liderada por el Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD), que aborda los riesgos de ciberseguridad en la infraestructura digital.

La PDPL estableció la Autoridad Nacional de Protección de Datos, bajo la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Esta oficina tiene autoridad de supervisión que le permite investigar y sancionar a entidades gubernamentales que no cumplan con la ley. La Dirección también es responsable de reclamos de protección al consumidor en relación con empresas privadas.

Como autoridad principal en supervisión de protección de datos, la Dirección identificó varias brechas críticas que deben ser abordadas para proteger contra el uso indebido de datos por parte de entidades gubernamentales y del sector privado. Estas son: (a) Fortalecimiento de capacidad técnica: Este pequeño equipo necesita más formación técnica en auditorías algorítmicas, auditorías de datos y tecnologías de "blockchain”; (b) Desarrollo de líneas de autoridad/capacidades: La Dirección cuenta con una plantilla única de abogados e ingenieros que están elaborando la normativa para llevar a cabo las evaluaciones de impacto; sin embargo, necesitan más apoyo para elaborar estas directrices y establecer las funciones/responsabilidades en todos los organismos gubernamentales; (c) Ayudar a informar a la gente de sus derechos/crear conciencia: Existen impactos diarios del uso indebido de datos de los cuales pocas personas están conscientes. La asociación Bancaria ya está trabajando para construir confianza en los sistemas financieros digitales, pero queda mucho por hacer de forma más general; (d) Política vinculada a Oficiales de Datos: Cada oficina gubernamental tiene un oficial de protección de datos y se necesita urgentemente desarrollar sus capacidades.

Estos oficiales necesitan comprender la importancia y las herramientas para la protección de datos, ya que son la primera línea de defensa para resolver problemas relacionados con datos.

El reglamento de aplicación de la Ley de AI de Perú está actualmente en desarrollo, con un borrador inicial publicado en mayo de 20243. En el momento de redactar el documento, el SGTD solicitó comentarios y recomendaciones de una amplia gama de partes interesadas de la sociedad civil y del gobierno, y muchos de los encuestados hicieron hincapié en la importancia de alinear el enfoque normativo de Perú con las normas internacionales, para garantizar que la IA desempeñe un papel constructivo en el desarrollo continuo del país sin socavar los valores democráticos y los derechos humanos. La sociedad civil señaló que se necesitará apoyo adicional en todas las entidades gubernamentales para implementar las nuevas regulaciones y garantizar la supervisión de las tecnologías basadas en IA.

La implementación completa de la PDPL y la Ley de IA es esencial para mitigar los riesgos asociados con la vigilancia digital y la represión en Perú. El uso generalizado de tecnologías de ciudad segura, incluida el reconocimiento facial, para abordar preocupaciones de seguridad requiere una capacidad regulatoria fortalecida para asegurar que tales tecnologías no violen derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y de reunión. Esta necesidad se ve acentuada por el hecho de que Perú está siendo cada vez más afectado por

3 Peru: The Draft regulations of the law that promotes the use of AI have been published.

https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/technology-media-telecommunications_1/peru-the-draft-regulations-of-the-law-that-promotes-the-use-of-ai-have-been-published_1 grupos de crimen organizado que explotan datos personales e información celular con fines de extorsión. En encuestas recientes a ciudadanos, el crimen y la inseguridad han emergido como las principales preocupaciones de los peruanos. Además, la falta de un enfoque centrado en la ciudadanía en la protección de datos, cuando las personas utilizan plataformas gubernamentales para acceder a servicios públicos, sigue siendo una brecha crítica.

Actualmente, los servicios digitales carecen de salvaguardias adecuadas para proteger los datos personales, lo que deja a los ciudadanos vulnerables y socava la confianza en estas plataformas. Establecer este sólido marco legal y regulatorio es vital para proteger los derechos de los ciudadanos, a la vez que apoya el desarrollo digital de Perú.

