USAID-PREVI Reporte de Logros Abril 2024.pdf

“Este documento es posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.”

ACRÓNIMOS

EL PROGRAMA DE USAID

TEMÁTICAS

JUSTICIA CÍVICA

ATENCIÓN DE PERSONAS JÓVENES EN RIESGO

TRABAJO POLICIAL

CAPACITACIÓN

VINCULACIÓN ENTRE ACTORES LOCALES

SIGUIENTES PASOS

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COEPI Comisión Estatal de Pueblos Indígenas

EBP Escala de Buenas Prácticas

EPPI Estrategia Policial de Proximidad e Inteligencia para la seguridad ciudadana

MNPJC Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica

MRI Mecanismo de Revisión de Incidentes

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

PDIA

Problem Driven Iterative Adaptation (Adaptación Iterativa para la Resolución de Problemas)

POP Problem Oriented Policing (Policía Orientada a la Solución de Problemas)

SARA Scanning, Analysis, Response, and Assessment (Escaneo, Análisis, Respuesta y Evaluación)

UPENN Universidad de Pensilvania

USAID

United States Agency for International Development (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)

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EL PROGRAMA DE USAID

De agosto de 2020 a abril de 2024, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) implementó el Programa de Prevención y Reducción de Violencia (PREVI) con el propósito de fortalecer las capacidades de gobiernos municipales y sus comunidades para mitigar y resolver de manera efectiva la violencia y el delito desde un enfoque preventivo congruente con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC).

El programa de USAID se implementó en 32 municipios ubicados en 12 estados de la República Mexicana:

La estrategia de USAID/PREVI se estructuró en tres ejes fundamentales:

1. Fortalecimiento de las capacidades, funciones y procesos en materia de justicia cívica.

2. Atención a personas jóvenes en situación de riesgo, con el objetivo de reducir su propensión a la reincidencia.

3. Fortalecimiento de trabajo policial, encaminado a la reducción y prevención del delito a nivel municipal y a mejorar la coordinación e intercambio de información entre policías municipales y fiscalías de entidades federativas.

Además, para alcanzar su propósito USAID/PREVI buscó implementar de manera transversal los enfoques de genero e inclusión social y el enfoque de sistemas locales1, este último buscando mantener una estrecha colaboración con actores locales del sector público, privado, academia y sociedad civil para garantizar la relevancia y sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos implementados.

A continuación, se presentan los principales logros y avances de USAID/PREVI encaminados a mitigar y resolver de manera efectiva la violencia y el delito.

1 Para mayor referencia, consultar el documento Local systems: a framework for supporting sustained development de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional disponible en Local Systems:

A Framework for Supporting Sustained Development (usaid.gov)

Para cambiar la visión de la seguridad para pasar de un enfoque punitivo a uno preventivo y generar mayor confianza en las autoridades locales, USAID/PREVI promovió la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC) y proporcionó asistencia técnica individualizada a los 32 municipios objetivo del programa.

Con el fin de guiar el diseño de planes de asistencia técnica y acompañamiento que respondieran a las necesidades de cada municipio, USAID/PREVI desarrolló la Herramienta Diagnóstico de Policía y Justicia Cívica. Esta herramienta tiene como objetivo evaluar el grado en el que los gobiernos municipales se alinean con los criterios planteados por el MNPJC, así como detectar áreas de oportunidad y acciones prioritarias para el avance en la adopción del modelo.

Para abril de 2024, gracias a la asistencia técnica y capacitaciones de USAID/PREVI, los 32 municipios objetivo lograron avanzar en la implementación del modelo y se considera que ahora 23 municipios cuentan con sistemas de justicia cívica consolidados.

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Ilustración 1. Estructura de la Herramienta Diagnóstico de Policía y Justicia Cívica

Entre los avances alcanzados, destaca que USAID/PREVI contribuyó a que 30 de los 32 municipios ahora cuenten con un Reglamento o Bando de Policía y Buen Gobierno actualizado conforme al MNPJC. Los cambios en la normatividad alcanzados han posibilitado el establecimiento de procesos claros para abordar faltas administrativas y conflictos comunitarios, incluyendo el uso de audiencias públicas orales en 24 municipios, y la aplicación de medidas alternativas para mejorar la convivencia cotidiana, dirigidas a personas con algún perfil de riesgo, en 26 municipios.

A su vez, el programa de USAID desarrolló la Herramienta de Tamizaje para la evaluación de factores de riesgo psicosocial de las personas infractoras, y capacitó a personal de 32 municipios en su uso. Esta herramienta ha permitido que las y los jueces puedan canalizar a las personas infractoras hacia medidas alternativas según su nivel de riesgo y necesidades específicas. De esta manera, contribuyendo a abordar las causas subyacentes que originan las conductas conflictivas de los infractores y reducir así la reincidencia.

Asimismo, USAID/PREVI impulsó la firma de 106 convenios entre gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de formalizar y garantizar la adecuada canalización y seguimiento de las personas infractoras hacia medidas alternativas o trabajo en favor de la comunidad. Como resultado, de enero de 2021 a marzo de 2024, 19,736 personas jóvenes en 22 municipios fueron canalizadas a una medida alternativa para mejorar la convivencia cotidiana o programa de trabajo en favor de la comunidad, favoreciendo así a reducir su probabilidad de reincidencia. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania (UPENN), la introducción de la justicia cívica está asociada con una reducción estadísticamente significativa del 50% en la reincidencia de aquellas personas que fueron canalizadas a una medida alternativa o trabajo en favor de la comunidad.

En lo referente al tema de uso de sistemas de información, el programa de USAID asistió a 29 municipios para fortalecer sus capacidades en la recopilación, análisis y utilización efectiva de datos. Dentro de las actividades realizadas en este tema, destaca el diseño y transferencia de una herramienta para facilitar la captura y análisis de datos. Como resultado de esta iniciativa, actualmente, 20 municipios han implementado exitosamente la herramienta proporcionada, lo que les permite el registrar y analizar información relevante sobre el proceso de justicia cívica y las personas infractoras. Este enfoque ha promovido la toma de decisiones basadas en evidencia, brindando a las autoridades locales una mayor capacidad para abordar eficazmente los desafíos relacionados con la implementación del MNPCJ.

En cuanto al personal de los juzgados cívicos, USAID/PREVI diseñó e impartió el Curso de Formación en el Modelo Homologado de Justicia Cívica, en el cual participaron 835 personas provenientes de 32 municipios. Estas personas están involucradas en diversas áreas del proceso de justicia cívica, tales como jueces y juezas, personal médico, equipos de evaluación psicosocial, personal de defensoría, custodia, mediación y estadística, entre otros. Esta capacitación ha sido fundamental para asegurar que los juzgados cívicos cuenten con un personal capacitado y competente, capaz de garantizar la atención adecuada a las personas infractoras y contribuir así a una administración de justicia eficaz.

JUSTICIA CÍVICA

Por otra parte, el compromiso de los gobiernos municipales se ha visto reflejado en la asignación de recursos financieros adicionales para mantener y fortalecer las iniciativas implementadas en el marco de la asistencia técnica de USAID/PREVI en justicia cívica. En particular, los municipios de Apodaca, García, San Nicolás de los Garza, Juárez (Nuevo León), Solidaridad, Benito Juárez (Quintana Roo), Chihuahua, Delicias, Hidalgo del Parral (Chihuahua), La Paz (Baja California Sur), Morelia (Michoacán), Saltillo, Torreón (Coahuila), San Luis Potosí (San Luis Potosí), y Zapopan ( Jalisco), del inicio del programa de USAID a la fecha, han destinado un total de 425 millones de pesos en la construcción de juzgados cívicos, remodelación de salas de audiencias, salas mediación y centros de detención, y/o la contratación de personal especializado para la operación de la justicia cívica como jueces y juezas cívicos, psicólogos y psicólogas para el área de tamizaje, y personal para el área de mediación.

Marcos normativos y operativos de justicia cívica con perspectiva de género e inclusión social.

Con el propósito de fomentar una justicia cívica con perspectiva de género, USAID/PREVI impulsó la incorporación del enfoque de igualdad de género e inclusión social en la justicia cívica, como herramienta para facilitar el acceso a la justicia y proveer atención especializada a las personas infractoras, a partir del reconocimiento de características específicas como la edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, o pertenencia a grupos de población específicos. La asistencia técnica del programa de USAID en este aspecto consideró tres líneas de trabajo principales:

1. Incidencia en el diseño de marcos normativos y operativos con perspectiva de género, derechos humanos y otros enfoques especializados como el de juventudes y pluralismo jurídico. En esta línea, el trabajo de USAID/PREVI fue plasmado en el diseño o actualización de los Bandos de Policía y Buen Gobierno o Reglamentos de Justicia

Cívica, así como en la creación de protocolos de atención especializados para grupos de población específicos como jóvenes, población indígena, mujeres, personas con discapacidad, migrantes y personas pertenecientes a grupos de diversidad sexual en 25 municipios.

INCIDENCIA EN EL DISEÑO DE MARCOS NORMATIVOS CON

ENFOQUES ESPECIALIZADOS

Del proceso asistencia técnica de USAID/PREVI para el diseño de marcos normativos destacó la experiencia del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua que por su composición de población mestiza, rarámuri y menonita a partir de los enfoques de pluralismo jurídico y de diseño centrado en las personas, elaboró su Ley de Justicia Cívica y un protocolo de articulación entre población rarámuri y el juzgado cívico para atención de conflictos comunitarios y faltas administrativas.