Infraestructura digital segura, confiable y respetuosa con los derechos humanos

La infraestructura digital juega un papel crítico en el avance de ecosistemas digitales que respeten los derechos. Como se mencionó anteriormente, el DECA encontró que, aunque aproximadamente el 83% de Perú está conectado a internet a través de tecnologías móviles 3G o 4G, aproximadamente el 61% del país carece de acceso a redes de banda ancha. A medida que la transformación digital se acelera, el acceso a una conectividad más segura y confiable será crucial para evitar exacerbar la brecha digital. Del mismo modo, las necesidades gubernamentales de mayor capacidad de almacenamiento digital y de cómputo seguirán aumentando rápidamente a nivel nacional y subnacional a medida que avance la transformación. El reciente préstamo del BID proporcionará recursos importantes para abordar las divisiones digitales, y los recursos también podrían estar disponibles para ampliar la escala de los recursos de computación en la nube del gobierno.

Oportunidades en toda la economía digital

La economía digital de Perú está creciendo y ofrece oportunidades significativas de inversión, particularmente si se fortalece el entorno regulatorio y se cultiva la capacidad digital en toda la fuerza laboral. La columna vertebral financiera digital de Perú y los esfuerzos de inclusión financiera digital han sido lentos en despegar4, pero han visto algunas ganancias extraordinarias. Los sistemas financieros digitales de Perú en el sector bancario son en gran medida interoperables. La SGTD lideró un emocionante esfuerzo para mover a la población hacia el uso de billeteras digitales y facilitar más el comercio electrónico, con más de 7 millones de personas inscritas en billeteras digitales, muchas de las cuales se “bancarizaron” por primera vez. Sin embargo, el Banco de Crédito del Perú (BCP) impuso un impuesto del 2.95% a las billeteras digitales, lo que ha frenado efectivamente el programa. No obstante, la adopción inicial de las billeteras digitales ilustra la confianza en el sistema digital y el entusiasmo por un mayor acceso al comercio digital. El DECA para Perú destaca que el sector fintech puede tener oportunidades significativas de crecimiento económico para el país, sin embargo, la regulación habilitante sigue siendo débil. De manera similar, la legislación para impulsar mayores inversiones en el ecosistema de startups de tecnología digital de Perú también está rezagada.

El uso de productos fintech y otros servicios digitales está muy limitado a los centros

4 Ver DECA en la página 44.

económicos de Perú, donde el acceso a internet y la capacidad digital son mayores. La concentración de habilidades digitales, comercio digital y acceso en Lima amenaza con exacerbar la brecha digital a menos que se realicen esfuerzos intencionales para expandir la conectividad a nivel subnacional. Es probable que el préstamo del BID se concentre en cerrar la brecha digital, mientras que el reciente DECA sugiere que los modos alternativos de conectividad, como las tecnologías satelitales, serán más apropiados para el terreno accidentado de Perú que los cables de fibra óptica.

La transformación digital del gobierno y la economía de Perú ofrece oportunidades significativas para cerrar las brechas digitales y catalizar el crecimiento equitativo, sin embargo, las brechas significativas en los marcos legales y regulatorios amenazan con socavar la seguridad individual y los derechos humanos, mientras debilitan la confianza general en las plataformas y tecnologías digitales. Estos marcos débiles, combinados con la falta de acceso a redes digitales entre los más pobres y vulnerables en Perú, podrían impedir que la nación realice mejoras significativas en la prestación de servicios, oportunidades económicas equitativas y transparencia y eficiencia gubernamental general si no se abordan de manera integral y multisectorial. Perú se encuentra en un momento crucial en la trayectoria de desarrollo de la nación en el que la inversión coordinada de donantes y del sector privado en la transformación digital del país podría catalizar un crecimiento económico equitativo sin precedentes y mejorar los estándares de vida.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Perú tiene una débil capacidad de gobernanza digital que pone en riesgo la efectividad de la transformación y la economía digital, afectando la prestación de servicios públicos, la seguridad y la protección de los derechos humanos

3. TEORÍA DEL CAMBIO

SI la capacidad institucional se fortalece y la transformación digital se integra de manera segura en todas las entidades gubernamentales, y SI el entorno de información de Perú garantiza que la tecnología y los sistemas de datos respeten los derechos, sean seguros y confiables;

ENTONCES la gobernanza digital de Perú involucrando al gobierno, al sector privado y a la sociedad civil mejorará las operaciones gubernamentales, los servicios digitales públicos y privados, y la participación ciudadana.