El trabajo normativo articulado entre el programa de USAID, el municipio de Cuauhtémoc, el cuerpo de gobierno rarámuri de la colonia Rayérani y otras instancias especializadas como la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (COEPI) facilitaron la construcción de una Ley de Justicia Cívica que reconoce y brinda validez jurídica al sistema normativo indígena rarámuri y de comunidades equiparables , y la adecuación de los procesos que considera la justicia cívica para asegurar un acceso igualitario a justicia para estos grupos de población. Mientras que, a nivel operativo, el protocolo recupera la visión de la población rarámuri, a través de su cuerpo de gobierno, respecto a los principales factores de riesgo a atender en el marco de la justicia cívica y mecanismos de coordinación entre ésta y la Dirección de justicia cívica para la atención de personas infractoras. La Ley de Justicia Cívica del municipio de Cuauhtémoc fue publicada en el Diario Oficial del Gobierno del estado de Chihuahua en marzo 2023 y el protocolo se encuentra en proceso de revisión por parte del gobierno local.

Esta experiencia busca servir como referente para otros gobiernos locales para la generación de marcos normativos y operativos que faciliten el reconocimiento y el acceso a justicia de grupos de población tradicionalmente excluidos y en condiciones de vulnerabilidad.

1. Fortalecimiento de capacidades en personal de justicia cívica a partir de su formación en la incorporación del enfoque de igualdad de género e inclusión social a la justicia cívica. Como resultado de este proceso, el programa de USAID capacitó 185 juezas, jueces, personal de las áreas de tamizaje y responsables del manejo de los sistemas de información con un programa de formación virtual enfocado en la impartición de justicia cívica y diseño, análisis y uso de datos con perspectiva de género e inclusión social.

2. Participación de la justicia cívica en prevención de violencia contra mujeres por razones de género. En esta línea, USAID/PREVI en alianza con los municipios de Saltillo (Coahuila) y Guadalajara ( Jalisco) facilitó el (re)diseño de la Ley de Justicia Cívica del municipio de Guadalajara y el Bando de Policía, Buen Gobierno y Justicia Cívica en Saltillo, para la incorporación de la perspectiva de género e inclusión social y la integración de las facultades de los juzgados cívicos, para la emisión de órdenes de protección. Además, ambas leyes se acompañaron de una guía para la emisión, ejecución y seguimiento a órdenes de protección dirigidas a personal de justicia cívica, construida a partir de una visión municipal e interinstitucional pertinente a los contextos de ambos municipios.

Transferencia y réplica de la justicia cívica

Con el propósito de ampliar el alcance de la justicia cívica a una mayor cantidad de municipios, USAID/PREVI diseñó e implementó una estrategia para la transferencia y réplica de este enfoque en seis entidades federativas: Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Coahuila, Colima y Quintana Roo. El objetivo de esta estrategia fue desarrollar capacidades en los equipos estatales para brindar apoyo a sus municipios en la implementación del MNPJC, generando un efecto multiplicador y asegurando la difusión de la justicia cívica en otros municipios del país. En este contexto, USAID/PREVI capacitó a 121 personas pertenecientes a los seis gobiernos estatales en el curso de Formación en el Modelo Homologado de Justicia Cívica, transfirió la Herramienta de Tamizaje, ofreció asesoramiento en la organización y evaluación de audiencias públicas, así como en la derivación y seguimiento de personas infractoras, entre otros aspectos del MNPJC. Gracias a esta estrategia, los equipos de réplica brindaron asistencia a 36 municipios, de los cuales nueve ya implementan la justicia cívica de manera efectiva. Además, esta iniciativa permitirá impulsar la sostenibilidad de la justicia cívica, al contar con personas capacitadas para monitorear el progreso de los municipios en la implementación del MNPJC y continuar extendiendo esta práctica a otros municipios interesados.

Para fortalecer la construcción de sistemas de justicia inclusivos que consideren y puedan prestar servicios que respondan a las características y necesidades de personas jóvenes y otros grupos de población vulnerables, USAID/PREVI respaldó financieramente la implementación de modelos de atención dirigidos a personas jóvenes beneficiarias de la justicia cívica y a personas jóvenes en contacto con la ley. Asimismo, el programa de USAID promovió la evaluación y réplica de modelos de intervención informados en evidencia para la prevención de la violencia.

A) Atención de personas jóvenes beneficiarias de la justicia cívica

En el marco de justicia cívica, el programa de USAID enfocó sus esfuerzos en fortalecer e impulsar la sostenibilidad de los sistemas locales de justicia cívica al proveer herramientas para la atención de las necesidades de su población beneficiaria. De acuerdo con la evidencia disponible, la efectividad de los programas preventivos mejora en la medida en que estos se enfocan en personas jóvenes con factores de alto riesgo de propensión al crimen y la violencia. En consecuencia, a través de su programa de donaciones, USAID/PREVI otorgó financiamiento a 12 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con modelos de atención basados en componentes terapéuticos enfocados en personas jóvenes entre los 10 y 29 años, que son canalizadas por los juzgados cívicos para el cumplimiento de medidas alternativas para mejorar la convivencia cotidiana. A marzo de 2024 se beneficiaron 1,282 personas al atender algunos de sus factores de riesgo y al menos seis de las OSC beneficiadas continúan actualmente su trabajo con los juzgados cívicos.

B) Atención de personas jóvenes en contacto con la ley

Para proporcionar a los actores del sistema de justicia penal herramientas para favorecer la reinserción de personas jóvenes en contacto con la ley, USAID/PREVI apoyó por medio de su programa de donaciones, cinco modelos de OSC en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Baja California Sur y Michoacán. Estos modelos se centraron en componentes terapéuticos enfocados a la disminución de los patrones culturales de violencia, mediante el cambio de actitudes y la adquisición de habilidades de convivencia en la igualdad y el respeto. Además, los modelos apoyados abordaron la atención de otros aspectos como la prevención de adicciones, reinserción escolar y laboral, integración con la familia y justicia restaurativa. En conjunto, estos modelos brindaron atención a un total de 315 personas jóvenes.

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En relación con la eficiencia de los modelos de reinserción implementados, cuatro de ellos implementaron un mecanismo para la medir la reincidencia a seis meses de las personas beneficiarias que completaron el modelo de intervención. Este mecanismo consta de dos componentes principales: en primer lugar, la coordinación con las autoridades de los sistemas de justicia penal para recibir información sobre el reingreso de la persona al sistema de justicia penal; y, en segundo lugar, el acompañamiento y seguimiento desde la organización implementadora. De acuerdo con la información obtenida mediante este mecanismo, entre abril de 2023 y enero de 2024, la tasa de reincidencia agregada se mantuvo entre el 2.1% y el 4.8%, lo que significa que se logró mantener esta tasa por debajo de la media nacional. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, la tasa de población reincidente en los centros penitenciarios de México es del 20.5%.

Por otra parte, el programa de USAID en colaboración con la organización Justicia Juvenil Internacional, sistematizó e implementó el “Modelo de atención de servicios post penales” en el estado de Chihuahua. El objetivo de este modelo fue apoyar a las y los adolescentes y sus en su proceso de reinserción social al concluir con una medida de privación de la libertad.

En total, 111 adolescentes y 25 familiares se beneficiaron de este modelo a través planes individualizados de apoyo que incluyeron su canalización a servicios educativos, servicio médico, inserción laboral, apoyos para alimentación, atención psicológica, entre otros.

Además, para crear capacidades en actores locales, fortalecer sus acciones de reinserción e impulsar la sostenibilidad de las acciones de USAID/PREVI, Justicia Juvenil Internacional, transfirió y capacitó a personal de la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, la cual asumió la implementación del modelo a partir de enero de 2024.

C) Evaluación y réplica de modelos informados en evidencia

Con el fin de proveer de herramientas eficaces a las y los operadores de los sistemas de justicia que abonen a la prevención de la violencia y el delito, USAID/PREVI promovió la réplica de prácticas informadas en evidencia para la atención de personas jóvenes en riesgo en otros municipios o por otros actores. Consecuentemente, para identificar modelos informados en evidencia susceptibles de ser replicados, el programa de USAID evaluó por medio de la Escala de Buenas Prácticas (EBP)2 y brindó fortalecimiento a 13 modelos de intervención pertenecientes a 12 OSC donatarias de USAID/PREVI para mejorar su solidez técnica e integrar el enfoque de género e inclusión social. Como resultado del proceso de fortalecimiento, los 13 modelos lograron aumentar su solidez técnica o avanzar en la transversalización del enfoque de género e inclusión social.

Además, USAID/PREVI aplicó la EBP a otras intervenciones con condiciones para ser replicados en otros contextos e identificó cuatro iniciativas adicionales susceptibles de réplica pertenecientes a La Cana, Cedat, Reinserta y Red de Cohesión.

Dentro de los esfuerzos por promover la réplica de modelos informados en evidencia, USAID/PREVI realizó un taller corto sobre análisis de costos de implementación y la

2 USAID/PREVI realizó un rediseño de la herramienta Escala de Buenas Prácticas (EBP), un instrumento diseñado por el programa precedente de USAID, que se enfoca en facilitar la identificación de modelos de intervención o programas públicos efectivos que, por solidez técnica y resultados positivos, puedan ser escalados o replicados. Como resultado, la EBP indica si la intervención se encuentra en alguna de las siguientes categorías técnicas: Informada por Evidencia, Práctica Informada por Evidencia, Práctica Promisoria o Mejor Práctica. La EBP también identifica el grado de transversalidad en enfoque de igualdad de género e inclusión social que tiene la intervención: No sensible al género o con impactos negativos, Sensible al género, Adaptativa y Transformativa.

ATENCIÓN DE PERSONAS JÓVENES EN RIESGO

Ilustración 2. Resultados del fortalecimiento a modelos de intervención con la EBP elaboración de materiales efectivos de difusión, así como un evento para la promoción de los modelos fortalecidos. En este taller participaron seis OSC con modelos evaluados con la EBP;

de los cuales, cuatro fueron replicados en otros municipios:

• Modelo Recursos, Opciones y Libertad de Elección (ROLE) desarrollado por ProSociedad fue replicado en Villa de Álvarez, Colima.