4. ENFOQUE DE IMPLEMENTACIÓN

Las actividades descritas en el presente documento se llevarán a cabo en el marco del próximo programa de USAID Advancing Digital Democracy, actualmente en fase de contratación y sujeto a la disponibilidad de fondos. Como se señala en el ADD Request for Proposals, el contrato ofrecerá oportunidades para asociaciones locales, incluidas subvenciones bajo contrato.

5. MARCO DE RESULTADOS

Objetivo 1: El Gobierno de Perú implementa marcos legales y regulatorios relacionados con la tecnología, los datos y la información que se alinean y cumplen con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y democracia.

La SGTD y la Dirección Nacional de Protección de Datos desempeñarán un papel importante en el avance de la transformación digital de Perú y en la implementación de legislación clave, incluyendo la Ley de Protección de Datos Personales (PDPL) y la Ley de IA.

1.1 Desarrollo, fortalecimiento y/o implementación de regulaciones para fomentar un ecosistema digital que respete los derechos

● Actividades ilustrativas:

○ Identificar las prioridades políticas clave del SGTD que la ADD puede apoyar con un enfoque particular en el fortalecimiento de las salvaguardias en todos los servicios digitales del gobierno.

○ Apoyar al SGTD y a las entidades públicas clave en el desarrollo e implementación de regulaciones, procedimientos y guías fáciles para los ciudadanos para implementar el nuevo marco legislativo incluyendo la Ley de AI.

○ Apoyar a la Dirección Nacional de Protección de Datos en la lucha contra el uso indebido de herramientas de identificación biométrica en equipos de vigilancia.

○ Apoyar a la SGTD, a la Autoridad Nacional de Transparencia, a la Dirección de Protección de Datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y al RENIEC en el establecimiento de salvaguardias para la identificación digital nacional en consonancia con las normas internacionales (por ejemplo, PNUD).

○ Apoyar la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos para el nuevo programa de identificación digital.

1.2 Los gobiernos tienen la capacidad y los recursos para avanzar en una transformación digital que respete los derechos

● Actividades ilustrativas:

○ Proporcionar capacitación en ciberseguridad y privacidad de datos a los más de

100 Oficiales de Datos de Perú a través de la Academia ADD.

○ Ampliar la Academia ADD para capacitar a ministerios en áreas clave como protección de datos, privacidad, uso responsable de IA generativa y entre otros.

○ Proveer asistencia técnica a la SGTD a través de asesores integrados para reforzar el progreso de la Política de Transformación Digital y proporcionar apoyo al desarrollo de capacidades del personal de la SGTD.

○ Asociarse con la Dirección Nacional para brindar apoyo técnico en auditorías de datos, algoritmos y otras actividades de supervisión bajo la PDPL y la Ley de IA.

1.3 Los ecosistemas de información respaldan los derechos humanos y la gobernanza digital democrática

● Actividades ilustrativas:

○ Desarrollar e implementar un programa de comunicación estratégica descentralizado y multiactor enfocado en fomentar la alfabetización mediática y habilidades críticas para identificar y resistir la misinformation, desinformación y contenidos manipulativos.

○ Colaborar con las organizaciones locales de la sociedad civil a nivel nacional y regional y con los medios de comunicación para crear campañas de concienciación basadas en la comunidad sobre el impacto de la información falsa y cómo acceder a fuentes fiables.

○ Ofrecer talleres de fortalecimiento de capacidades para periodistas, creadores de contenido e influencers sobre prácticas digitales responsables y estándares éticos.

○ Apoyar la creación de iniciativas de verificación de hechos en colaboración con medios peruanos.

○ Facilitar alianzas con instituciones educativas para incluir módulos sobre alfabetización digital, prácticas seguras en línea y uso responsable de la información.

○ Brindar asistencia técnica a agencias gubernamentales para monitorear contenido digital y coordinar respuestas unificadas ante la manipulación de información, alineándose con principios de derechos humanos.