• Tratamiento Integral para personas Consumidoras de Alcohol y/o Marihuana (TICAM) desarrollado por el Centro de Integración Juvenil en Morelia fue replicado en Apodaca, Nuevo León, y Villa de Álvarez, Colima.

• Programa de atención a infractores desarrollado por la Red de Cohesión fue replicado en Delicias, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral en Chihuahua.

• Yo soy Rediseño Social desarrollado por La Tenda Di Cristo fue replicado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

La réplica de estos modelos con evidencia teórica y metodológica sólida permite crear más y mejores opciones de atención a personas jóvenes en la justicia cívica como penal, acelerar el proceso de aprendizaje de las organizaciones, y facilitar la adaptación de modelos a las características específicas de la nueva geografía de implementación.

Aunado a esto, el programa de USAID desarrolló un protocolo de atención a personas infractoras de la justicia cívica basado en terapia cognitivo conductual dirigido a personal de dependencias de gobierno pertenecientes a municipios en los que la participación de la sociedad civil es limitada. En total, USAID/PREVI capacitó 18 psicólogos de 11 dependencias municipales, permitiendo fortalecer la capacidad de atención de los gobiernos municipales.

Para marzo de 2024, a través de este protocolo, seis dependencias municipales atienden a personas infractoras en los municipios de Delicias y Cuauhtémoc (Chihuahua), Apodaca (Nuevo León), y San Luis potosí (San Luis Potosí).

La estrategia de Policía de USAID/PREVI tuvo tres componentes: 1) el curso Formación Policial para el Modelo Nacional de Policía y JusGcia Cívica, 2) la implementación del Enfoque de Policía Orientada a Solución de Problemas (POP) y 3) la Estrategia de Policía de Proximidad e Inteligencia para la Seguridad Ciudadana (EPPI).

I) Formación Policial para el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Una parte fundamental del MNPJC es la policía. Por ello, con el fin de complementar los esquemas actuales y subsanar la necesidad de capacitación que Genen las y los policías prevenGvos en México, sobre todo en el ámbito municipal, el programa de USAID desarrolló un curso en línea compuesto por cuatro módulos: a) Fundamentos de la policía de proximidad; b) Policía orientada a la solución de problemas;

c) Policía y JusGcia Cívica; d) Policía, Ministerio Público y JusGcia Penal.

Hasta marzo de 2024, fueron capacitados 1,368 policías de 24 municipios en los que operó USAID/PREVI3. El curso obtuvo, en promedio, una eficiencia terminal del 92.8% y registró un incremento de conocimiento de 41.1%, lo que se traduce en policías con una preparación integral y a su vez en una mejor calidad de atención a la ciudadanía.

Adicionalmente, los materiales de capacitación fueron transferidos a tres insGtuciones: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, la Universidad de Ciencias de la Seguridad de Nuevo León y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Esta transferencia busca garanGzar la conGnuidad y la expansión de la formación policial en el MNPJC, permiGendo que la capacitación tenga un impacto duradero y alcance a un mayor número de policías en diferentes regiones.

II) Enfoque de Policía Orientada a la Solución de Problemas (POP)

El enfoque POP, es una metodología integral que aborda problemas de seguridad mediante el análisis detallado y la colaboración acGva de la policía con la comunidad y otros actores relevantes. Esta metodología no solo facilita el diseño, implementación y evaluación de estrategias

3 Ensenada, Mexicali (Baja California), La Paz (Baja California Sur), Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral (Chihuahua), SalDllo (Coahuila), Colima (Colima), Guadalajara, Puerto Vallarta, Tonalá, Zapopan (Jalisco), Morelia (Michoacán), Apodaca, García, Juárez, San Nicolás, Santa Catarina (Nuevo León), Querétaro (Querétaro), San Luis Potosí (San Luis Potosí), Benito Juárez y Solidaridad (Quintana Roo).

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L policiales, sino que también fomenta una mejor integración entre las áreas operaGvas y de análisis. Gracias a ello, la policía puede mejorar la trazabilidad de los resultados obtenidos, lo que facilita la adaptación de sus estrategias, y, en consecuencia, permite realizar una focalización más eficaz de los esfuerzos y recursos policiales.

El enfoque POP fue implementado por USAID/PREVI en siete municipios seleccionados a través de los resultados de la primera medición de la Herramienta DiagnósGco de Policía y JusGcia Cívica, considerando su progreso en los componentes de sectorización, atención y solución de problemas, medición, y seguimiento. Sumado a esto, se valoró el interés del municipio en implementar la estrategia.

Los siete municipios en los que el programa de USAID realizó la implementación del enfoque POP fueron: Morelia (Michoacán), SalGllo (Coahuila), San Nicolás de los Garza (Nuevo León), Guadalajara, Zapopan (Jalisco), San Luis Potosí (San Luis Potosí), y Benito Juárez (Quintana Roo).

Ilustración 3. Mapa de implementación del enfoque POP

ADAPTACIÓN ITERATIVA PARA LA RESOLUCIÓN DE

PROBLEMAS APLICADA EN EL ENFOQUE POP

El enfoque Adaptación Iterativa para la Resolución de Problemas (PDIA, por sus siglas en inglés) se basa en un proceso dinámico de ciclos cortos y continuos de prueba y adaptación que permite crear capacidades para la resolución de problemas, a partir del que USAID/PREVI identificó algunos elementos que serían de utilidad para fortalecer el trabajo de POP.

Por su parte, el enfoque POP promueve, a través del uso de la metodología Escaneo, Análisis, Respuesta y Evaluación (SARA, por sus siglas en inglés), la resolución creativa de problemas y la identificación de sus causas para construir respuestas preventivas y estrategias cada vez más eficaces y eficientes, como el proceso dinámico de PDIA.

APRENDIENDO DE LAS ITERACIONES: PARAR, REFLEXIONAR, ADAPTAR Y SEGUIR

Una vez que el equipo POP seleccionó el área geográfica de implementación, los delitos prioritarios e identificó posibles respuestas, se trabajó en ciclos cortos y dinámicos de tres a cuatro semanas de duración.

Entre cada ciclo, se definieron las acciones y se designaron los responsables de cada actividad e implementación. Al final de cada ciclo, se realizaron sesiones cierre con el equipo POP para revisar que funcionó o no funcionó, y por qué no funcionó. Así, en cada sesión de trabajo, USAID/PREVI buscó impulsar la experimentación de múltiples soluciones al facilitar las desviaciones positivas y el uso de ejemplos de mejores prácticas externas, que son elementos de diseño que propone el PDIA.

Elemento de PDIA Actividades en asistencia técnica en POP

Desviación Positiva

Estímulo a la innovación, o ideas que ya han sido puestas en práctica, que arrojan resultados positivos, pero que no son parte de la norma.

a) Líneas de acción definidas en cada contexto por las y los actores que se enfrentan al delito seleccionado;

b) Generación de estrategias de competencia sana para la difusión las prácticas.

Mejores prácticas externas

Encontrar y adaptar las buenas prácticas.

a) Uso de recursos disponibles como el: POP Center, y estudios de casos de otros municipios de México.

CONSTRUYENDO EL ESPACIO DE CAMBIO: AUTORIDAD, ACEPTACIÓN Y HABILIDAD

USAID/PREVI utilizó PDIA como una herramienta de gestión de cambio con la intención de favorecer la institucionalización del enfoque POP, específicamente a partir de los elementos de aceptación, autoridad y habilidad. Como resultado, estos tres elementos se tradujeron en actividades específicas en el marco de la asistencia técnica que facilitaron la solución de problemas en la implementación y lograron posicionar el enfoque POP como una herramienta efectiva para reducir la incidencia delictiva.

PDIA Actividades en asistencia técnica en POP

Aceptación Hasta qué punto aquellos que son afectados por el cambio aceptarán su necesidad y sus implicaciones.

a) Enfoque en problemas prioritarios;

b) Esquemas de competencia sana entre sectores;

c) Incentivos personales (reconocimiento del trabajo).

Autoridad Se refiere al apoyo necesario para que se produzca el cambio o para la construcción de capacidades.

a) Comunicación constante;

b) Presentación de resultados visibles;

c) Incentivos personales (reconocimiento político).

Habilidad Se enfoca en el lado práctico del cambio y en las necesidades de tiempo, dinero y habilidades.

a) Fortalecimiento de capacidades;

b) Valoración del “aprender haciendo” (aceptar soluciones imperfectas);

c) Facilitación de espacios de creación colectiva (diálogo).

La implementación del enfoque POP en estos siete municipios tuvo resultados en cuatro áreas principales:

• Reducción de la incidencia delictiva: por medio del enfoque POP, el programa de

USAID asistió a los siete municipios seleccionados en la implementación de estrategias para la reducción de seis delitos patrimoniales: robo de vehículos, robo a comercio, robo a casa de habitación, robo a tienda de conveniencia, robo a transeúnte, robo de motocicleta, en sus modalidades con y sin violencia. En la mayoría de los municipios, durante el período de implementación de la estrategia, hubo una reducción significativa en la incidencia delictiva.

• A marzo de 2024, cuatro de los siete municipios que recibieron asistencia técnica en el enfoque POP lograron reducir la incidencia de todos los delitos seleccionados. Estas reducciones oscilaron entre el 6% y 69% en comparación con a los niveles de incidencia que existían antes del inicio de la implementación del enfoque POP.