1.4 Los gobiernos cuentan con mayores capacidades y recursos en ciberseguridad

● Actividades ilustrativas:

○ Apoyar a Perú Compras y entidades relacionadas en implementar procedimientos de adquisición de hardware y servicios de computación en la nube confiables y respetuosos con los derechos.

○ Desarrollar alianzas estratégicas con otras actividades de USAID y donantes para complementar esfuerzos de ciberseguridad en procesos de adquisición.

○ Proporcionar asistencia técnica a las entidades públicas pertinentes en materia de ciberseguridad. Incorporar habilidades de ciberseguridad en la actividad de la Universidad CERT (Centro de Excelencia para la Tecnología Responsable) como pilar fundamental de la formación en democracia digital/tecnología responsable.

○ Apoyar al Consejo Nacional de Ciberseguridad para mejorar la capacidad de respuesta, eficacia y adopción de prácticas internacionales.

Objetivo 2: El respeto de los derechos humanos y los valores democráticos se integran en el desarrollo y diseño de la tecnología digital y la gestión de datos.

El éxito de la transformación digital de Perú requiere la asociación con el sector privado para impulsar el desarrollo y la distribución de tecnologías digitales, garantizando al mismo tiempo que la protección de los derechos humanos se incorpore en todo el ecosistema digital a medida que crece.

2.1 Incremento de los recursos y capacidades para producir productos y servicios digitales que respeten los derechos

● Actividades ilustrativas:

○ Identificar una escuela o universidad de ingeniería para establecer un Centro de Excelencia en Tecnología Responsable (CERT) en asociación con centros similares en universidades estadounidenses como Georgetown, Stanford o Harvard.

○ Desarrollar protocolos y salvaguardas para proteger a los ciudadanos que acceden a servicios digitales gubernamentales a nivel nacional y subnacional.

○ Desarrollar una amplia campaña nacional de difusión de protocolos y salvaguardas para aumentar la demanda ciudadana de productos que ofrezcan herramientas digitales seguras y confiables.

2.2 Fortalecer los entornos que facilitan el desarrollo empresarial

● Actividades ilustrativas:

○ Apoyar a organizaciones de la sociedad civil locales y cámaras de comercio para abogar por reformas fiscales sobre servicios digitales, comercio electrónico y plataformas digitales.

○ Fomentar una asociación con el programa de comercio digital de una universidad peruana para desarrollar capacidades en comercio digital transfronterizo y leyes de privacidad digital alineadas con estándares internacionales de derechos humanos.

○ Desarrollar programas de capacitación en alianza con la Cámara de Comercio y asociaciones de PYMEs sobre la provisión de servicios digitales seguros.

2.3 Las herramientas, recursos y capacidades para gestionar, auditar e informar sobre riesgos digitales son más efectivas y ampliamente disponibles

● Actividades ilustrativas:

○ Identificar instituciones peruanas locales que puedan desempeñar un papel en la prestación de servicios profesionales de auditoría y certificación para auditorías de impacto de datos, auditorías de sesgo, evaluaciones de impacto algorítmico, entre otros. Ofrecer capacitación y capital semilla a través de Subvenciones Bajo Contrato.

○ Explorar asociaciones con el Programa B-Tech de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones locales de auditoría en relación con compromisos asumidos para apoyar esfuerzos de auditoría bajo el Pacto Digital Global.

2.4 Las asociaciones con el sector privado se aprovechan para fortalecer los resultados de

ADD

● Actividades ilustrativas:

○ Identificar incubadoras digitales y startups interesadas en incrementar inversiones en “tecnologías que respeten los derechos” y construir asociaciones para apoyar hackatones, sprints de innovación y otras metodologías para generar nuevas ideas o enfoques.

○ Asociarse con fondos de capital de riesgo locales e internacionales para desarrollar criterios positivos para invertir en empresas tecnológicas que respeten los derechos en Perú.

○ Trabajar con el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado para patrocinar visitas de estudio a Perú que muestren oportunidades de inversión en la economía digital peruana.

○ Aprovechar asociaciones con grandes empresas tecnológicas estadounidenses para la Academia ADD y explorar otras oportunidades potenciales bajo ADD de manera más amplia.