• Por otro lado, es importante señalar que, en los municipios donde se observaron aumentos en la incidencia, estos se limitaron a uno de los puntos de intervención, y se acompañaron de reducciones en otros delitos o áreas. Además, en colaboración con las policías municipales, USAID/PREVI continúa trabajando en el diseño e implementación de estrategias para reducir la incidencia delictiva.

Ilustración 4. Cambios en la incidencia delictiva derivados de la implementación del enfoque POP

TRABAJO POLICIAL

• Mejor gestión de la información y coordinación con otras áreas: en los municipios de

Benito Juárez (Quintana Roo), Morelia (Michoacán), Saltillo (Coahuila), Guadalajara, y Zapopan ( Jalisco) el enfoque POP promovió una mejor gestión de la información, así como una mejor coordinación con otras áreas de la policía (por ejemplo, unidades de análisis y/o unidades especializadas).

• Uso del Enfoque POP en otras estrategias de las policías para la reducción del delito:

en los municipios de Benito Juárez (Quintana Roo), San Nicolás de los Garza (Nuevo León), San Luis Potosí (San Luis Potosí), y Zapopan ( Jalisco) han adoptado de maneral transversal el enfoque POP en su corporación y lo han comenzado a implementar para mejorar otras estrategias policiales, mientras que el municipio de Guadalajara ( Jalisco) solicitó apoyo al programa de USAID para vincular su estrategia de Policía Comunitaria al enfoque POP.

• Inclusión del enfoque POP en la malla curricular de las academias de policía: por el alto interés de los municipios de Benito Juárez (Quintana Roo), San Luis Potosí (San Luis Potosí), Guadalajara, y Zapopan ( Jalisco), el programa de USAID capacitó instructores de sus academias de policía y transfirió material educativo para incluir el enfoque POP en la malla curricular de formación inicial y actualización. La incorporación del enfoque POP en la malla curricular de las academias de policía demuestra un claro compromiso por parte de los actores locales para dar continuidad a esta estrategia, y garantiza que los principios y prácticas asociadas con este enfoque sean adoptados de manera institucional.

• Estrategia de Policía de Proximidad e Inteligencia para la Seguridad Ciudadana.

La Estrategia Policial de Proximidad e Inteligencia para la Seguridad Ciudadana (EPPI), desarrollada por USAID/PREVI, busca incrementar la percepción de eficacia del trabajo policial y el nivel de confianza entre ciudadanía y policías mediante el diseño de colaboraciones estructuradas entre la policía y la ciudadanía; generando canales de comunicación para recolectar información integrada a la operación policial; y fortaleciendo procesos organizacionales internos e interinstitucionales para crear operaciones policiales que mejoren la relación con la ciudadanía.

En México, uno de los principales desafíos del sistema de justicia es la coordinación entre los organismos de prevención y los de procuración e impartición de justicia. La falta de coordinación entre estas instituciones genera silos en su operación por la ausencia de procesos claros de intercambio y colaboración. Por esta razón, una coordinación más estrecha entre las policías y las fiscalías es fundamental para asegurar que los problemas de seguridad se atiendan de manera priorizada, focalizando los recursos de cada institución en los casos de mayor impacto y abonar a mejorar la percepción de efectividad por parte de la ciudadanía.

En este sentido, la metodología de EPPI integró elementos de justicia procedimental y diseño organizacional, entre los que destaca el Mecanismo de Revisión de Incidentes (MRI). Este mecanismo buscó incentivar el intercambio información regular sobre una categoría específica de delitos entre policías y fiscalías con el fin de definir tareas de seguimiento e investigación conjuntas informadas en evidencia que permitan mejorar la confianza en las instituciones del sistema de justicia.

La asistencia técnica provista por el programa de USAID en EPPI se realizó en tres grandes etapas: diagnóstico pre-intervención, implementación y evaluación post-intervención. La primera etapa contempló el diagnóstico de 25 policías municipales y seis fiscalías estatales para conocer las capacidades institucionales y detectar áreas de oportunidad que pudieran ser atendidas con la asistencia técnica del programa de USAID. La información recolectada se complementó con datos de la Herramienta Diagnostico de Policía y Justicia Cívica para generar un índice que permitiera identificar a los municipios y fiscalías con mayores probabilidades de aprovechar la asistencia técnica.

La segunda etapa fue la implementación, la cual inició con la selección de cinco municipios y cinco fiscalías que serían invitadas a recibir la EPPI. Los municipios que aceptaron la participar en la implementación de EPPI con su respectiva fiscalía fueron: Morelia (Michoacán), Chihuahua (Chihuahua), San Nicolás de los Garza (Nuevo León), Saltillo (Coahuila) y Benito Juárez (Quintana Roo). A su vez, conforme fue avanzando la implementación de EPPI y, en diálogo con los actores participantes, USAID/PREVI dio asistencia técnica a 11 municipios adicionales para la adopción del MRI.