Objetivo 3: Se establecen o fortalecen coaliciones y plataformas multisectoriales para empoderar a todos los actores digitales y avanzar en objetivos comunes.

La transformación digital de Perú requerirá el compromiso y apoyo de una variedad de actores trabajando en conjunto para lograr avances. Ciudadanos comprometidos y coaliciones multisectoriales efectivas serán imperativas para guiar a Perú hacia una transformación digital inclusiva, respetuosa de los derechos y sostenible.

3.1 Los enfoques multisectoriales para avanzar en ecosistemas digitales respetuosos de los derechos son de propiedad local y sostenibles

● Actividades ilustrativas:

○ Identificar el foro multisectorial más adecuado para albergar un nuevo subgrupo de trabajo enfocado en apoyar una transformación digital respetuosa de los derechos y el crecimiento económico digital.

○ Crear o fortalecer coaliciones multisectoriales que incluyan al sector privado, OSC, universidades y otras entidades gubernamentales para identificar objetivos comunes relacionados con la transformación digital, la gobernanza digital y el crecimiento económico digital.

○ Establecer alianzas sólidas con el BID, GIZ y otros donantes en este ámbito para profundizar el impacto de las respectivas inversiones y coordinar programas.

3.2 Los actores del ecosistema digital tienen la capacidad y la oportunidad de influir en las prioridades y decisiones digitales

● Actividades ilustrativas:

○ Identificar organizaciones públicas y privadas de defensa del consumidor

(incluyendo la Dirección Nacional y OSC) y ofrecer capacitación para abordar las necesidades de los consumidores y los mecanismos de reparación bajo la PDPL, la Ley de IA, entre otras.

○ Brindar apoyo a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la tecnología para promover protecciones legales y reglamentarias más sólidas que protejan contra el uso indebido de la tecnología, con especial atención al uso indebido de la IA y el análisis de grandes volúmenes de datos, así como la aplicación de tecnologías de reconocimiento facial en cámaras de vigilancia.

3.3 Apoyo a los defensores de los derechos humanos, incluidas las y los defensores de los derechos de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil

● Actividades ilustrativas:

○ Asociarse con OSC de defensoras de derechos humanos para abogar por una mayor comprensión cívica y regulación legal sobre los impactos de la tecnología en las mujeres.

○ Asociarse con OSC orientadas a la juventud para abogar por una mayor comprensión cívica y regulación legal sobre los impactos de la tecnología en los jóvenes.

6. INDICADORES PRINCIPALES

● Indicadores de Resultados:

○ Establecimiento de salvaguardas legales.

○ Un comité digital multisectorial se forma y monitorea activamente el apoyo a la implementación de la estrategia de transformación digital y las salvaguardas de protección de datos.

○ Los ciudadanos han incrementado sus capacidades digitales y su conciencia sobre las salvaguardas de protección de datos.

● Indicadores de Desempeño:

○ Número de regulaciones redactadas, desarrolladas o implementadas para garantizar un ecosistema digital que respete los derechos.

○ Número de funcionarios públicos capacitados en ciberseguridad, privacidad de datos y transformación digital con un enfoque en derechos humanos.

○ Número de iniciativas de alfabetización mediática y digital implementadas para combatir la desinformación y promover prácticas digitales responsables.

○ Número de asociaciones y coaliciones multisectoriales establecidas para promover un ecosistema digital inclusivo y respetuoso de los derechos.

○ Proporción de PYMEs que adoptan prácticas digitales seguras y respetuosas de los derechos.

○ Número de entidades públicas que implementan eficazmente protocolos de salvaguarda en la prestación de servicios en línea.

7. MAGNITUD DEL CAMBIO

Esta actividad logrará lo siguiente:

● Al menos 5 leyes/procedimientos regulatorios digitales serán fortalecidos para proteger los derechos humanos y alinearse con los estándares internacionales de democracia digital.

● 18 ministerios y oficinas gubernamentales implementan efectivamente las políticas y procedimientos digitales actuales respetando los derechos humanos y la privacidad.

● Aumento en el número de empresas que adoptan prácticas digitales que respetan los derechos humanos y la democracia digital.