Ilustración 5. Mapa de implementación de la Estrategia de Policía de Proximidad e Inteligencia para la Seguridad Ciudadana

Para finales de marzo del 2024, los cinco municipios EPPI y los 11 municipios réplica formalizaron la implementación del MRI. Este mecanismo ha mejorado la colaboración y coordinación entre los actores involucrados, facilitando intercambios regulares de información para la atención delitos prioritarios. Además, gracias a los resultados del mecanismo, dos de los cinco municipios con MRI decidieron ampliar su implementación al invitar a otros actores del sistema de justicia a participar en las sesiones subsecuentes.

Por su parte, resultado del EPPI en los cinco municipios seleccionados, la policía ha implementado mecanismos de recolección de información que reconocen la importancia de integrar las necesidades de las y los ciudadanos para diseñar estrategias de prevención y guiar la toma decisiones. Además, se ha incorporado la rendición de cuentas como parte crucial de los flujos de información generados para promover y aumentar la confianza de la ciudadanía.

En la tercera etapa, USAID/PREVI evaluó los procesos implementados en los cinco municipios EPPI con el fin de identificar cambios en los flujos de información, y extraer lecciones aprendidas. Como resultado, el programa de USAID generó documentos técnicos como policy briefs, artículos académicos, y manuales de implementación, que podrán servir como base para que los municipios continúen y amplíen las actividades de EPPI.

Por último, según un estudio realizado por USAID, la adopción del enfoque POP y EPPI han tenido un impacto directo en la mejora de la percepción de la seguridad ciudadana y en la disminución del crimen. Además, según lo manifestado por los actores locales que participaron en el estudio, se ha observado un aumento en la confianza de la ciudadanía hacia la labor policial.

Además de brindar fortalecimiento y asistencia técnica, USAID/PREVI realizó en total 45 sesiones de capacitación en temas de justicia cívica, violencia de género, terapia cognitivo conductual, derechos de adolescentes, y formación policial como justicia procedimental, hot spot policing, enfoque POP, entre otros. Las capacitaciones tuvieron una duración de entre 12 y 76 horas, y llegaron a 2,842 personas (1,120 mujeres y 1,722 hombres).

Estas capacitaciones han desempeñado un papel fundamental al equipar a los actores locales, principalmente funcionarios públicos, con las habilidades y conocimientos necesarios para enfrentar de manera efectiva los desafíos relacionados con la justicia y la seguridad ciudadana en sus comunidades, fomentado la adopción de buenas prácticas.

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Ilustración 6. Personas capacitadas por sector

VINCULACIÓN ENTRE ACTORES LOCALES

En cuanto a los esfuerzos de vinculación, el programa de USAID se sirvió del enfoque de sistemas locales para promover la colaboración activa entre diversos actores pertenecientes a la sociedad civil, academia e iniciativa privada, con el objetivo de focalizar recursos en acciones que abonen a la prevención y reducción de la violencia. Hasta marzo de 2024, USAID/PREVI logró movilizar $45,721,191.57 para la implementación de iniciativas para la prevención y reducción de la violencia como el financiamiento de modelos de atención a personas infractoras de la justicia cívica, equipamiento de juzgados cívicos, capacitación, entre otras.

Ilustración 7. Inversión local por entidad

El programa de USAID participó activamente en la generación y gestión de alianzas multisectoriales para impulsar la implementación del MNPJC y favorecer su continuidad.

Evidencia de ello fue la creación de una alianza entre la Fundación Coppel, Cómo Vamos La Paz y el gobierno municipal de La Paz (Baja California Sur). Esta alianza se formó con el propósito de realizar inversiones en equipo para el juzgado cívico y monitorear los avances en el MNPJC. Asimismo, se estableció una alianza entre la Mesa de Seguridad y Justicia Cívica de los municipios de Colima y Villa de Álvarez (Colima), junto con ProSociedad, para la implementación del modelo ROLE. También se destaca la iniciativa del programa "Vallarta Seguro por $10 pesos", el cual restaurantes del municipio buscan obtener donaciones voluntarias para financiar modelos de tratamiento y estrategias de prevención de la violencia en Puerto Vallarta ( Jalisco).

CAPACITACIÓN

Al cierre del programa de USAID, quedan muchas áreas de oportunidad para con:nuar fortaleciendo los sistemas locales de jus:cia y abordar los desa?os persistentes de la violencia y el delito. Aunque no existe camino corto para resolver estos problemas, la experiencia adquirida muestra que el fortalecimiento de las ins:tuciones y la coordinación y colaboración ac:va entre instancias gubernamentales, sociedad civil e inicia:va privada son pilares fundamentales para lograr soluciones efec:vas.

Frente a este contexto y los progresos alcanzados, resulta innegable la importancia de seguir recopilando información sobre las prác:cas exitosas y las que no lo son, con el fin de respaldar e impulsar la toma de decisiones basada en evidencia y promover la con:nuidad de intervenciones eficaces. La difusión de resultados y lecciones aprendidas son herramientas clave para fomentar un enfoque más humano y eficiente en la administración de jus:cia, y en el marco de las polí:cas de prevención de la violencia y la seguridad.

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